Para los “astutos” incumplir la ley es más lucrativo

Recientemente hemos tomado conocimiento que el mediático alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se arrepintió de su correcta decisión de paralizar las obras del megaproyecto inmobiliario, de un poco más de US$ 100 millones, localizado en Américo Vespucio Sur con Renato Sánchez, el mismo que obtuvo un permiso de edificación para 2 volúmenes en altura de viviendas y oficinas, con información falsa referida a la superficie del predio en el cual se emplaza. Con esos metros cuadrados en exceso el titular del proyecto se acogía a los beneficios constructivos que brinda la figura del Conjunto Armónico.

Lo que la prensa no dice es que esa voltereta alcaldicia es consecuencia directa de la instrucción verbal que se le dio a Lavín por parte de la “Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables” (sic), conocida por los que mandan como la sólida Agencia GPS, que opera en el ministerio de Economía para destrabar todas las inversiones privadas que el gobierno considera necesarias y en el ámbito inmobiliario hay 46 polémicos y objetados negocios que esperan salir airosos de esa oficina mágica.

Dicha iniciativa fáctica, es para impulsar la reactivación de la inversión al “agilizar” y “reducir” los trámites que enfrentan los proyectos y para ello esa GPS tiene una amigable “coordinación” con los inversionistas que no han podido iniciar sus proyectos por la “excesiva” burocracia.

En otro orden de asuntos, todos sabemos que si una determinada zona de cualquier comuna no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima en un Plan Regulador Comunal (PRC), en ese territorio no es posible que los directores de obras municipales (DOM) apliquen el sistema de agrupamiento de edificación continua para los proyectos de edificación, lo que ha sido refrendado por la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu y por la Contraloría.
Pues bien, en el diario El Mercurio el arquitecto Yves Besancon publicó una inocente carta aludiendo a las “edificaciones continuas”, que son las que tienen fachadas unidas en todo el frente del terreno con sus vecinos, esbozando lo hermoso que serían las ciudades si siempre se pudiera construir de esa manera, ello por cuanto así se valora el componente patrimonial. Dicho profesional criticó al Minvu y a la propia Contraloría porque han impedido este tipo de edificaciones en las comunas que no cuentan con PRC, señalando que ese obstáculo importa una contradicción con la buena arquitectura. El hombre terminó su carta instando al ministro del ramo en orden a que “actúe urgentemente, perfeccionando la ordenanza y derogando dictámenes de la Dirección de Desarrollo Urbano para eliminar esta contradicción”.

Este columnista envió una carta respuesta a ese diario, poniendo las cosas en su lugar, aclarando, mejor dicho transparentando, que el asunto del agrupamiento continuo en las edificaciones surgió a propósito de los guetos verticales en Estación Central, solicitándole a Besancon que se pronunciara concretamente respecto de cuál sería el “perfeccionamiento” de la ordenanza sobre las edificaciones continuas.

Como era previsible El Mercurio censuró nuestra carta, con lo cual solo queda en la opinión pública el mensaje del arquitecto al ministro para derogar los actos que dilucidaron la materia y si ello se produce, muchos interesados esperarían que los dictámenes de la Contraloría sobre los guetos verticales que validaron los oficios de la DDU de Minvu, ya no se justificarían y por ende todas esas invasivas torres no serían ilegales. Ese sería el camino perfecto para que haya impunidad, teniéndose presente que el Minvu es experto en este tipo de arreglines, recordemos lo que sucedió con la planta de gas propano de Metrogas en Peñalolén y con la termoeléctrica de Aes Gener en Puchuncaví.

Rebasó el vaso el reciente, 21/01/19, encuentro “Industria Inmobiliaria : Conflictos y Nuevas Tendencias”, entre este tipo de inversionistas y desarrolladores organizado por la empresa de lobby Imaginacción Consultores, en el cual sus doctos 3 expositores pusieron el grito en el cielo por las intervenciones de la Contraloría pues, con sus dictámenes, los costos de los proyectos aumentan, señalando uno de ellos, Vicente Domínguez, que la incertidumbre jurídica en los permisos es un golpe muy fuerte para la industria, magnificando la situación cuando dijo con aparente seriedad que paralizar la ciudad es un absurdo.

Imaginacción que sí sabe de trucos, aunque sean torpes, presentó a Ramiro Mendoza, uno de los expositores, solo como ex contralor General de la República y decano de la Facultad de Derecho de una Universidad Adolfo Ibáñez, en circunstancias que toda la audiencia sabía que dicho competente abogado defiende a algunas inmobiliarias que construyeron los guetos verticales ilegales en Estación Central. Alberto Undurraga, ex ministro de Obras Públicas, otro de los expositores manifestó, entre otras cosas, que el sector inmobiliario debería promover acuerdos de ciudad, desarrollar políticas y capacidad de relacionarse con la comunidad, ampliar el análisis normativo e instalar nuevos protocolos operacionales.

Pero lo sugestivo es que ninguno de esos prohombres de la República expresaron en esa trascendente cita empresarial a los actores inmobiliarios allí presentes que sus principales deberes, como creadores de riqueza en el país, son presentar sus proyectos apegados rigurosamente a los marcos regulatorios y sobre esta ausencia, tal como me lo atestiguó un destacado abogado de la plaza, con la labor de fiscalización que realiza la fundación Defendamos la Ciudad, los más competentes y conocidos estudios jurídicos son los que obtienen las justas retribuciones por litigar a favor de sus clientes constructores.

Le contestamos a ese abogado que sus legítimos cobros de honorarios se iban a mantener y posiblemente acrecentar, dejándose en claro que ganar plata es correcto si el trabajo se hace bien. También le dijimos que si la corrupción inmobiliaria no disminuye, como vislumbramos, nuestra labor de fiscalización ciudadana se mantendrá, aunque los inversionistas apitutados y la prensa que los cobija, continúen pidiendo la salida del contralor y le pidan a ingenuos diputaditos que presenten proyectos de ley para intentar la impunidad en este tipo de negocios.

Finalmente, estaremos atentos a los arreglines que se incuban en la avispada oficina GPS, liderada por el ministro de Economía José Ramón Valente, disciplinado agente público que hace todo lo que su jefe, Sebastián Piñera, le ordena en función del sacrosanto crecimiento económico.