¿De qué triunfo político mapuche está hablando?

Este 27 de diciembre un senador aseguró en la prensa que “el 2018 terminó con un triunfo político para el mundo mapuche”, sin embargo, esta aseveración no podría estar más alejada de la realidad, ya que un triunfo político tiene que ver con un aumento de la correlación de fuerzas para producir cambios en la estructura del poder del Estado que beneficie a cierto grupo, y eso no ha ocurrido con el pueblo mapuche.

Lo anterior, se debe a que no se ha logrado ni una sola reivindicación de fondo, como lo son la restitución del territorio ancestral que hoy está en manos de las familias Angelini y Matte, dueños de las forestales Arauco y Mininco; no se ha entregado soberanía a las tierras devueltas; y menos un estatuto de autonomía, reconocimiento constitucional o registro electoral indígena con cupos reservados.

Se podría hablar quizás de un avance cualitativo en la instalación mediática de las demandas de nuestro pueblo, lo que ha llevado a una mayor conciencia ciudadana. Tal vez podríamos llamar un avance político dentro de nación mapuche, ya que se están juntando y organizando más que antes, están teniendo más relación y la gente que antes no se hablada ahora sí se habla, pero hay que participar in situ para darse cuenta de ello, por lo que se comprende que el análisis del parlamentario no considera esta variable fundamental.

La muerte de un hermano está lejos de ser un triunfo, por lo que está muy mal empleado el término, lo que hay aquí es impotencia, pena y rabia porque ha ocurrido una tragedia, y en este contexto de dolor lo que se exige es justicia, justicia que no ha llegado hasta el momento, lo que hace incomprensible que un senador de origen mapuche se oponga a la acusación constitucional al primo del Presidente, el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Lo que sí es verdad es que la cruel muerte de Camilo Catrillanca ha dejado al desnudo una recurrente estrategia de autoprotección de la policía uniformada, que hasta ahora había quedado en la más absoluta impunidad, pero este no es el problema mayor, sino que lo principal es que esta impunidad deviene de una estrategia que era aceptada y permitida por los más diversos administradores del Estado, donde el asesinato de Alex Lemun durante el gobierno de Ricardo Lagos cuando Michelle Bachelet era ministra de Defensa y el senador Huenchumilla ministro de la Secretaria General de la presidencia, es solo un ejemplo. En ese momento no expresó su rechazo a Carabineros ni su apoyo al pueblo Mapuche.

Entonces, salir hablando hoy de la restructuración de Carabineros y sus responsabilidades no se ve muy estético, sí es importante, pero no es la solución, ya que el punto central que un parlamentario serio debería denunciar es la violación del Estado de Derecho por parte de Carabineros, cuya responsabilidad política recae en el ministro del Interior, puesto que fue él quien públicamente trató de delincuente a Camilo Catrillanca, con lo que justificaría su asesinato, y este es el escándalo porque demuestra que para el Ejecutivo el mapuche es culpable hasta que se demuestra lo contrario, lo que contradice completamente el principio de inocencia, que apunta a que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Ante los hechos ya conocidos, y luego de haberse demostrado la inocencia de Camilo Catrillanca, Carabineros y el ministro Chadwick se han dedicado a pedir disculpas por las falsas acusaciones a las cual él no se podía defender, entonces, ¿de qué triunfo político del pueblo mapuche estamos hablando?

El sistema democrático debe sustentarse en la fe pública y esa fe pública hoy está absolutamente destruida porque la gente común ha visto como Carabineros, de manera irregular, se queda con 30 mil millones de pesos y que las Fuerzas Armadas venden armas a los narcoterroristas, ¿en quién podemos creer entonces?, si el propio Presidente de la República le miente al país en programas televisivos, acusando a mapuche de quemar Iglesias con niños adentro sabiendo que no existe ninguna prueba que sustente su acusación, tal como acusaban injustamente a Camilo Catrillanca.

Es decir, la legalidad, que debe regir el Estado de Derecho ha sido violada por los mismos órganos del Estado encardados de velar por ella, para proteger a los más débiles.

Esto ha evidenciado aun más el desapego entre los políticos de la autoridad formal con la realidad del mapuche y del pobre, y deja al descubierto la distancia que hay entre los ideales que profesan los que conducen Chile y la realidad que contemplemos cada día. Sin embargo, no es eso lo más preocupante, sino que la enorme distancia entre los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como mapuche y la pequeñez de nuestros políticos.