La eficiencia del Estado en las pensiones

La vejez, y en particular la longevidad, es preocupación permanente de la población, por razones de salud y de autonomía económica. La vejez lleva generalmente asociados problemas de empeoramiento de la salud, vulnerabilidad frente a las enfermedades oportunistas, agravamiento de enfermedades crónicas, riesgos de accidentes y otros. Asimismo, la vejez va acompañada generalmente con una disminución natural en la capacidad de generar ingresos o la ausencia total de ellos.

Cuando una persona y su familia han acumulado recursos económicos suficientes durante el período anterior al retiro (jubilación) esos recursos le permitirán solventar los gastos de la vejez adecuadamente, sin la necesidad de la intervención de terceros o del Estado. Sin embargo, cuando los ahorros o el patrimonio familiar o individual acumulado no son suficientes, el Estado puede intervenir para suplementarlos. También puede intervenir el Estado para desarrollar políticas y leyes que prevengan eficientemente que una persona llegue a la edad de pensionarse sin haber acumulado ahorros suficientes para mantenerse por cuenta propia, y eso se hace fomentando el ahorro.

Esto es lo que se estableció en 1981 cuando se realizó la reforma previsional sustituyendo el sistema de reparto por un sistema de capitalización individual, con pensiones mínimas garantizadas por el Estado. Muchas eran -y siguen siendo- las razones para cambiar de método de financiamiento de las pensiones desde el reparto a la capitalización. En esencia el sistema de reparto con cotizaciones y beneficios definidos tiene la característica de fijar ambos lados de la ecuación y acaba quebrando el sistema o elevando las cotizaciones a niveles en que en la práctica constituyen un impuesto al trabajo y afectan considerablemente el empleo sin lograr mejorar las pensiones.

Adicionalmente, cuando la población envejece y además las expectativas de vida aumentan, la carga tributaria para los trabajadores activos debe crecer y finalmente este espiral no puede sostenerse y los sistemas de reparto quiebran o son incapaces de cumplir las promesas de beneficios definidos y bajan las pensiones y comienzan a aparecer subsistemas de privilegio para los grupos más fuertes. En Chile la historia es esa, y son muchos los reportes que lo confirmaban, entre los cuales el más conocido es el de la Comisión Prat en los ’60.

Mientras en Europa la prensa expone el grave problema de la quiebra de los sistemas de pensiones financiados sobre la base del llamado método de reparto, en Chile algunos sectores pretenden incomprensiblemente volver al sistema anterior a 1981. Se dice que nuestro país no aprende de su historia, que no tiene memoria y repetidamente cae en los mismos errores. La discusión que hoy vemos entre nuestros políticos es la misma que ya se tuvo en los años ’40 en nuestro Honorable Congreso Nacional.

El año 1924 Chile se distinguía en el concierto latinoamericano por ser uno de los primeros en establecer un sistema de pensiones. Sin embargo, pocas personas conocen que ya en esa época Chile estableció un sistema de pensiones financiado a través de cuentas de capitalización individual. Sin embargo, veintidós años después el sistema presentó los mismos problemas que hoy le cargan injustamente a las AFP. En esencia, bajas pensiones. En aquél entonces se tomaron medidas y se hicieron reformas desoyendo las indicaciones que entregaban los análisis técnicos. Se focalizó la discusión en la entidad administradora del sistema y no en las verdaderas causas de las bajas pensiones. Copio textualmente un párrafo del informe de la Comisión de Trabajo del Consejo Nacional de Economía, sobre el proyecto de reforma a la ley 4054 en ese entonces sometido a la consideración del Congreso desde 1941. “Estas críticas (sobre las insuficientes pensiones) se dirigen en contra de la Institución misma y se arguye con frecuencia que la causa sería de responsabilidad de la Administración de la Caja; no obstante, el origen reside en la propia Ley, ya que los recursos (imposiciones), que se destinan a este beneficio no pueden permitir que se concedan pensiones de un monto sustancial; ……” La causa efectiva de las insuficientes pensiones era la insuficiencia del 2% de los salarios que componía la cotización, cifra con la que era “matemáticamente imposible constituir una renta vitalicia superior al 15% del salario después de 30 años continuos de imposiciones,…” Todos sabemos cuál fue la conclusión de esa discusión y cómo evolucionó el sistema hasta 1981. El Estado, en vez de tomar las decisiones adecuadas para mejorar las pensiones dentro de la concepción original, asumió la administración indirecta del sistema a través de las distintas cajas y estableció un sistema de beneficios y cotizaciones definidos financiados con un “impuesto” al trabajo formal.

El problema es hoy similar, sin perjuicio que las AFP han administrado adecuadamente las cotizaciones y los fondos de los trabajadores y han superado exitosamente todos los impactos de los mercados locales e internacionales, incluyendo la corrupción que ha afectado a muchas de nuestras instituciones, se las responsabiliza de la insuficiencia de las pensiones, cuando las causas reales de su monto radican en la insuficiencia del ahorro individual y la extensión de las expectativas de vida de los cotizantes. Ambas variables modificables por el Estado, sin que éste, viendo la evolución negativa de las variables que sustentan la acumulación de capital necesario para pensionarse a través de los años, se haya pronunciado para resolverlos, hasta hoy.

Llama la atención que el principal responsable de no haber hecho nada para resolver el problema por muchos años se esté proponiendo ahora para de administrar el 4% adicional de incremento en las cotizaciones. No sé por qué algunos asumen que ahora sí el Estado será eficiente en la administración de esas cotizaciones, cuando no lo fue en el pasado para resolver los problemas que afectaron las variables que debió administrar y reformar a tiempo.
A mí no me cuadra; quiero seguir teniendo libertad de elegir quién administra mis fondos. Tampoco me cuadra que la opinión pública no exija un mínimo de consistencia a quienes responsabilizan de las pensiones a las AFP como excusa para proponer en su reemplazo un sistema que está condenado al fracaso desde su concepción y en nada garantiza que mejorará las pensiones. No se está discutiendo el problema de fondo, sino un problema artificial. Quién administre el 4% adicional en nada mejorará las pensiones de los aportantes.