El Estado desprecia a los adultos mayores

Una de las temáticas que más ha estado de moda en los últimos meses es el de la integración social en nuestras ciudades. Este necesario debate, sin embargo, ha estado concentrado en las visiones socioeconómicas de la segregación y simplificado el discurso en iniciativas como las del Alcalde Lavín y aquellas mal rotuladas “viviendas sociales” aunque no lo sean, tal como lo hemos acreditado en medios digitales. Pero igual hemos apoyado el edificio de 15 pisos con 85 viviendas económicas que se acogerán a los beneficios tributarios del DFL2 de 1959, localizado enfrente de la Rotonda Atenas. El futuro proyecto contempla departamentos de 65 m2 cada uno que se les asignarán a algunos allegados de esa comuna con importantes subsidios del Estado.

El entregar demasiado énfasis a esta perspectiva de segregación social urbana en términos socio-económicos, pese a su enorme relevancia, puede traer consigo que se dejen de lado otras problemáticas que no son menos importantes para aquellos que las experimentan y sufren diariamente.

¿A que nos referimos ? Específicamente, a lo que conocemos como integración de adultos mayores en el contexto urbano. Que nuestros adultos mayores y los problemas que enfrentan continuamente en el diario vivir debiera ser parte importante del debate actual, sin embargo este acuciante problema no se considera como prioridad urgente en la definición de las políticas públicas.

Los distintos gobiernos se han enfocado en la temática del adulto mayor como problema relevante si se tienen en cuenta anuncios como un Consejo Ciudadano, o iniciativas de subsidios al arriendo; o incluso con lo que es la discriminación negativa en el contexto bancario. Nosotros vamos más allá. Y por ello formulamos una pregunta muy sencilla: ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo con nuestras ciudades y con nuestros adultos mayores? ¿Acaso las urbes están preparadas para el brutal escenario de envejecimiento acelerado al que se enfrenta Chile?

Como los que toman las decisiones se guían exclusivamente por las cifras, éstas revelan claramente la magnitud del problema al que nos iremos enfrentando cada vez más a medida que avanzan los años. Según los números entregados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, las personas mayores de 60 años representan ya el 16,7% de la población, y la proyección a futuro es de un 37,9% de la población bajo este rango etario para el mismo segmento al año 2100. Solo para el año 2050 uno de cada tres chilenos tendrá más de 60 años. Está claro que a mayor cantidad de población de tercera edad va a ser clave que las zonas urbanas y de extensión urbana de las ciudades tendrán que adaptarse a esos escenarios.

Para ponerlo en forma de ejemplo: en el día de hoy, ¿cuántos adultos mayores tienen la suerte de vivir cerca de servicios básicos, tales como paraderos de transporte público, hospitales, consultorios, bancos, farmacias, incluso negocios de barrio? Evidentemente no tantos como nos gustaría que fuera, y por supuesto no tantos como debiera ser, ello porque los políticos, quienes también en unos pocos años más serán viejitos, no han abordado este vital asunto.

El resultado de esto, por redundante que suene, es que una creciente multitud de adultos mayores se ve afectado directamente por la segregación dentro de la ciudad al ser excluidos (por diferentes factores) dentro de la misma, lo que hasta ahora no se ha hecho visible porque esa vulnerable población no sale a reclamar a la calle. Entonces queda de manifiesto que nuestro país tiene un enorme desafío ahora y sobre todo a futuro, ya que el Estado, las ciudades y la sociedad toda van a tener que prepararse, adaptarse y hacer esfuerzos crecientes con fin de acoger a una población en alza con necesidades particulares y específicas, e impedir que se los vea segregados o invisibilizados de la integración frente a otros casos. Sostenemos que hay que impedir que las calidades de vida de aquellos se sigan deteriorando al enfrentar la vida urbana en condiciones indignas.

Desde esta tribuna invitamos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con los distintos gobiernos regionales en orden a que se pongan de acuerdo para avanzar en los cambios necesarios para lograr ciudades inclusivas para los adultos mayores, en donde la futura planificación urbana los incorpore para que sean sujetos no dependientes. De hecho, así lo estableció la Nueva Agenda Urbana del 2016 a la que Chile ya suscribió, incorporando expresamente las consideraciones de edad como elemento gravitante a la hora de generar un desarrollo urbano y territorial sostenible e integrado.

Hasta aquí lo dicho suena bien porque es de sentido común. Pero veamos que sucede en Chile hoy: los centros diurnos de adultos mayores, y los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), ambas iniciativas de la sociedad civil organizada, en el caso de los ELEAM, alcanzan los 742 establecimientos con una capacidad estimada de 5.707 camas. Y eso comparado a la oferta estatal, estimada en un reportaje de El Mercurio como de 658 camas, ¡casi nueve veces menos! Se preguntará ahora el lector: ¿Y qué sucede con dichos establecimientos? En vez de verse favorecidos por marcos regulatorios locales en donde prime la razón, se ha constatado que en algunas comunas sus planes reguladores, excediendo las facultades que la ley les otorga, establecen requisitos que impiden la localización de hogares de acogida, debido a que fijan condiciones y regulan los usos de suelo en función de las vías, tipo de edificación, número de estacionamientos proyectados, etc.

La Contraloría ya ha expresado en varios dictámenes que lo anterior excede las facultades de los municipios y ello porque las normas urbanísticas deben establecerse en relación a la zona o subzona de que se trate. El problema que existe en Chile es que hay municipios que desacatan las resoluciones del ente fiscalizador y por ello le hacemos un llamado al contralor Jorge Bermúdez para ejerza en plenitud las amplias atribuciones que le otorga su propia Ley Orgánica Constitucional.

Hemos llegado a pensar que tales prohibiciones arbitrarias se han establecido en ciertas municipalidades porque sus autoridades rechazan los emplazamientos en sus territorios de los hogares de adultos mayores y los mismos ELEAM. No podemos admitir esa discriminación tan brutal y por ello el ministro Monckeberg deberá tomar cartas en el asunto pues lo civilizado es que esto se regule a la brevedad y con seriedad a nivel país.

Cuando nuestra fundación Defendamos la Ciudad, hace un par de meses, fue invitada por la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre las “equivocaciones” que recurrentemente se producen en las Direcciones de Obras Municipales al autorizarse en los permisos de edificación las proyecciones de sombras que ocasionan los edificios aislados en altura, tuvimos la oportunidad que conversar con el diputado Pablo Kast y otros sobre la moción parlamentaria en trámite presentada por ellos para que sea la Ley General de Urbanismo y Construcción la que elimine de plano todas aquellas restricciones e impedimentos normativos para la instalación de los establecimientos de larga estancia y centros diurnos de adultos mayores.

Entre otras cosas, pensando en la buena vejez de tantos compatriotas, la próxima legislación deberá abordar con claridad todas las materias asociadas a los usos de suelo, requisitos de estacionamientos, normativas de accesibilidad y de ascensores, densidades, etc. para que esos hogares orientados a la tercera edad estén bien ubicados. Tenemos la esperanza que los parlamentarios actuarán en consecuencia para ir solucionando la lacra de la segregación urbana intergeneracional.

La iniciativa en comento es indispensable para lograr la integración a partir de lo que funcione y contribuir verdaderamente a lo que tiene que ser una visión urbana de largo plazo, pues nuestros abuelitos claman en silencio una solución pronta a sus senectudes. Así las cosas, en la medida de que haya interés en la clase política, estamos ciertos que con la mano conductora de Monckeberg el problema será solucionado, porque sería inverosímil que todo siga igual, luego, con segregación, marginalidad, abandono e indiferencia derivado de la inoperancia de aquellos que deciden las políticas públicas.