El miedo a la participación ciudadana

Esta semana salieron los resultados del cuarto módulo de la Encuesta a Parlamentarios 2018 realizada por el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales. Vimos ahí algunos interesantes resultados como lo son el consenso general que existe para elementos como ampliar el periodo presidencial, limitar la reelección de congresistas y volver al voto obligatorio. Se denotan también algunas divisiones, principalmente partidarias, en cuanto a la mantención, cambio o reforma del Tribunal Constitucional y Constitución de la República. Pero sin duda alguna que donde más juegan un papel central las diferencias ideológicas y partidarias es en lo que a democracia participativa respecta.

El módulo expuesto contó, entre otras cosas, con preguntas cuyo objetivo general fue medir el nivel de acuerdo que tiene cada uno de los congresistas con elementos que acercan a las democracias a una experiencia más participativa, donde tanto la participación como la iniciativa ciudadana adquieren un nivel de importancia mayor. Este tipo de democracias facilitan e incentivan la participación ciudadana toda vez que parten de la concepción de la democracia como un orden en el que las decisiones políticas deben pasar por el escrutinio de la ciudadanía a través de mecanismos directos y específicos de participación. Bajo esta concepción se les preguntó a los congresistas respecto a diferentes mecanismos centrales de participación en democracia: iniciativa popular de ley, referéndum vinculante, plebiscito vinculante y consulta no vinculante. Los resultados arrojan una fuerte tendencia partidista e ideológica que no vienen más que a confirmar el miedo visceral que principalmente la derecha chilena ha mostrado desde siempre a la participación vinculante, revisemos algunos de ellos.

Respecto a la iniciativa popular de ley, elemento mediante el cual se obliga al Congreso Nacional a discutir proyectos de ley de iniciativa ciudadana y que hayan reunido determinada cantidad de firmas previamente para ello, los resultados arrojan un 95% de parlamentarios del FA y un 87,8% de parlamentarios de la NM que se encuentran de acuerdo o muy de acuerdo. En Chile Vamos la proporción de acuerdo o muy de acuerdo alcanza un 47%. Respecto a un referéndum vinculante, donde los electores tienen la posibilidad de llamar a una consulta cuyos resultados son vinculantes previa reunión de determinado número de firmas, la tendencia es parecida, aunque con una derecha aún más en desacuerdo: mientras que parlamentarios del FA alcanzan un 90% de acuerdo o muy de acuerdo, los de la NM alcanzan un 74%. Chile Vamos por su parte, alcanza a penas un 15,7% de acuerdo mientras que el restante 84,3% de la coalición se muestra en desacuerdo. Misma tendencia sigue el plebiscito vinculante, figura mediante la cual la autoridad puede convocar a una consulta ciudadana con resultados vinculantes cuando existen temas de discrepancia legislativa. Acá el nivel de acuerdo entre congresistas del FA alcanza un 95%, mientras que en la NM alcanza un amplio 89%. Chile Vamos en cambio muestra una minoría del 32,5% que se muestra de acuerdo con esta figura. Finalmente se consultó por la figura de la consulta no vinculante, la cual es un mecanismo únicamente de consulta y que no obliga a la autoridad a acatar la opinión mayoritaria. Acá, cuando no se pone en jaque el poder monopólico del aparataje estatal, el resultado es diferente, las tres coaliciones se muestran ampliamente de acuerdo: el FA muestra un nivel de acuerdo de un 85%, la NM de un 77,8% y Chile Vamos de un 81,9%. Este último elemento es el que suscita mayor acuerdo entre los congresistas de la coalición de derecha y el por qué parece ser bastante evidente.

Parece existir un terror visceral a la participación ciudadana vinculante entre congresistas de Chile Vamos. El sólo hecho de acercarnos a una situación de mayor horizontalidad entre la autoridad política y la ciudadanía parece despertar los más profundos miedos de caos y desorden entre quienes defienden la representación política en desmedro de la vinculación ciudadana como mecanismo de producción y reproducción del orden legislativo y social. Y los ejemplos abundan, vamos con uno.

Corría el año 2015 y Diputados y Senadores de Chile Vamos trabajaban apresurados en una reforma constitucional que tenía como objetivo contrarrestar el Proceso Constituyente que, en aquellos tiempos, el gobierno de Michelle Bachelet pretendía llevar a cabo. Felipe Kast, vocero del bloque por aquel entonces aseguraba “el equipo de trabajo va a plantear sus distintos puntos de vista, Evópoli tiene la suya, el PRI tiene la suya, RN y la UDI la suya y finalmente saldrá una propuesta en común”. Por su parte, el actual Ministro de Defensa Nacional Alberto Espina se mostraba indignado por el actuar de los ministros de Bachelet respecto a este proceso: “No vamos a aceptar que los ministros de Estado abandonen sus deberes y se transformen en agitadores y operadores políticos con el propósito de inducir a las posiciones políticas que tienen respecto al contenido de la Constitución”. Ambas frases dan cuenta de las profundas convicciones que la derecha chilena tiene respecto a otorgar cuotas de poder al ciudadano común y corriente: por una parte una mirada paternalista de una ciudadanía ingenua, incapaz de dar cuenta de sus propios problemas e ideas por la susceptibilidad a la inducción política por parte de los gobiernos de turno, por otro lado, y en consecuencia, la necesidad imperiosa entonces de que las reglas del juego sean escritas desde arriba, por quienes nos representan, en este caso, “equipos de trabajo” de los partidos en cuestión. Y digo cuotas de poder en el entendido que siempre va a existir un grado de verticalidad entre poder político y ciudadanía, sin embargo, desde la perspectiva que quien escribe defiende se hace imperioso reducir al mínimo grado posible esta asimetría de poder.

El asunto es que una mirada como la descrita anteriormente no puede tener otra consecuencia que no sea la de una democracia incompleta – una eterna transición –, donde el poder ciudadano-popular se limita a la elección de un grupo de autoridades que tal como si fueran los padres van a decidir desde su única y sesgada perspectiva las leyes que van a regir sobre una ciudadanía hija y, a lo Immanuel Kant, en situación de “minoría de edad”. La vinculación popular no tiene cabida en este modelo más que en consultas de tipo no definitorias, que no son más que un mal disfraz de poder ciudadano.

En los tiempos actuales se hace imperiosa la necesidad de avanzar hacia una democracia cada vez más participativa, donde las reglas que nos rijan como sociedad tengan la legitimidad que otorga el hecho de que sea la ciudadanía misma la que las construya. Es imperioso romper con el modelo dictatorial de democracia limitada, con constituciones escritas entre 4 paredes – como la que actualmente nos rige – y ciudadanos/as que no son más que receptores de lo que desde arriba se dicta. Dejar de entender a la ciudadanía como un ente estático y empezar a tomar en serio la capacidad de agencia que tienen los individuos y las organizaciones. En definitiva, es hora de perderle el miedo a la participación ciudadana y dejar de lado lo que Kathya Araujo acertadamente definió como el miedo a los subordinados.