Los cuestionamientos a conflictos de interés de asesores ministeriales de políticas públicas en VIH/SIDA

“Este proyecto va a enfrentar todos los problemas que hemos detectado en materia de probidad, imparcialidad y de competencia en la administración del Estado. Queremos desterrar la cultura del amiguismo, del pituto, del operador político y restablecer en plenitud la cultura del funcionario público de verdad, honesto, comprometido, competente y dedicado al servicio de los demás y no al de sí mismo”.

Estas palabras exactas las pronunció el presidente Sebastián Piñera el 5 de julio pasado cuando en el Palacio de Gobierno presentó su flamante proyecto de “Ley de Integridad Pública”, una iniciativa que busca terminar con la corrupción, las malas prácticas y el conflicto de interés en el sistema público. Se entiende por conflictos de interés todas aquellas situaciones en la que el juicio del individuo -concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.

Dos meses después de la presentación, el Ministerio de Salud encabezado por el doctor Emilio Santelices desobedece e incumple lo señalado por la máxima autoridad del país, incorporando en funciones propias del servicio público a dos controvertidos asesores, amigos personales del ministro, dispuestos a prestar asesorías en materia de VIH/SIDA y sirviendo de vínculo directo e institucional entre el Ministerio de Salud y las organizaciones sociales con trabajo en VIH/SIDA.

Hablo y cuestiono al mediático doctor Carlos Beltrán, asesor en materia de VIH/SIDA del Ministro de Salud y a la vez presidente de la Corporación Sida Chile, institución médica-profesional financiada por laboratorios privados, entre ellos la farmacéutica Gador, empresa que comercializa el medicamento Truvada en Chile, pilar de la publicitada estrategia PrEP que prontamente financiará el sistema público buscando prevenir el VIH en las poblaciones claves más expuestas.

Hablo y cuestiono a la periodista Alejandra Hewstone, cónyuge de Claudio Hohmann, empresario, ex ministro de Estado, ex DC, ahora converso en la derecha económica – liberal. Las relaciones biográficas y comerciales de la Sra. Hewstone incluyen la representación legal de la ONG Gente Viva, institución que recibe financiamiento público a través de proyectos de municipalidades y ministerios. La dueña y representante legal de una ONG ha sido designada por el ministro Santelices para coordinar y vincular al Ministerio de Salud con otras ONGs, en este caso del VIH/SIDA.  ¿Conflicto de interés? Todo indicaría que sí.

Desbordados por las dudas e incertidumbres, un grupo de organizaciones sociales y activistas históricos del VIH/SIDA, entre los que me encuentro, interpusimos un requerimiento en la Contraloría General de la República solicitando determinar la legalidad y/o ilegalidad del actuar de los cuestionados asesores ministeriales, sumado al conflicto de interés que tendrían los consejeros personales del Ministro de Salud. La acción fue ingresada el pasado 28 de septiembre en la Contraloría General de la República, entidad fiscalizadora superior de Chile, de carácter autónomo y rango constitucional, encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración Pública del Estado de Chile.

La consulta a Contraloría General inicia su solicitud recordando la Ley 19.779, más conocida como “Ley de SIDA”, que señala en su artículo 2: “El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia. Estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población, y en especial para aquellos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y los menores.”

“Tal disposición –señalamos en la carta- no se estaría cumpliendo por parte de la entidad pública en tanto se debilitan las funciones propias del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA restándolo de la coordinación y vinculación con la sociedad civil al designarse de modo inconsulto a dos asesores externos para realizar esta función institucional regulada por Ley”.

El requerimiento ofrece como prueba el oficio ordinario 4081 del 20 de septiembre de 2018, donde el Ministro de Salud Emilio Santelices informa a organizaciones y activistas que “junto con saludar, me es grato informar a ustedes que para mantener una comunicación más fluida entre las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS y el Ministerio de Salud, se ha designado a la Sra. Alejandra Hewstone Arquero y como Asesor Técnico al Dr. Carlos Beltrán Buendía”.

El mencionado ordinario, enviado a diversas organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios, fue remitido simultáneamente al Gabinete Ministerial y a la Oficina de Partes, excluyendo –sospechosamente- de esta determinación e información administrativa al Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS. Desconocemos la vía formal en que esta determinación institucional fue informada al mencionado Programa Nacional.

Los firmantes del requerimiento que fue presentado en compañía de la diputada del Partido Poder Claudia Mix, manifestamos nuestra legítima preocupación e inquietud frente a esta determinación y el modo en que fue comunicada a las organizaciones sociales porque “desconocemos la relación laboral, legal e institucional de la Sra. Alejandra Hewstone Arquero y del Asesor Técnico al Dr. Carlos Beltrán Buendía por tanto se les asigna una labor legal e institucional que a nuestro entender no está claramente determinada”.

Las políticas públicas de salud requieren siempre certezas, nunca dudas. Por tal motivo, organizaciones sociales y activistas demandamos evidencia legal para desarrollar nuestro trabajo comunitario y colaborativo con el Estado de Chile porque nosotros y nosotras no somos “amigos” de las autoridades, tampoco “enemigos”. Somos sociedad civil que se organiza, participa, colabora e incide de modo autónomo e independiente en las políticas públicas.

Nuestra colaboración y participación ha sido históricamente vinculada al trabajo institucional que desarrolla el Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS cuyas funciones están estipuladas por Resolución Exenta 913 del 2 de diciembre de 2019 que creó el Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS. Por tal motivo, nos preocupa el menosprecio, desarme y/o debilitamiento de esta relación formal e institucional porque creemos afecta y afectará la aplicación territorial del Plan Nacional de Prevención en VIH/SIDA que hemos consensuado con las autoridades.

Todos estos cuestionamientos e inquietudes las hemos planteado al Sr. Contralor General Jorge Bermúdez, señalándole que “solicitamos a la Contraloría General de la República revisar la legalidad del ordinario 4081 del 20 de septiembre de 2018 firmado por el  Sr. Ministro de Salud Emilio Santelices Cuevas, determinando si este Ordinario se contrapone con las funciones y misión propia, legal e institucional del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, instancia que históricamente se ha relacionado con la sociedad civil organizada”.

En medio de la más grave crisis en VIH/SIDA desde la recuperación de la democracia electoral, mientras esperamos respuesta formal de la Contraloría General de la República, un temerario y cada vez más errático ministro Emilio Santelices, desatiende nuestros legítimos cuestionamientos, ratificando en sus funciones públicas a los polémicos asesores y amigos personales, desconociendo la investigación que desarrolla la Contraloría General y lo que es políticamente más paradójico, contradiciendo el espíritu de supuesta probidad administrativa que el presidente Sebastián Piñera busca y desea imprimir a la administración del Gobierno de Chile.