Comentarios y sugerencias al protocolo de acuerdo tributario

El domingo 23 de junio la Democracia Cristiana (DC) suscribió con el gobierno, un protocolo que contiene las condiciones que dicho partido exige sean cumplidas para que el proyecto de modernización tributaria sea aprobado en el Congreso.

No ha sido una tarea fácil lograr los votos para que este proyecto, considerado determinante en el programa de gobierno, resulte aprobado. Ha influido el hecho de que para determinados actores políticos, la Reforma del Gobierno de Bachelet logró que los ricos pagarán más (bajo la forma de hacerlos tributar en su tasa marginal con un 44,45%) y que la recaudación aumentara también significativamente. Incidió también que el discurso político del gobierno en orden a que la Reforma Tributaria (RT) dinamizaría la economía, no ha permeado al colectivo social, que ve el tema tributario como ajeno.

No olvidemos que la mayoría de los chilenos sólo conoce el IVA. No paga impuesto a la Renta, porque está en un tramo exento, o si lo paga no lo nota, porque lo descuenta su empleador. Además, cuando se negocia el sueldo, generalmente se acuerdan valores líquidos. Quienes sí notan los efectos de la RT son los empresarios, que han decidido seguir emprendiendo pese a lo atractivo que puede resultarles convertirse en rentistas. Es cierto que muchos de ellos han optado por vender sus negocios a extranjeros; otros – los menos – que venden bienes o servicios cuya demanda es menos elástica traspasan sus mayores impuestos a precio, y el resto, para no afectar lo que venían marginando y siempre que tengan espacio, optan por reducir su personal, lo que explica y justifica el aumento en el desempleo. Pero eso los votantes no lo perciben. No hacen el link. No relacionan, porque nadie se toma el tiempo de explicarles, que el mayor impuesto cobrado al empresario termina siempre en un mayor precio o en un mayor desempleo, y consecuentemente en un menor crecimiento económico. Por eso es que resulta tan relevante que las RT se hagan desde la realidad y no de espaldas a ella, y que participen los actores que tienen experiencia en la economía real y no sólo académicos o funcionarios, por muy destacados que sean curricularmente. Simplemente porque no saben ni pueden saber, por falta de experiencia práctica, lo que significa endeudarse para desarrollar un emprendimiento. Tampoco lo que implica tener trabajadores, pagar cotizaciones previsionales, retener los impuestos, etc. Lo que la gente ve -y lo que los políticos se encargan de mostrar- es la riqueza que algunos tienen. No ven el esfuerzo que hay detrás. Menos los fracasos.

Por todo lo anterior, es que conforta constatar que la DC opte por asumir un rol colaborativo, y que ponga al país como eje. Más todavía que el énfasis lo centre en que los que tengan más contribuyan más, pero de una forma tal que, por existir claridad y certeza, no se afecte ni comprometa la recaudación, no proliferen las posibilidades de eludir la ley, ni se vea debilitado el órgano fiscalizador.

Apelando a los postulados que plantea la DC, que se resumen en: (1) que los cambios que se hagan no reduzcan la recaudación fiscal, porque no debe debilitarse la capacidad que el Estado debe tener para financiar sus programas; (2) que tampoco afecte la progresividad, porque la idea es que quienes paguen más sean los que tengan mayores ingresos; (3) que no se debilite al SII en lo que respecta a la facultad que dicho organismo tiene para perseguir la elusión tributaria; y (4) que estos cambios impacten positivamente el crecimiento económico, es que me permito hacer las siguientes sugerencias específicas y debidamente justificadas:

1.- Que las empresas que facturen menos de 75.000 UF, se acojan por ley a la cláusula PyME, puedan optar por llevar o no contabilidad, paguen sus impuestos en base percibida (ingresos percibidos menos gastos efectivos), y que el impuesto que paguen por la Primera Categoría, que debe ser de un 25%, se recupere como crédito con derecho a devolución a los dueños.

De este modo se favorece en forma directa a las empresas que están en el segmento PyME, que son las que otorgan mayores empleos. Se hace bajo un formato diferenciador, que tiene completa justificación constitucional, porque la razón por la que pagan menos impuesto es por su menor capacidad contributiva.

2.- Que las empresas que facturen más de 75.000 UF, paguen por ley un impuesto de Primera Categoría de un 27% que sea crédito en un 100% contra el impuesto final de los dueños, pero que nunca dé derecho a devolución.

En este esquema, los dueños de las sociedades que reciben dividendos o hacen retiros de empresas que facturan más de 75.000 UF tendrán como crédito el impuesto que pagaron en su totalidad, sólo que si el impuesto terminal que deben pagar (porque hicieron menos retiros o los retiros que hicieron fueron asimétricos) es menor que el crédito asociado, no debieran tener derecho a devolución.

Con este esquema, se logra recaudar siempre que exista un retiro o un reparto de dividendos que resulte afecto al impuesto terminal, a lo menos un 27%. De este modo, no sólo se logra centrar la recaudación en quienes tienen mayor capacidad contributiva, sino que además se logran varios efectos económicos. Por de pronto mayor recaudación, porque el Fisco se hará dueño de al menos el 27% pagado por el retiro, aunque la tasa del impuesto final sea mucho menor; además un mayor flujo de riqueza para que circule, dinamizando la economía, ya que habrán mayores retiros. Ese flujo llegará al mercado de capitales o se traducirá en consumo de bienes o servicios. Habrá mayores compras de inmuebles sobretodo en la costa, campo y cordilleras. También mayores inversiones a título personal. Se comprarán autos más caros. Etc. Toda compra se grava con IVA y por lo mismo habrá mayor recaudación.

3.- Que las plataformas digitales retengan un 19% por cada transacción que realicen en la web, haciéndose responsable solidario de este pago el Banco que administra la tarjeta de crédito o la cuenta corriente con cargo a la cual se compran bienes o se contratan servicios por internet. Todo eso bajo un programa que permita identificar si el servicio se presta en Chile o fuera de Chile. Si es fuera de Chile, que el porcentaje se calcule solo sobre la comisión. Si es dentro de Chile, sobre el valor completo.

De este modo, si algún extranjero contrata bajo una plataforma digital una casa para usar en Chile, el Banco que recibe el pago, debe retener por sistema el 19% de IVA, atendido que esa transferencia reconoce como origen una actividad gravada en Chile. Al revés si un chileno contrata una casa en el extranjero, la retención debe hacerse sólo por la comisión. Si contrata UBER, por la intermediación -no por el viaje- debe haber IVA, que debe retener la empresa pagadora si es con tarjeta de crédito, y si es en efectivo la empresa de intermediación, la cual en cualquier caso deberá informar el flujo de viajes que se realizan con su plataforma. Si alguien utiliza la red para vender debiera aplicarse el mismo esquema, y presumirse siempre la habitualidad. Es el único modo de garantizar que el comercio se formalice y no exista un desplazamiento o migración desde la economía formal a la informal. El acento debe ponerse en la forma en que se fiscaliza, incorporando al sistema tributario expertos informáticos, toda vez que ahí está el futuro de la fiscalización.

El Servicio debe orientarse a estructurar un sistema de inspectores virtuales que fiscalicen las transacciones que se hacen en la web. Debe conformarse un equipo multidisciplinario que persiga el contrabando, la piratería y el comercio clandestino.

4.- Aunque está bien generar una institucionalidad que defienda al contribuyente, me parece que sólo marcar la necesidad de hacerlo implica cuestionar los procedimientos que el SII utiliza, pues significa que dicho organismo actúa arbitrariamente y necesitamos a otro órgano equivalente que nos defienda. Quizás no sea necesario este cambio, que supone emplear recursos, si el mismo SII mejora sus procedimientos, como en todo caso lo ha estado haciendo. Por ejemplo, favorecer y privilegiar los acuerdos, sobre todo cuando el contribuyente ha actuado de buena fe y no ha utilizado mecanismos dolosos. Además, generar en la Corte Suprema una sala especializada para que se haga cargo de toda la temática económica, entre ellas la tributaria, y que esté conformada por especialistas de distintas áreas. Nadie puede desconocer el esfuerzo que la mismas Cortes han hecho, para avanzar en especialización. Pero sabemos que la especialidad tributaria, supone un conocimiento técnico, contable y legal, que exige dedicación especial y actualización permanente. Lo mismo el tema del mercado de valores y en general todos aquellos conflictos de naturaleza económica.

5.- Finalmente, respecto de qué incentivos pueden estructurarse para favorecer el crecimiento económico. Sugiero, desde mi experiencia, los siguientes:

5.1.- Reconocer un crédito por investigación y desarrollo, que permita la devolución de impuesto aun cuando el resultado de la empresa sea negativo. Muchas empresas deben hacer estos estudios al inicio, esto es, cuando no han tenido todavía utilidades.

5.2.- Limitar el “market maker” a un año, más no eliminarlo, porque es un incentivo para que empresas familiares transiten a ser grandes compañías.

5.3.- Favorecer los emprendimientos familiares, excluyendo del Impuesto de Herencia los derechos sociales de las sociedades operativas. De este modo se garantiza que el negocio que da trabajo, siga operando.

5.4.- Excluir de los impuestos finales – no de Primera Categoría – los intereses por depósitos bancarios, a efecto de favorecer el flujo al mercado de capitales. Mayor disponibilidad bancaria implica mayor circulante crediticio con una menor tasa.

5.5.- Establecer un incentivo a quienes inviertan en el mercado de capitales. Hay empresas que cotizan por debajo de su valor libro y tiene poca liquidez y muchos proyectos en carpeta. Si se permitiera hacer aumentos de capital con acciones de pago, que sean deducibles de la base afecta al Global Complementario, ese negocio mejoraría radicalmente. Estructurar un mercado para las sociedades que no cotizan en Bolsa, y en las que se reconozcan beneficios a los inversores.

5.6.- Depurar los estados financieros de las sociedades, permitiéndoles descontar del patrimonio las cuentas por cobrar de más de un año con empresas no relacionadas. Debe establecerse que quienes opten por esta fórmula, no pueden pretender disminuir la base de impuesto u obtener devoluciones fiscales.