Para hacer buenos negocios se debe vender el sofá de don Otto

Años atrás don Otto descubrió que su amigo Fritz tenía relaciones carnales con su esposa en su propia casa cuando el primero se encontraba en su oficina. El buen hombre detectó que la infamia se producía en el cómodo sofá situado en la sala de estar de su hogar y para evitar la repetición del engaño decidió vender el sofá, medida inteligente que comentaba como un acierto a sus amigos, quienes disimuladamente se reían por la inmensa candidez de Otto.

Pues bien, el viernes 10 de agosto pasado se llevó a cabo en el salón de honor del ex Congreso Nacional en Santiago la 2ª Asamblea Anual de los Directores de Obras Municipales de Chile, en cuyo programa consideraba como expositores estrellas, entre otros, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y al Ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ninguno de los cuales tuvo el tiempo necesario para estar presente en dicho seminario. La CCHC envió a un representante inmobiliario y el Minvu hizo lo propio, a través del jefe de gabinete del ministro, quienes desde la testera expresaron sus opiniones a los cientos de asistentes, la mayoría arquitectos oriundos de comunas muy lejanas de Santiago.

Este columnista fue invitado por la directiva de esa asociación gremial de funcionarios municipales para que expusiera dando a conocer las demandas y reproches de la ciudadanía en materia de Urbanismo, teniéndose en cuenta la existencia de varios conflictos por permisos de edificación viciados y por ello, denunciados en la Contraloría General de la República y en los tribunales de justicia. También expusieron unos cuantos Directores de Obras de municipalidades de pequeñas localidades quienes relataron, con diferentes énfasis, pero de manera ejemplar sus inconvenientes, por falta de recursos materiales y humanos, para ejercer sus tareas. Después de haberlos escuchado nos fastidió como opera el centralismo en este país.

Nuestra charla se enmarcó en lo que estamos diciendo recurrentemente en este ámbito de materias, en cuanto a que la casta política “no está ni ahí” con este tipo de asuntos y que nos molesta sobremanera la competencia desleal en el mercado, el abuso de los poderes económicos, la vulneración de los marcos regulatorios, la abulia de los servicios públicos sectoriales, las permanentes y muchas veces contradictorias emisiones de circulares de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu que lo único que hacen es confundir a los profesionales que se desempeñan en la Direcciones de Obras Municipales, los ardides que se utilizan para violar la ley de afectación de utilidad pública y otras tantas cuestiones relacionadas.

También se les recordó el feo episodio del edificio de 22 pisos que construyó el brazo inmobiliario del Banco Santander en el sector que los farsantes llaman Sanhattan en la comuna de las Condes, con un permiso declarado ilegal por la Contraloría, estructura de oficinas que fue comprada por el grupo Angelini en una altísima suma de dinero. Si ese proyecto hubiera cumplido la ley, su altura habría sido de escasos 6 pisos, con lo cual se deduce que dicho banco obtuvo una descomunal ganancia ilegítima.

Pero también resaltamos comportamientos correctos en algunas municipalidades, como es el caso de Vitacura, en donde su Directora de Obras rechazó los permanentes apremios de los lobistas de Cencosud para que no declarada la caducidad de un permiso del año 2000, cuando en esa municipalidad no existía un Plan Regulador Comunal. La trampa era aprovechar las muy permisivas normas de edificación de Las Condes contenidas en ese permiso que, conforme a la ley ya había caducado el año 2003.

En razón a que el sector privado de la construcción intenta por todos los medios, y para ello utiliza a cierta prensa, la misma que sibilinamente maneja la posverdad como herramienta de convencimiento, que los permisos de edificación, ya sea legales como ilegales, tengan la aureola de los derechos adquiridos porque sus titulares, como blancas y santas palomas, supuestamente siempre actúan de buena fe, tuvimos que precisar. A este este respecto, se les tuvo que aclarar que ese deseo no es posible pues esos mismos actos están regulados por la ley Nº 19.880, que es muy clara.

Ellos, desde siempre acostumbrados a mandar, sostienen que tales permisos, que son actos administrativos, para asegurar las inversiones, deberían tener una absoluta certeza jurídica. Se les contestó que lo anterior es un error garrafal que pugna con diferentes estatutos legales, sin ir más lejos con la propia ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría, y que los conflictos en los países civilizados se resuelven en los tribunales de justicia.

Pero como en este mundo, por muy burlescas que sean las propuestas, todo es posible, una distinguida y buena moza abogada inmobiliaria, muy enfadada con el rol a favor de la probidad que cumple la Contraloría, pues según ella cuando los reclamos llegan a la anterior, no habría un debido proceso, en su discurso expresó sin rodeos que, con un grupo de abogados, están preparando un proyecto de ley para modificar el artículo 53º de la Ley Nº 19.880, de tal forma que los permisos de edificación no sean considerados (sic) como actos administrativos susceptibles de ser invalidados por la autoridad competente cuando las comunidades detectan que son contrarios a derecho.

Como en pedir no hay engaño, posiblemente esos abogados se relacionarán con algunos diputados candorosos, quienes como medios de transporte, presentarán esa moción parlamentaria que, como se comprenderá, es hasta caricaturesca. Hemos asociado este intento para cambiar la ley con el sofá de don Otto, pues si el sector inmobiliario desea tener certeza jurídica en los permisos, lo único que tienen que hacer las empresas constructoras es solicitar siempre en las Direcciones de Obras Municipales permisos apegados a la ley, recordándoles desde esta tribuna que en el mercado hay infinidad de profesionales íntegros que nunca se equivocan en la aplicación del marco regulatorio.