Una descentralización racional con sentido de urgencia

La descentralización constituye uno de los procesos de transformación político, social y económico estructurales, más significativos para que el país pueda dar un impulso hacia una transición al desarrollo y a uno que no solo trascienda a la concepción del desarrollo basada en la expansión del PIB, para convertirse en uno integral, inclusivo y sostenible, en una mirada holística, sino también en uno que vaya a la vez tras un conjunto de objetivos que impulse una estrategia de desarrollo para el país, que intenciones el progreso para la construcción de un país más humano, justo y con un modelo exitoso para abordar los 17 objetivos del desarrollo sostenible del pacto global 2030, que dote a nuestra economía de mayor competitividad incorporando valor a una matriz innovadora, que se soporte en una matriz energética carbono neutral, que aborde la emergencia climática, que procese adecuadamente los conflictos sociales medio ambientales, que contribuya a la democracia y la gobernabilidad a partir de una gobernanza más inteligente legitima y representativa, que termine con la segregación arbitraria y que eleve los estándares a la constitución y la declaración universal de los DD.HH en materia de igualdad en dignidad y derechos desde los bienes públicos que proporciona el Estado a sus ciudadanos, para contar con un modelo exitoso, que estimule el crecimiento económico como un medio insustituible, pero que pueda sostenerse en el tiempo.

Es que el centralismo es el peor de los rostros de la desigualdad y es que tenemos un estado no solo altamente centralizado y concentrado sino uno también brutalmente ineficiente en la asignación de los bienes públicos que proporciona el Estado y es por eso que luego de impuestos y transferencias el indicador Gini de Chile sufre variaciones muy menores y que nos sitúan junto a México en el contexto de América Latina como los que logramos menor reducción de la desigualdad luego de ejecutar el presupuesto del Estado.

Es así como vamos construyendo un país fracturado y que evidencia cifras deplorables, el promedio OCDE de presupuesto descentralizado en relación al presupuesto del Estado es de un 31% mientras el de Chile es de un 14,4% y en relación al PIB mientras Chile alcanza un 3,4% el promedio de la OCDE es de un 14,7%.

Pasando del diagnóstico a la política pública, debemos racionalizar el debate y definir objetivos, las políticas sin objetivos medibles definidos responden a una política imprecisa, basada en las buenas intenciones, el voluntarismo y la improvisación y por ese camino es imposible planificar el desarrollo y nos alejamos de un Estado que este realmente a la altura de un Estado propio del siglo XXI capaz de dar respuesta a los nuevos paradigmas.

La descentralización desde los territorios, tiende a verse desde una mirada reivindicatoria y emocional y la mala política frente a ese estimulo responde con populismo efectivita, priorizando la elección de gobernadores regionales, devenida en botín político, en vez de priorizar una descentralización que no solo traspase mayor autonomía, política, presupuestaria y administrativa a las regiones, si no que permita acompañar a la descentralización de una modernización del sistema de inversión que permita asignar mejor con más eficiencia y con objetivos más definidos, para reducir la pobreza por ingresos en el territorio, reducir las brechas de vulnerabilidad consignadas en la pobreza multidimensional y estimular el desarrollo de los territorios estimulando la implementación de territorios inteligentes en observancia a la agenda 21 de Río, enmarcada en el desarrollo sostenible del pacto global, suscrito por Chile, con miras al 2030, para dignificar y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotitas; no abordan la reforma constitucional, para dotar la descentralización de un marco institucional que permita cambiar el centro y eje de Poder que produzca una descentralización política real y no meramente formal, no hay un proceso jurídicamente vinculante en torno al traspaso de competencias estructurales y no discrecional; no hay un rediseño que favorezca en materia de regionalización el repensar una división política y administrativa que tienda a reducir las enormes desigualdades y que integre la vocación productiva, logística y exportadora de los territorios, para el desarrollo, que propenda a una mayor equivalencia; no se sustituye los criterios de rentabilidad social, para dejar de seguir postergando los pequeños asentamientos humanos ya postergados.

Es preciso apelar al sentido de urgencia ética y moral del gobierno, la comisión asesora anunciada en el mensaje del 1 de Junio no puede esperar más y las indicaciones y observaciones, entregadas en enero por la comisión asesora presidencial transversal, permanente para la Modernización del Estado, que recomiendan la postergación de la Elección de Gobernador deben ser acogidas.