La emergencia climática nos exige actuar
Catalina Pérez es Diputada y Presidenta de Revolución Democrática. Integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y miembro del Comité Asesor Presidencial COP25
La interminable sucesión de informes científicos de los últimos años lo ha demostrado y con nuestra experiencia diaria lo evidenciamos: hemos sido testigos de cómo nuestros ecosistemas se han ido dañando y cómo éstos han perdido las propiedades que los han caracterizado por siglos. En este escenario, Chile tiene la gigantesca oportunidad de organizar la COP 25, cumbre internacional que se ha establecido en los últimos años como la más importante reunión política para analizar y combatir el cambio climático.
Esta reunión nos debe llamar a la reflexión y a la observación de un hecho a todas luces innegable: la actividad humana es la causante directa de la grave crisis ambiental planetaria que estamos experimentando. Además, nos permitirá movilizar la voluntad de la comunidad internacional para generar por fin, las transformaciones necesarias para salvar nuestra especie de la extinción; restablecer el equilibrio en nuestros ecosistemas; y profundizar el debate respecto del modelo de desarrollo de nuestro país.
En el marco de este evento, el Gobierno ha buscado instalar un sello Blue COP, manifestando la intención de levantar la agenda de conservación de océanos. Lamentablemente, los océanos no forman parte de la agenda específica de negociación de la COP25. En esta línea, si lo que el gobierno desea es cuidar uno de los patrimonios ambientales más grandes de nuestro país, tiene entre sus manos una gran oportunidad: esta semana presentamos en el Senado junto a Oceana Chile y Plastic Oceans Chile, un proyecto de ley que busca descontaminar de plástico a los océanos y persigue limitar la generación de productos desechables de un solo uso, que en su mayoría van a dar al mar.
En relación a los plásticos, me parece esencial aclarar ciertos elementos del debate. El crecimiento del consumo de plástico ha sido vertiginoso en las últimas décadas, pasando de 15 millones de toneladas producidas en 1964 a más de 311 millones de toneladas en 2014. De ese total de material sólo el 14% es reciclado a nivel global, cifra muy por debajo de otros residuos como el papel (58%) o el acero (más del 70%). Según el reciente Informe GEO6 de Naciones Unidas, al menos 8 millones de toneladas son arrojadas cada año a los océanos debido a la deficiente gestión de desechos domésticos. Esto, tiene numerosos efectos nocivos, tanto para la salud de los organismos marinos como para la salud humana. Además, tiene negativas consecuencias en actividades como la pesca, el turismo y el transporte.
Los desafíos en esta materia para nuestro país son enormes: en Chile, cada persona genera 3,7 kilos de residuos plásticos al mes, y apenas se recicla el 2% de todo el plástico que generamos. Aún nos encontramos a la espera de que el Gobierno dicte el decreto que dará inicio a la aplicación de la Ley REP, principal instrumento legal de gestión de residuos aprobado hace ya casi 3 años. Este documento, permitirá establecer las metas de reciclaje para los envases y embalajes, es decir, una gran cantidad de residuos.
El año pasado, como Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, tuve la oportunidad de conducir la aprobación de la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas. Como diputada, aprobé esa moción parlamentaria que fue apoyada por el Gobierno, asumiendo que era un primer paso insuficiente pero necesario, para avanzar hacia la erradicación de los plásticos de un solo uso de nuestra economía. Sin embargo, desde su promulgación, he observado con preocupación que el debate ha vuelto a radicarse de manera preferente en el reciclaje, parte importante, pero no excluyente de una estrategia de residuos.
Personalmente, creo la decisión más relevante que debemos tomar hoy como sociedad es asumir colectivamente que hay ciertos productos que por sus efectos nocivos, simplemente no podemos seguir fabricando, materiales cuya peligrosidad hacen imposible su uso, y procesos o actividades económicas que debemos reducir drásticamente si queremos sobrevivir. No podemos centrar nuestra acción política en acuerdos voluntarios, como la estrategia de bombillas plásticas del gobierno o el recientemente anunciado “Pacto por los plásticos” en el que grandes empresas comprometieron disminuir su producción. La crisis ambiental es de tal envergadura que debemos dirigir los esfuerzos a definir un camino de medidas drásticas que aseguren un cronograma claro de disminución de nuestra huella ambiental.
¿Qué diferencia tiene en su impacto ambiental una bolsa plástica de una bombilla, un vaso de plástico o una bandeja de similar material? Para los océanos y los organismos que dependen de ellos, no existe una diferencia sustantiva y hoy tenemos la oportunidad para volver a retomar la senda de una visión amplia sobre el manejo de residuos plásticos. Hace décadas se popularizó el uso de las tres erres, refiriéndose a los conceptos de Reduce, Reutiliza y Recicla, como los hábitos de consumo que una persona ambientalmente responsable debía seguir.
Creo que en Chile discutimos mucho acerca de la tercera R, el reciclaje, pero no damos toda la importancia a las dos primeras, o incluso a la nueva R incorporada en años recientes, que señala que antes que todo debemos considerar el rechazo de consumo de productos que tengan un impacto nocivo al medio ambiente. Este año la COP y la protección de los océanos nos permitirá volver al debate sobre cómo evitamos la llegada de plásticos al mar; la respuesta está en pensar de forma más atrevida medidas previas al reciclaje, discusión en la que el Congreso Nacional debe estar dispuesto a dar.
Vivimos una emergencia climática y es el minuto de actuar.
