¿Por nuestro Bien?
"El Consejo para la Transparencia le ha solicitado a la Subsecretaria de Prevención del Delito que se pronuncie al respecto, para tener certeza de que se respete la confidencialidad de los datos y su buen uso".
Cristián Balmaceda es Alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales (Amur Chile).
La seguridad es el gran tema que nos atañe como sociedad en el último lustro, y ha sido enarbolada como un seria bandera de lucha de parte del Gobierno, y también por parte de los municipios de Chile, los que sin ser directamente responsables, ni recibir mayores presupuestos al respecto, una vez más nos hacemos cargo.
Consecuentemente a lo anterior, es que, como alcaldes, hemos estado buscando distintas alternativas para complementar las labores de seguridad que le son propias al Ministerio del Interior y las policías, entendiendo que más allá de diseñar buenas políticas públicas que sean un incentivo real a que la gente no caiga en hechos delictivos, debemos también concurrir enérgicamente a proteger a nuestros vecinos, y con ello mantener el orden y la tranquilidad en nuestras calles. Hace sólo algunos años sería impensable el nivel de inversión que se lleva adelante en seguridad a nivel local, y los nuevos diseños que han acompañado las mismas, como lo son los jefes de seguridad municipal, los concejos de seguridad comunal (donde también participan vecinos) y las coordinaciones cotidianas con el Ministerio del Interior, las policías, la intendencia, etc.
Siguiendo el mismo sino de los tiempos, se ha puesto al servicio de la comunidad una gran cantidad de tecnología que ayude a ser más eficientes, y tener más herramientas para entregarles luego a los fiscales, y puedan conseguir penas más concretas; en ese sentido las cámaras de seguridad han sido un tremendo aporte. Hoy en día y con las que contaremos por estos días en Pirque por ejemplo, es posible poder identificar claramente el rostro de una persona, su apariencia y vestimenta, etc. Claramente que hemos tenido que transar, y entregar algo de nuestra libertad y vida privada, para estar siendo monitoreados por un tercero. Esto por supuesto trae externalidades positivas y negativas. En el caso de la primera, es más bien obvia, ya que estamos más protegidos y seguros, pero en el caso de la segunda, y en la medida en que estas prestaciones tienen un mal uso, se puede afectar seriamente la vida privada de las personas, tal como ocurrió días atrás con una vecina de Quintero, la cual haciendo uso de su libertad, condujo su vida privada como mejor le pareció, siendo esto expuesto por las cámaras de seguridad, y posteriormente los videos llegaron a manos de su marido. Es importante recordar que el Estado hace juicios en base a la ley y la constitución, pero no en base a conceptos morales, eso queda para el juicio ciudadano y celestial.
Por esa razón es que a propósito de la implementación de drones de seguridad por parte del gobierno (en algunas comunas con más recursos estos ya se venían usando), el Consejo para la Transparencia le ha solicitado a la Subsecretaria de Prevención del Delito que se pronuncie al respecto, para tener certeza de que se respete la confidencialidad de los datos y su buen uso, pues sino las externalidades negativas, terminaran desacreditando a las externalidades positivas, y con ello una parte importante de nuestro actual sistema de seguridad.
Finalmente como en toda política pública, es necesario no solo que exista un buen diseño de la misma, sino también la cooperación, y buena voluntad de las personas para darle forma y materia.