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Actualizado el 25 de Noviembre de 2020

En educación: una provocación al debate

Comentario al libro “Entre el mercado gratuito y la educación pública, dilemas de la educación chilena actual”, editado por Víctor Orellana Calderón.

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Daniel Rodríguez es Acción Educar.

Como alguien interesado en la compleja e impredecible relación entre investigación y políticas públicas en educación, abordar una obra como esta es especialmente estimulante. Advierto que mi aproximación tiene dos sesgos: primero, mi propia posición política liberal y escéptica del progresismo, y segundo, mi participación como actor – muy menor – en el debate derivado del proceso en descripción. El proceso al que me refiero es el cuestionamiento al modelo educativo que se inició desde los estudiantes en 2006 y que aún no acaba.

Mi primera observación es al carácter metamorfo del libro. Como una creación de Ovidio, la naturaleza del texto cambia de forma sin previo aviso en medio de la lectura. Es academia, política, testimonio, consigna y autocrítica. Desde mi perspectiva, la razón de esta “liquidez” de la obra es simple: los autores diagnostican, reinterpretan e interpelan la historia presente en tiempo real. Quieren, con urgencia, impedir a los historiadores del futuro – y a los sociólogos del presente –  la captura de la historia que sienten propia. Cuando a nivel público se debate la relación entre historia y memoria, la lectura de este libro es, a lo menos, necesaria. Y se vuelve fundamental cuando el centro de estudios que dio origen a las discusiones del libro tiene un pie en la acción política, incluso en el Congreso Nacional. Como Churchill, y ello tiene sus riesgos, los autores quieren a la vez protagonizar y escribir la historia de una de sus luchas políticas.

No quisiera que esta reseña fuera excesivamente técnica. Se trata de un libro especialista, y por lo tanto la discusión en ese ámbito podría ser muy amplia. Me limitaré a comentar los conceptos que desde mi posición política y epistemológica considero especialmente provocativos, útiles y estimulantes.

Uno de ellos es la “bifurcación”, algo que usualmente se denomina segregación institucional. Es útil pues permite desmitificar un paraíso perdido de educación pública inclusiva –que, sin perjuicio de sus muchos logros, jamás existió– y al mismo tiempo analizar críticamente nuestro sistema educativo actual. Respecto a esto último, me atrevo a ponderar la afirmación de los autores: las políticas de mercado en educación superior han generado una segmentación por precio, pero ello no es segregación institucional y estructurada a la manera que la podemos entender en el sistema escolar. Gracias al subsidio a la demanda, se observan dos ejes de movilidad: primero, la permeabilidad de las instituciones de elite a estudiantes vulnerables es mucho mayor que en el sistema escolar. Segundo, las mismas instituciones modifican sus perfiles socioeconómicos en el tiempo, volviéndose más o menos inclusivas en razón de variables financieras y de competencia. Todas las ayudas estudiantiles estatales han generado incentivos a las instituciones a recibir más estudiantes (casi necesariamente vulnerables, dada la alta cobertura de los grupos más favorecidos), con excepción de la gratuidad de la Nueva Mayoría, cuyo diseño castiga con menos recursos a las instituciones más inclusivas, y las condena a una masividad sin complejidad.

Otro es el de “extractivismo de humanidad”. Como expresión me parece provocadora, y creo que consigue poner un punto (la percepción de que la forma en la que se desarrolló la oferta privada de educación de masas es rentista y que en eso se asemeja al latifundio) pero en su sesgo falla al dar cuenta de la complejidad del fenómeno que intenta describir. Uno puede tolerar la expresión “masivo lucrativo” como esencialmente descriptiva y políticamente cargada, pero aquella es más precisa que hablar de extractivismo. Quienes han pasado por la educación superior si han visto aumentado sus ingresos, se ha generado infraestructura y un gran patrimonio a nombre de fundaciones, y muchas de las instituciones que se iniciaron como masivas y docentes han tomado trayectorias hacia una mayor complejidad y la provisión de bienes públicos. Profesionales y técnicos egresados del mundo privado masivo aportan desde sus competencias al desarrollo del país, un capital social que permanece y no es una renta extraído por un grupo. No se puede hablar de “saqueo”. Además, si se entiende el relativo conformismo e inercia de las instituciones chilenas como un rasgo rentista, me parece claro que este es transversal a la educación superior: la mayoría de las instituciones llamadas tradicionales no demostraron ni capacidad ni intención de ser inclusivas, ni innovadoras ni complejas.  A ese sistema le correspondería el calificativo de “estanco-elitista”, para replicar el uso de los guiones.

En este sentido, sería muy interesante complementar el análisis, en particular el del capítulo 2, con una indagación empírica de corte etnográfico, en las comunidades de educadores, directivos y administrativos que desarrollan su trabajo en las instituciones denominadas “masivo-lucrativas”. Creo que se encontraría que la visión, predominantemente sociológica que anima esta obra, refleja de manera incompleta la forma en que personas llevan adelante misiones de naturaleza educativa, con metas de aprendizaje, inclusión y progreso social que no se ven reflejadas correctamente cuando se analizan solo las estructuras.

Quisiera comentar ideas del libro desde las cuales pienso que es posible construir en común. Considero de interés la distinción que los autores hacen de lo que denominan “saqueo” y “lucro”, así como la diferenciación entre sociedad civil y mercado. Con la primera distinción creo que nos habríamos evitado, como país, una larga discusión innecesaria. Si como sistema educacional y político fuéramos capaces de identificar o diferenciar el saqueo: lo ocurrido con las Universidades Arcis y del Mar, con el hecho que instituciones educativas estén constituidas como sociedades con fines de lucro, como AIEP – acreditado por 5 años, nuestro debate político sería más maduro. Esta distinción permite construir un “muro moral” que protege la legitimidad del mercado en educación, diferenciándolo del abuso. Y aquí paso a la segunda distinción: es cierto que sociedad civil y mercado no son lo mismo, pero solo el segundo permite el pleno desarrollo de la primera. El mercado y sus mecanismos, fundamentalmente el copago como ejercicio de poder individual, son fundamentales para que la sociedad civil sea libre de las presiones políticas del Estado y de las veleidades de los filántropos. Solo las personas que eligen y contribuyen a financiar libremente pueden ejercer efectivamente el poder sobre las instituciones en las que participan. Más financiamiento fiscal es siempre menos poder de las personas.

Finalmente, no puedo dejar de comentar una cita explícita del libro al centro de estudios Acción Educar, que actualmente me toca dirigir. Me quedo con la percepción, correcta, de que quienes defendemos las ideas de la libertad en educación no estamos conformes con la manera en que se ha desarrollado el sistema, ni mucho menos con la legislación que el gobierno de la Nueva Mayoría impulsó. Creemos que la expansión del sistema de educación superior y escolar mediante la oferta privada fue positiva, y que el país se ha beneficiado ampliamente de ella, pero reconocemos que el sistema está en deuda con la calidad y la inclusión. Dudamos, eso sí, de que cercenar los mecanismos de mercado que han permitido los beneficios que hoy gozamos no tenga consecuencia alguna. Soy escéptico de que las ventajas de las utopías que se plantean sean tan claras. Un conservador es quien valora lo bueno en lo que hay, y teme de cambios cuya certeza es desconocida.

Con varios temas pendientes a discutir, en particular las fuertes críticas al discurso y a las acciones de la Nueva Mayoría en Educación que nutren el capítulo 5, celebro la publicación de este libro y felicito a sus autores por el trabajo realizado.

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