Más allá de una narrativa: políticas públicas para enfrentar el cambio climático

La Conferencia de las Partes (COP 25) se llevará a cabo en diciembre de este año, y más que un evento mediático, es una oportunidad para posicionar distintas reflexiones respecto a cómo se puede aportar para enfrentar conjuntamente la realidad ambiental.

Las causas del cambio climático apuntan hacia el modelo de desarrollo económico que aceleró la depredación del ecosistema, generando problemas complejos difíciles de resolver, y que -aunque parezca ilógico- el más mínimo aporte puede oxigenar nuestro planeta.

Por un lado, los primeros pasos son adquirir una sensibilidad sobre este tema, y por otro, unificar posiciones que aporten en la reducción de emisiones de C02. Esto significa que los protagonistas para lograr una transformación se ubican desde las comunidades hasta las autoridades y sus instituciones (nacionales e internacionales). Esto último, es clave cuando cada vez más se observan desastres naturales, contaminaciones en localidades, conflictos socioambientales y muertes por las alteraciones climáticas.

Las ideas son insuficientes y no basta con que Chile sea un anfitrión que recibirá a miles de personas para dialogar sobre un conflicto global, sino que debe acompañar su retórica con señales concretas como el cambio de políticas públicas ambientales, y particularmente, por nuestra dependencia económica de los recursos naturales.

Me refiero a que nuestro país y América Latina viven dos realidades. Por una parte, la tragedia de los comunes, es decir, que sufre un aprovechamiento inadecuado de estos recursos en la cual la sobre explotación avanza hacia su agotamiento y, por otra parte, la maldición de los recursos, paradoja sobre ¿por qué países ricos en recursos naturales crecen a tasas similares o más bajas que los países que no cuentan con ellos? Las propuestas normativas que regulan el cambio climático y/o relaciones medio ambiente-economía son necesarias más no suficientes para mitigar el conflicto, sino que se necesitan decisiones públicas integrales y sustantivas.

Los actores estatales tienen la responsabilidad y los recursos para asumir cambios en las políticas, ya que estas son la manifestación más concreta de los objetivos de un gobierno, sin embargo, los resultados no necesariamente son los esperados si es que existe una combinación incoherente de instrumentos.

En otras palabras, se esperaría que un gobierno preocupado de mitigar efectos climáticos tome decisiones políticas para (re)diseñar políticas públicas y ponga énfasis en acciones más conscientes de quienes deciden dentro del proceso, desde que se asumen objetivos gubernamentales hasta su resultado; se integren parsimoniosamente recursos públicos normativos, financieros, organizativos y de información; y se implemente una gobernanza ambiental, lo que implica una nueva relación con actores no estatales (sociedad civil y mercado) para que se involucren e influyan  equilibradamente sobre acciones públicas y ambientales, tanto de adaptación como de mitigación.

No se puede dar espacios a un doble estándar de las autoridades, sobre todo cuando el actual gobierno en reiteradas ocasiones ha sido contradictorio entre sus discursos y la práctica, y que además, ha actuado en un sentido diferente a las sugerencias que hacen los organismos internacionales, científicos y el mundo académico. Ejemplo de esto  es rehusarse a firmar el acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) o carecer de sensibilidad y respuestas ante conflictos socioambientales.

La COP 25 es un evento alentador y esperanzador, siempre y cuando, los anfitriones sean más desafiantes y se comprometan a tomar acciones a través de una gobernanza ambiental, de lo contrario, sólo nos enfrentaremos a narrativas y buenas intenciones.