El apaleo tributario mediático

Con la investigación tributaria de las platas políticas, se multiplicaron los “especialistas” que ocupando distintas tribunas, apuntaron con el dedo a las empresas que financiaban políticos. Lo mismo hicieron con los políticos beneficiados, se les sindicó que se habían vendido al sistema. Ayudó a que contribuyeran a este verdadero incendio mediático, los mismos políticos, toda vez que mientras las pruebas apuntaban a sus adversarios, también políticos, no se reservaron ninguna opinión; por el contrario, incendiaron la pradera con declaraciones rimbombantes, en las que los políticos beneficiados eran unos verdaderos parias, y ellos el ejemplo a seguir.

Bastó que se investigará un poco, y aparecieron los mismos que predicaban y demandaban las penas del infierno, como beneficiados de este financiamiento irregular. La diferencia fue que éstos estaban en el poder y podían influir para acotar la investigación. Aunque hicieron el esfuerzo, el órgano fiscalizador actuó con un celo inusitado; tanto que el Subdirector Jurídico de la época era partidario de revisar las ayudas que se habían hecho a sus mismos Jefes –Ministro del Interior (Peñailillo), Ministro de Hacienda (Arenas) y Director (Jorratt) del Servicio de Impuestos Internos (SII)-.

Nadie ponderó en ese momento que las irregularidades eran inmateriales, y que todo podía resolverse fácilmente, como lo autoriza y permite la misma Ley. Sin embargo, la voluntad ciudadana expresada en las redes sociales e incentivada por los discursos incendiarios, sólo quería ver a los poderosos (empresarios), humillados y a los “políticos beneficiados”, marginados del sistema, porque habían vendido su voto y su decisión política autónoma a quienes los habían financiado. Es más, se revisaron las actas de tramitación de algunas leyes, y si el político beneficiado estaba de acuerdo con lo promovido por la empresa que lo ayudó, significaba que había sido cohechado. No importó que ese proyecto tuviese el voto mayoritario de otros políticos y que estuviese avalado por el mismo Ejecutivo. Tampoco que lo que las empresas hacen y seguirán haciendo es lobby, y eso implica juntarse con los políticos que no conocen las materias que legislan, para ponerlos al día de lo que significa lo que votan. Aunque no hay pecado alguno en eso, se armó un caso, que hasta ahora sigue en juicio.

Recuerdo todo esto a propósito del reportaje que se hizo por el tema de las contribuciones, donde situaciones de excepción se difundieron como si fuera política del SII mirar para el lado cuando se trata de poderosos y perseguir con ahínco a los pobres. Esa idea que se instaló en las redes sociales, no sólo no puede estar más lejos de la realidad, sino que si no se desvirtúa suficientemente tendrá consecuencias lamentables.

Tan lamentables como las que tuvo la investigación de las platas políticas, donde ciertos sectores políticos –con posiciones moderadas– debieron ceder su cupo a gente que habla desde la galería en base discursos demagógicos y carentes de todo sustento técnico. Votan desde la ideología y dándole la espalda a la realidad; total, el costo lo asume el país –menor crecimiento, mayor desempleo, menos inversiones, etc.-

El reportaje hecho por el canal nacional, en vez de enfatizar la gestión objetiva que ha hecho el SII en el área de avaluaciones y remarcar que, pese a ese trabajo existen situaciones que deben explicarse, lo que hizo fue centrarse en casos de excepción, que de resolverse en la forma propuesta por el mismo programa tendrá un efecto tremendamente perjudicial tanto para el medio ambiente como para la regulación inmobiliaria.

El SII ha hecho un excelente trabajo, y no lo digo yo, sino que las cifras, que es la voz con la que hablan las instituciones. Por de pronto los mecanismos de fiscalización que utiliza el SII le permitió en los últimos años, aumentar el giro por concepto de impuesto territorial desde $1,1 billones en 2015, a más de $1,38 billones en el 2018, lo que representa un crecimiento del 25,16%. Lo hizo, catastrando más de 7,9 millones de propiedades, que están distribuidas en todo el país. Más de 3 millones están afectas al impuesto territorial, y se actualizan periódicamente (solo en el año 2018 se realizaron más de 745.000 modificaciones a dicho Catastro).

En esta función el SII no está solo, actúa sobre la base de la información que le entregan las Notarías para el caso de las compraventas, el Conservador de Bienes Raíces al momento de la inscripción y las Municipalidades cuando otorgan permisos de edificación y efectúan el trámite de recepción de obras.

Que un terreno sea “no agrícola” no implica o no debiese implicar que por ese sólo hecho deba aumentar exponencialmente su valor. De hacerlo, obliga al dueño a tener que vender, por lo caro que implica construir. Al vender distorsiona el mercado y autoriza a que los nuevos dueños con el propósito de recuperar pronto su inversión, distorsionen los modelos urbanísticos diseñados para cada sector en los planos reguladores. Por eso, y no por otra cosa, lo determinante es el uso efectivo del predio. Es la única forma de compatibilizar el cobro que se hace por impuesto territorial con la realidad inmobiliaria de cada lugar.

Lo dicho, no obsta a que existan situaciones irregulares, pero muchas veces esos casos responden a lo difícil que resulta para el propietario regularizar las ampliaciones que hace en su propiedad. Si a los mandatarios Piñera y Bachelet les ha costado más de 5 años regularizar en el municipio la situación de sus propiedades, siendo ambos las máximas autoridades del país, no resulta difícil imaginar lo que le cuesta a una persona común y corriente hacerlo. Dificulto que las autoridades referidas, no hayan querido regularizar sus terrenos. Lo más probable es que lo hayan hecho, y que sólo la burocracia propia de estos trámites haya dilatado el resultado.

Hecho el trámite, el SII conoce por el Municipio la situación nueva de la propiedad, y en su mérito actualiza los valores. Lo que no parece justo para el resto es que por situaciones puntuales, se asuma que hay una política tributaria orientada a perseguir sólo a los que más tienen. Decir eso, y replicarlo es absurdo. Siempre hay situaciones anormales y gente que se aprovecha de cualquier vacío. Dificulto también que el SII no haya entregado la información que ahora hizo pública. Lo más probable es que la autoridad no haya querido ser entrevistada sin que previamente le informarán sobre lo que le preguntarían. No hay que ser Poirot, ni Maigret para suponer eso. Es peligroso dejarse entrevistar cuando no se tienen los datos ni los antecedentes que sí tiene el entrevistador. Puede incurrirse en contradicciones o aseveraciones que sean contradichas por esa información.

Sin perjuicio de lo hasta ahora señalado, creo que hoy, que se discute este tema, debiera avanzarse a repensar el impuesto territorial. Nadie puede cuestionar que quien tenga más, pague más. Tampoco que los metros cuadrados se valoren distinto según el sector en que están emplazados, y que incida en esa valoración, las características del material que se ha utilizado en su construcción. La discrepancia, y que no es con el órgano fiscalizador que se limita a aplicar la ley, sino contra quien hace la Ley, es que no regule situaciones especiales del modo que compete hacerlo a un legislador razonable y justo.

Por de pronto, el legislador no considera que hay propietarios que son jubilados y que su único activo es su propiedad, que por la ubicación en que está emplazada ha incrementado significativamente de valor. No se pone en el lugar de esas personas que carecen de los recursos necesarios para cumplir y por lo tanto, están expuestos a perder su propiedad por el embargo y posterior remate que puede hacer y de hecho realiza el Fisco. Nada impediría que los municipios hicieran un catastro de esas personas, y que se les eximiera nominativamente por el propio municipio, en base a una facultad que la ley debiera otorgarles. Evidentemente que debiera limitarse a quien acredite tener la calidad de propietario de esa única propiedad, y no estar en condiciones, por la renta que perciben, de pagar ese impuesto, el que no debiera representar un gasto mayor al 5% del total de su ingreso, considerando que por cada peso que gastan, ya le pagan al Fisco un 19% por concepto de IVA.

El legislador debiera también ponderar que existen emplazamientos como los que hay en Zapallar, Cachagua, Papudo, Reñaca, Pucón, o Vichuquén, que suben exponencialmente de valor como consecuencia de inversiones nuevas, que hacen que la superficie metral aumente. Como consecuencia de ello, la gente que no hizo esas inversiones, y que ha vivido por años en esos lugares, se encuentran con que sus propiedades, mismas que viven desde tiempos inmemoriales, por inversiones de terceros y no de ellos, aumenta su valor. Lo correcto, sería que el legislador excluyera del incremento predial, a la gente que sigue viviendo en el mismo lugar, y bajo las mismas condiciones que antes.