COP25, oportunidad y desafío
Debemos exigir al Gobierno un cronograma serio, compatible con nuestra posición como anfitriones de la COP25.
Si hay algo de lo que no cabe duda, es que diversos gobiernos, incluido el nuestro, parecen no entender aún la urgencia de la lucha contra el Cambio Climático, la necesidad de compromisos concretos y urgentes con el medio Ambiente y finalmente, la necesidad de un cambio cultural y político en esta materia, que nos debe acompañar de aquí para delante.
La COP25, cumbre mundial del cambio Climático, se realizará en Chile. Este encuentro, que estará en la lupa del mundo, requiere de una especial conducta de nuestro país, anfitrión en dicha cita planetaria. Este encuentro es en igual medida, una oportunidad como un desafío.
Y la primera oportunidad para Chile es mucho más simple de lo que pensamos: comprometernos, o mejor dicho, reiterar con firmeza nuestro compromiso con el principal objetivo de naciones Unidas en el sentido de evitar de aquí a 2030 que las emisiones de gas Invernadero terminen por llevar a sobrepasar en 1,5° la temperatura global.
Pero esta oportunidad, un necesario punto de partida, se enfrenta con lo ocurrido esta semana, en la cual hemos observado como el actual Gobierno ha planteado un Plan de Descarbonización que sólo podríamos catalogar de débil, que contempla el cierre de plantas de este combustible para el año 2040 y teniendo como meta ser carbono neutral al año 2050.
Lo anterior no está alineado ni siquiera con lo expuesto por el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC), que planteó una reducción de emisiones del 45% al año 2030. Tanto el mismo papel como el sentido común nos muestran que para alcanzar esta meta se requiere reducciones profundas de las emisiones del carbón. Una situación que, como país anfitrión de la COP25, no estamos en posición de poder obviar.
En diciembre del 2017, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ya había iniciado acciones para cerrar las primeras cuatro plantas de las 8 iniciales anunciadas, que tienen cerca de 40 años de antigüedad. De hecho, con anterioridad al anuncio presidencial de Sebastián Piñera, estas empresas ya habían comunicado públicamente la intención de cerrar.
Lo que parece aún más complejo es el hecho de que uno de los anuncios más urgentes, el cierre de dos de las cuatro plantas a carbón de la Zona de Sacrificio de Quintero-Puchuncaví, no tienen la misma urgencia en cuanto a su ejecución: el cierre está programado para 2024. Un hecho inaceptable, considerando que se trata de plantas que ya cumplieron su vida útil económica, pero también su vida útil técnica.
Esto no sólo demuestra la necesidad de tomar en cuenta acuerdos medioambientales internacionales, sino lo que resulta más obvio e igual de urgente, comprometerse con la ciudadanía en medidas inmediatas para solucionar gravísimos problemas que atentan contra la salud de la población.
Como parlamentarios debemos estar atentos además con otro hecho singular: la mantención que plantea el Gobierno para estas centrales térmicas, ¿se pagará con qué? Lo que se desprende es que se tratará de recursos públicos y por tanto deberemos revisar en forma concienzuda las condiciones de estos convenios, sobre todo tomando en cuenta las recientes medidas adoptadas en sectores como el eléctrico, donde los usuarios también salieron perjudicados.
La descarbonización de la matriz energética al año 2030 es posible. No podemos como país pensar que un plan debe limitarse a acabar con las plantas cuando alcancen su vida útil económica. Debemos exigir al Gobierno un cronograma serio, compatible con nuestra posición como anfitriones de la COP25, de lo contrario corremos el riesgo de ser sólo un detalle en el papel y no un efectivo agente de transformación en algo tan importante como la lucha contra el Cambio Climático.
