Abogado Ortúzar ataca al contralor Bermúdez
Ortúzar en su columna actuó como un simple operador de negocios que espera clientes para ir a la Justicia en contra de los dictámenes de la Contraloría.
Patricio Herman es Presidente Fundación Defendamos la Ciudad
El pasado domingo 25 de diciembre en el diario La Tercera el abogado Álvaro Ortúzar, ejerciendo en plenitud la libertad de expresión que ese medio de prensa le brinda a aquellos que forman parte de las asociaciones empresariales que impulsan políticas del laissez faire más absoluto para que sus proyectos de inversión se aprueben sin mayores fiscalizaciones por parte del Estado, publicó la columna “Contralor: ¿Quién le pone el cascabel al gato”, ingeniosa y decidora frase de una fábula de Lope de Vega.
El hombre en su escrito se declara conocedor de la Ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, pero a pesar de ello, con cinismo e ironía, trata al contralor como un gladiador con un traje de hierro que ha proclamado una cruzada moral y ética en su combate a la corrupción, trayendo a colación, ¡era qué no!, para justificar sus dichos, el caso de la subcontralora, introducción a su campaña proselitista que busca desmerecer la lógica de unos cuantos dictámenes de la Contraloría que se relacionan con fundadas denuncias ciudadanas. En efecto, haciendo valer los intereses comerciales de la industria de la construcción, las emprende con sumo desparpajo en contra del actual contralor Jorge Bermúdez.
Dicho columnista asegura que, en lo relativo a los permisos de edificación, el contralor está minando el principio de la certeza jurídica y que, como derivación de sus actuaciones, se está generando en Chile “un verdadero caos a nivel de direcciones de obras municipales” (sic). Hasta llegó a afirmar que se han afectado derechos adquiridos de buena fe por parte de particulares, quienes no han actuado ni con dolo ni con engaño. De sus asertivos dichos se concluye que él conoce todos los vericuetos administrativos de los pocos permisos de edificación que han sido declarados como contrarios a derecho por el ente fiscalizador.
Ya para el bronce, se permitió manifestar que las interpretaciones legales que hace el contralor se hacen sin que él tenga facultades para ello y que sería absurdo esperar que sean los tribunales de justicia los que determinen que el actuar de Bermúdez ha sido arbitrario e ilegal, expresando si el ordenamiento jurídico nacional ofrece algún remedio suficiente para poner atajo a estos excesos.
Ortúzar termina su descarada perorata diciéndole al contralor que deberá reflexionar para evitar que sus próximos dictámenes sigan teniendo sesgos interpretativos más ideológicos que técnicos.
Como vemos, el mencionado enjuiciador de turno, dándoselas de una especie de Carlos Peña, abogado y rector universitario, quien sí tiene la cultura y los atributos intelectuales suficientes para criticar ciertos hechos de la política contingente, con total libertinaje se creyó el mesías de la institucionalidad chilena, quien por mandato divino, procedió en su columna a instruir al contralor Bermúdez en términos de cómo debe hacer su trabajo.
Todos los medianamente informados sabemos que la Contraloría, ente autónomo de la Administración del Estado, tiene el deber ineludible de pronunciarse sobre la legalidad de los permisos de edificación que les son denunciados por diferentes agentes públicos y actores particulares y el autor de esa columna debe dar gracias a Dios que la Contraloría no fiscaliza de oficio tales actos administrativos, pues si así fuese se incrementaría en un altísimo porcentaje la cantidad de permisos ilegales.
Como una muestra del desconocimiento que tiene Ortúzar sobre esta materia, le recordamos que la Municipalidad de Santiago, entre otros tantos casos, desacata dictámenes de la Contraloría respecto a un permiso de edificación ilegal para levantar un hotel con una altura superior a la admitida en la calle Agustinas 720, e incluso violando sus propios compromisos cuando dejó en manos de los tribunales dicho caso.
En efecto, esa municipalidad suspendió el procedimiento de invalidación del permiso viciado para que el privado interpusiera un recurso de protección en contra de la Contraloría en la Corte de Apelaciones de Santiago, asegurando por escrito que el fallo judicial se iba a respetar y la Corte Suprema emitió una sentencia rechazando la pretensión de la inmobiliaria y hasta ahora el permiso no se invalida. ¿Cuál es la buena fe en este burlesco episodio?
Ortúzar en su columna actuó como un simple operador de negocios que espera clientes para ir a la Justicia en contra de los dictámenes de la Contraloría y como nadie está libre de equivocarse esperaríamos de él una actuación pública de contrición debido a que denigró con publicidad a una alta autoridad del país.
El tema de fondo es la lacra de la corrupción inmobiliaria, la que se intenta invisibilizar por aquellos que ejercen el poder. En todo caso estas prácticas viciosas que le hacen tanto mal al mercado no tiene en Chile los altos niveles de la que se ha conocido en España y en otros países y si queremos normalizar el ejercicio de la actividad, una vez más repetimos lo que hemos dicho en medios de expresión digitales: es urgente una reingeniería en las Direcciones de Obras Municipales y en el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya que la tendencia para obtener beneficios indebidos, por parte de algunos inmobiliarios, no se va a terminar con clases de ética en universidades privadas.
