¿Incomodidad por la labor de bien público?

Para este columnista los que sienten odio por otras personas padecen una grave patología, y al respecto reproducimos lo que dice Wikipedia sobre esa palabra : “El odio es un intento por rechazar o eliminar aquello que nos genera disgusto; es decir, sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa, o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. El odio se puede basar en el miedo a su objetivo, ya sea justificado o no, o más allá de las consecuencias negativas de relacionarse con él. 

El odio se describe con frecuencia como lo contrario del amor o el afecto. El odio puede generar aversión, sentimientos de destrucción, destrucción del equilibrio armónico y ocasionalmente autodestrucción, aunque la mayoría de las personas puede odiar eventualmente a algo o alguien y no necesariamente experimentar estos efectos. El odio no es justificable desde el punto de vista racional porque atenta contra la posibilidad de diálogo y construcción común…….”

Ahora bien, aunque no es de buen gusto hablar de uno mismo, me tomo la licencia de hacerlo y espero que sea la única vez, con el exclusivo propósito de relatar sucintamente una curiosa experiencia que tuve con una persona que me pidió una entrevista personal, quien se identificó como periodista de la agencia norteamericana de noticias Bloomberg. Me manifestó que me conocía por mis publicaciones críticas asociadas a los temas de urbanismo, vivienda, medio ambiente y patrimonio histórico y que, a pesar de tener él una relación con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se sentía libre para decidir entrevistarme únicamente para que la agencia Bloomberg la publicara más adelante.

Acepté con gusto porque era una buena oportunidad para decir lo que sucede en nuestro país. Nos reunimos hace unos tres meses atrás en mi casa  y conversamos de todo de manera muy grata, haciéndose énfasis en las políticas públicas existentes en Chile. En el ámbito de los mercados le expresé que, por la tradicional debilidad de la administración, los grandes actores que se desenvuelven en los distintos sectores de la economía abusan a destajo sin que sean reprendidos como se debe por las instituciones del ejecutivo ni por el poder judicial. La única instancia que se ha atrevido en cierta medida a ejercer su rol fiscalizador ha sido la Contraloría General de la República, con el resultado en su contra que la opinión pública ya conoce.

Le expresé que la CChC, influyente asociación gremial empresarial que tiene totalmente capturado al Estado, tuvo la habilidad con la complicidad de la prensa dominante, de armar un atractivo cuento a su favor respecto de la existencia de unos cuantos permisos de edificación ilegales, según los análisis de la Contraloría y algunos fallos de la máxima instancia judicial. Tuvieron el mérito de hacerle creer a la opinión pública que ellos son unas santas palomas que actúan de buena fe y que son las instancias públicas las que se equivocan. Estos empresarios dicen estar a favor de la autorregulación de los mercados, lo que sería imposible a la luz de las prácticas corporativas que emplean.

Sus dirigentes gremiales se fueron con todo en contra de los dictámenes del ente fiscalizador, no atreviéndose a criticar al poder judicial, ello porque para que tuviera éxito su estrategia comunicacional elaborada por eximios lobbystas, el enemigo tenía que ser solo uno, el contralor Bermúdez, a quien lo consideraban como el único causante de la incerteza jurídica de los permisos de edificación. La CChC sabía que un alto porcentaje de las denuncias hechas en la Contraloría correspondían a informaciones que terceros le hacían llegar a la fundación Defendamos la Ciudad, la que, con las mejoras y precisiones de rigor, se denunciaban en la Contraloría bajo su exclusiva responsabilidad para evitar las represalias en contra de aquellos informantes, por parte de los actores privados o agentes públicos involucrados en las trampas.

Dentro de la conversación, el entrevistador me formula la siguiente pregunta “¿por qué cree usted que los inmobiliarios lo odian tanto?”, ante lo cual quedé muy sorprendido y acto seguido le contesté que podría aceptar, por parte de aquellos, que sintieran alguna incomodidad por la labor de bien público que ejercemos, la que ellos consideran perjudicial para sus intereses comerciales, pero que encontraba un exceso que sus líderes de opinión confesaran sentir odio hacia mi modesta persona, quien por motivación personal acorde a los principios del libre mercado y respeto por la leyes, aporta mínimamente para que en este país no haya tanta corrupción, teniéndose en cuenta que nuestra contribución intelectual se hace ad honorem y sería valorada en los países serios.   

Quien firma esta columna sabe que los grandes empresarios inmobiliarios tienen como motivación esencial en sus proyectos de inversión la acumulación de riqueza y para ello utilizan cualquier resquicio o fórmula interpretativa para obtener ventajas, práctica que tiene el rótulo de “agresividad” en la explotación del recurso suelo. Muchos sostienen que con este tipo de empresarios tan temerarios se aumenta la absorción de mano de obra y por lo tanto se reduce la cesantía y que ello sería bueno para el país. A aquellos les reconozco sus habilidades y sus capacidades para tener tan buenas relaciones con los gobernantes de turno, no me gustan en absoluto sus comportamientos en los negocios, pero jamás podría sentir odio por ninguno de ellos.

Por último, he llamado al periodista de Bloomberg, preguntándole por la publicación de la entrevista, quien me respondió que la dirección del medio, en Midtown Manhattan, ciudad de Nueva York, USA, no se interesó en divulgarla. En todo caso quedé muy conforme con todo lo que le expresé al anterior, que es lo mismo que publico permanentemente en los medios digitales, sin saber hasta ahora si lo manifestado lo compartió con alguien de su círculo de amistades. Mientras tanto la CChC continúa ejerciendo su efectivo lobby para que el Congreso Nacional modifique la ley respectiva en orden a que los permisos obtenidos en las municipalidades tengan una bendición divina y por lo tanto no puedan ser objetados por nadie.