La avidez está en los genes de los gobernantes

En septiembre de 2008, diez años atrás, se conoció el escándalo de los sucios manejos financieros por parte de la banca de EEUU, conocida como la crisis subprime, que significó cuantiosas pérdidas monetarias para muchos. En esa época la prensa decía que el libre mercado estaba en peligro, pero pronto el capitalismo retomó fuerzas y sigue ejerciendo sus abusivas reglas por parte de aquellos que se sitúan en el 0,5 % de la población.

En nuestro país, ya se ha dicho que la reforma de modificación tributaria de Piñera busca favorecer a las más importantes empresas del país y las razones ya han sido entregadas por varios especialistas que se ubican en la oposición al actual gobierno, incluso por expertos independientes como Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas, Asexma Chile, quien ha ido más allá denunciando públicamente que el Ministerio de Hacienda ha manoseado a las Pymes. Está claro, ¡ era qué no !, que las influyentes asociaciones gremiales empresariales están felices con esa propuesta calificada por ellas mismas como un “enorme alivio”

Aunque poco se ha dicho, los lucrativos fondos de inversión inmobiliaria y todas las empresas constructoras que levantan proyectos habitacionales a nivel país, lograron que en este proyecto de ley se haya incluido un nuevo y socialmente injusto beneficio relacionado con el cobro del IVA a las viviendas que no están dirigidas a los pobres de este país.

Recordemos que la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y la denominada Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), conformada por profesionales top que sí saben relacionarse con los que detentan el poder político, tienen las puertas abiertas en La Moneda, privilegio que no tiene el anticuado y prácticamente quebrado Colegio de Arquitectos (CA). El gobierno sucumbió rápidamente ante la avidez de la CCHC y la AOC y la de sus propios colaboradores inmobiliarios.

Pues bien, las viviendas nuevas, departamentos y casas unifamiliares, con precios de hasta UF 7.000, del orden de los $ 197.000.000, si se llegara a aprobar esa inmoral legislación que cierta prensa la designa como de modernización tributaria estarán afectan a un crédito especialísimo de IVA, con lo cual dicho impuesto se reduce prácticamente a la mitad. Los constructores beneficiados con este regalo caído del cielo argumentan, con adustos semblantes, que esta necesaria política pública está dirigida a las familias de clase media, mentira que queda de manifiesto si se leen los categóricos informes sobre los sueldos de la fundación SOL.

Los empresarios que dicen la verdad, que sí los hay, han reconocido que esta disposición no hará que bajen los precios de las viviendas que se localizarán principalmente en Las Condes, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea y en unas cuantas más comunas de moda, los que en la actualidad por la burbuja inmobiliaria están sumamente altos : con prudencia ellos expresan que las alzas de precios que se han producido en los últimos años se atenuarán con ese IVA chiquitito.

Asimismo el ministro de Vivienda y Urbanismo ha anunciado que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para aumentar la densificación en las zonas aledañas a las estaciones del Metro, es decir, aunque él no lo diga, lo que se busca es modificar las normas urbanísticas de todos los Planes Reguladores Comunales (PRC) para que en esos sectores se puedan levantar torres habitacionales y de equipamientos comerciales con alturas a fijarse más adelante. Consideramos razonable lo anterior, pero como en Chile en materia de ciudad no hay correspondencia entre los distintos ministerios e incluso con las leyes que se aprueban, el Estado dejará de percibir ingentes sumas de dinero por los cambios de normas de edificación que se avizoran.

A este columnista la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados se le invitó para que, mientras se tramitaba, diera su opinión sobre la ley de “Transparencia del mercado del suelo e impuesto al aumento de valor por ampliación del límite urbano”, legislación que está operando desde el 15 de agosto de 2018. En la ocasión expresamos que tal como estaba concebida esa ley, no la compartíamos, entre otros motivos, porque no se contemplaba la captura parcial de plusvalías a favor del Estado en los casos que se aumentaban las alturas y coeficientes de constructibilidad en los sectores urbanos que era necesario hacerlo.

Si una zona determinada, en donde se pueden construir inmuebles de hasta 2 pisos, limita con una estación del Metro, es lógico y deseable que esos terrenos deben ser aptos para construir en altura, luego densificar, y así será como lo ha dicho Monckeberg, pero es absolutamente regresivo e injusto que sus propietarios sean los únicos que se vean beneficiados con los mayores precios que el mercado asignará a sus propiedades.

Dado que esa ley no tuvo en cuenta lo reseñado, quiere decir que se legisló sin tenerse todas las variables o bien que los diputados y senadores dieron sus consentimientos a un texto obsceno redactado por el Minvu para aumentar el patrimonio de algunos y en tal sentido se deben tomar cartas en el asunto : la responsabilidad recae en quienes deciden este tipo de materias.

Ya que estamos hablando de la ley de transparencia del mercado del suelo, debido a que algunos funcionarios del Minvu han cometido unos cuantos disparates interpretativos para su implementación, damos a conocer columna ad hoc publicada recientemente en Ciper, ello para que pronto atinen los agentes públicos incumbentes.

Veremos si la casta política está a la altura de las circunstancias y en tal sentido puede ser posible que se produzca el milagro para tener mejores y más equitativas ciudades para todos.