Chile: Un Estado Fallido
Un Estado es Fallido cuando es incapaz de proteger a sus niños y asegurar que no correrán riesgos de intoxicación al asistir a clases.
Hernán Ramírez es Investigador asociado de Fundación Terram.
Según la literatura especializada, un Estado fallido es aquel que ha sido incapaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas. Para Jean Marie Grose, existen distintas clasificaciones para las fallas de una institución soberana como la mencionada, siendo nuestra realidad la de contar con una institucionalidad y autoridad ausentes e ineficaces frente a los poderes del mercado, los que, en la práctica, han administrado los territorios transgrediendo derechos humanos básicos, como el de un ambiente libre de contaminación.
Probablemente, es difícil para la mayoría de nuestros compatriotas aceptar que Chile es un “Estado Fallido” cuando las faltas han sido invisibles a sus ojos; pero al analizar en forma objetiva la situación de abandono ambiental a la que han sido sometidos los habitantes de Quintero y Puchuncaví, es posible que compartan nuestra opinión: Chile es un ejemplo de “Estado Fallido”.
Entre otros factores, un Estado es Fallido al ser incapaz de garantizar efectivamente los derechos fundamentales consagrados en su propia Constitución, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a su ciudadanía. Chile no posee un cuerpo normativo que garantice un aire seguro a sus ciudadanos, además, tiene una autoridad incapaz de conocer y controlar las emanaciones que las industrias emiten a la atmósfera, al suelo y al mar, endosando la responsabilidad de la medición de los niveles de contaminantes respirables a las mismas empresas que los producen. Esto es lo que ocurre con las estaciones de monitoreo de calidad del aire en Quintero y Puchuncaví, realidad que violenta los derechos fundamentales de las personas.
Un Estado es Fallido cuando es incapaz de proteger sus bienes de uso público, evitando derrames y varamientos de carbón, como es lo que ocurre en la Bahía de Quintero, donde se han registrado unos seis episodios de derrame de hidrocarburos en sus costas desde el 2014 y más de 300 incidentes de varamientos de carbón desde el 2008, los cuales ocurren semanalmente en Caleta Ventanas sin contar con dictación alguna que ordene medidas concretas para evitar su recurrencia.
Un Estado es Fallido cuando es incapaz de proteger a sus niños y asegurar que no correrán riesgos de intoxicación al asistir a clases, como ha ocurrido en las comunas de Quintero y Puchuncaví, donde durante la última década se han registrado, al menos, 12 eventos de intoxicaciones resultando más de 500 infantes afectados en sus colegios.
Este Estado es Fallido cuando sus servicios públicos no cumplen lo ordenado por la Contraloría General de la República, que durante 2017 instruyó la limpieza en todos los colegios de la comuna de Puchuncaví de residuos de metales pesados alojados al interior de las salas de clases, así como hacer un seguimiento epidemiológico a los niños que han sido expuestos a estos contaminantes, lo que a la fecha no se ha concretado.
El Estado es Fallido al ser incapaz de hacer respetar su soberanía nacional, permitiendo que presiones extranjeras incidan en decisiones que vulneran su Estado de Derecho. Esta falta se reflejó en la construcción de la termoeléctrica Campiche -de propiedad de la empresa norteamericana AES Gener- en Ventanas sobre un área verde, durante el primer Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, cuando aceptó la imposición del Gobierno de Washington modificando la “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”, para dar una salida “legal” a la construcción de esta termoeléctrica, a pesar que los fallos emitidos por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema habían sentenciado su ilegalidad.
Este Estado Fallido es el que ha permitido la existencia de zonas en donde sus ciudadanos son sometidos permanentemente a condiciones de sacrificio, como lo son quienes viven en las comunas de Mejillones, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Taltal, Huasco, Coronel, Tierra Amarilla-Copiapó, Til-Til, entre otras.
Desde Fundación Terram nos preguntamos si los habitantes de Chile y de esas comunidades específicas se merecen esta realidad; nos preguntamos por qué los gobiernos que se han sucedido durante los últimos 40 ó 50 años han permitido que se consoliden Zonas de Sacrificio ¿A quién o a qué intereses responde esta inacción e ineficacia por parte de las instituciones del Estado?; y nos preguntamos si, con estos antecedentes, ¿Chile está realmente a la altura de un país OCDE?
