¿Nueva democracia protegida?

Los argumentos para establecer como delitos ideas y no conductas son característicos de las dictaduras. ¿Calificarse como “pinochetista” es una acción que pone en riesgo la democracia? ¿Defender a Maduro o Castro, no es similar a manifestarse admiradora de un dictador?  Se dice que hay incitación al odio. O “negacionismo”. ¿Se puede perseguir a las personas por que no reconocen las violaciones a los derechos humanos en Chile? ¿Y qué pasa cuando las reconocen aquí, pero no en otros países? ¿O cuándo las reconocen dependiendo del contexto? ¿Vamos a perseguir a los “pinochetistas” como antes se persiguió a los comunistas?

Porque el artículo octavo de la Constitución de 1980 que, de no ser derogado en el acuerdo entre la Concertación y el gobierno militar tras la derrota de Pinochet, excluía de la participación política a personas o grupos por sus ideas. De este modo se marginaba al partido comunista. La justificación era proteger a la democracia de quienes perseguían valores o fines que podrían ponerla en riesgo por visiones políticas, no por sus actos.

Si bien hay naciones que han establecido como delito negar o banalizar el holocausto, la pregunta es si sirve de algo a nuestra democracia avanzar por un camino de sanciones, que Chile ya vivió durante la dictadura.

En el último tiempo hemos visto una creciente polarización dentro del mundo político. Más que la sociedad, se han radicalizado sus dirigentes. Pero esta tendencia no se enfrenta con leyes que restringen la libertad personal y que pueden terminar siendo discrecionales en su aplicación.

Es cierto que denotan liviandad las alabanzas y los viajecitos a juntarse con  Bolsonaro ; revela ignorancia y frescura declararse pinochetista y al mismo tiempo sostener que ello es compatible con la defensa de los derechos humanos; que hay un doble estándar al condenar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y negarlas en Cuba o en Venezuela; que incluso parece un mal chiste sostener que en Corea del Norte no hay una dictadura. Pero una cosa es la ignorancia, la frivolidad, la inconsistencia y otra es determinar que esas opiniones son constitutivas de delito.  En Cuba, bajo criterios similares, cientos de periodistas han estado privados de libertad por sus opiniones en contra del régimen. En Venezuela, hoy se vive una situación similar. Una ley para sancionar “el negacionismo” o la incitación al odio, se presta para persecuciones discrecionales.

Distinto es sancionar conductas antidemocráticas de grupos organizados o personas. Para ellas, hay formas de abordarlas en nuestra normativa.

Por eso, mucho más que una ley, necesitamos reflexionar más y practicar de mejor manera los valores de la democracia: el respeto, la tolerancia, el diálogo sin descalificaciones, la argumentación. Enseñar a las nuevas generaciones las diferencias entre dictadura y democracia. Y los representantes populares deben dar un ejemplo de convivencia cívica. Hablamos de aceptar la diversidad, pero mediante la condena y descalificación inmediata de la opinión distinta, terminamos generando un campo fértil para radicalizar las posiciones. Si añadimos la persecución, mejor ni pensar a dónde podemos llegar.