La municipalidad de Pudahuel desconoce la ley
Patricio Herman es Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad
En oficio 4477 (ver más abajo) del 1º de octubre de 2018 el Secretario Regional Metropolitano (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, ante denuncias formuladas por una concejal de Pudahuel, le solicitó al Director de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel un completo informe sobre las normas urbanísticas aplicadas en los loteos Ciudad de Los Valles e Izarra de Lo Aguirre, dándole un plazo perentorio para que respondiera.
El díscolo funcionario municipal optó por no entregarle a su superior jerárquico la información que se le solicitaba.
Este columnista conoce muy bien el desorden en materia de usos de suelo y de permisos de edificación mal otorgados en esa comuna y por ello el 31 de enero de 2019 se publicó en Ciper la columna que se aprecia en este link.
Ante la desobediencia del aludido DOM de Pudahuel, en oficio 1079 (ver más abajo) del 27 de febrero de 2019, el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Minvu le reiteró a ese DOM que le respondiera, dándole ahora un plazo de 5 días para que le entregara el informe técnico requerido.
Ese informe del DOM es indispensable para que la Seremi y la Subsecretaría del Minvu entreguen a la Contraloría General de la República los informes fundados que ese organismo de control les pidió hace un tiempo para atender varias denuncias sobre este tema realizadas desde el primer semestre del año pasado. Solamente esa DOM y los titulares de los proyectos objetados tienen copia de los planos aprobados y permisos entregados.
La elaboración del informe por parte del DOM dejará en evidencia las numerosas irregularidades de los proyectos denunciados, que comenzaron con la aprobación de los respectivos anteproyectos de loteo antes que entrara en vigencia, noviembre de 1994, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). En síntesis, se modificaron a la chilena las normas de un instrumento de planificación territorial intercomunal a través de loteos aprobados por la DOM, lo que excede por mucho las atribuciones de esa dirección municipal. Esas alegres decisiones locales son garrafales errores que hasta un novato estudiante de arquitectura en una universidad privada pudo detectar: ¿qué pasó con los experimentados arquitectos que contrataron los titulares de los loteos? ¿olvidaron todas las materias técnicas aprendidas?
El funcionario que ejerce el cargo de DOM en Pudahuel, según nos han informado algunos concejales probos, ha declarado que está a la espera del pronunciamiento de la Contraloría para eventualmente iniciar los procesos de invalidación de los permisos de diversos proyectos inmobiliarios.
En estos meses de obligada espera se aprobaron nuevos proyectos, finalizó la construcción de otros tantos, se ofertan en arriendo locales comerciales de un stripcenter y comenzó a funcionar un nuevo supermercado. Todas esas edificaciones son ilegales porque no cumplen las normas aplicables antes de noviembre de 1994.
También se está a la espera del pronunciamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que hace casi 24 largos meses comenzó a tramitar denuncias por el fraccionamiento de los loteos y otros proyectos. La Contraloría General de la República ya advirtió a esa superintendencia que esos plazos no son aceptables, ello producto de una investigación generada por la denuncia de vecinos sobre un caso muy similar a los loteos de Pudahuel: el proyecto Hacienda Batuco en Lampa.
Entre los proyectos denunciados está el nuevo supermercado Líder de Ciudad de Los Valles, tercera edificación irregular de Walmart Chile en la comuna, luego del Centro de Distribución Lo Aguirre y el supermercado Líder San Francisco, proyectos de la empresa Bodegas San Francisco, el stripcenter Punto Vivo del Grupo VivoCorp, cuya propiedad mayoritaria es de CorpGroup del Holding Grupo Saieh, y decenas de viviendas unifamiliares recientemente ofertadas en ambos loteos.
El alcalde está informado del asunto pues la Contraloría lo ha instruido desde agosto de 2018 para que comunique a los titulares de cada proyecto los reclamos por la juridicidad de sus permisos, pero no ha tomado ninguna medida preventiva ante esta grave situación. Aunque el lector no le crea, hasta el año 2017 ningún sujeto del sector público o del sector privado detectó lo relatado en este opúsculo, ni menos lo ha denunciado. ¿Estaremos ante una brutal colusión pública-privada para evadir el cumplimiento de la ley?
Creemos que sí y por ello le hacemos un público llamado a los locuaces dirigentes de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), al presidente de la Asociación Nacional de los Directores de Obras y a los miembros del ponderado Colegio de Arquitectos de Chile (algunos de sus colegiados han participado en proyectos denunciados) en orden a que emitan juicios sobre lo que sucede en Pudahuel, más aún si todos los anteriores son los más vociferantes respecto de los dictámenes de la Contraloría que han establecido las ilegalidades de varios permisos de edificación.
Estos dirigentes gremiales, con una temeridad nunca vista, proponen que todos los permisos por el solo hecho de contar con una autorización municipal, estén revestidos por arte de magia de una certeza jurídica y por tal motivo, con la improcedente complacencia del Minvu, han armado un cuento artificial, magnificado por la prensa tradicional, criticando entre todos a la Contraloría que es la única institución pública capaz de poner orden en el mercado inmobiliario.
