Las reformas necesarias

Todos aspiramos a más. No podríamos condenar a nadie por aspirar a más; es la naturaleza humana. Sin embargo, vemos preocupantemente cómo una corriente creciente de ciudadanos ha comprado la idea de que ese anhelo de bienestar es un derecho incontrarrestable respecto del cual no caben restricciones ni obligaciones. No ven el bienestar como el resultado de esfuerzo individual sino como algo ya adquirido y permanente, irrevocable, que al Estado corresponde repartir como por arte de magia o alquimia.

Para quienes crecimos en un Chile de bajo ingreso per cápita en los 60-70 la escasez era nuestra realidad. Esa era la realidad de un país casi cerrado al mundo, sustituidor de importaciones, baja cobertura en educación, altas tasas de mortalidad infantil, etc. En el presente, en que damos por sentada la situación de la economía actual y en que estamos lejos de esa realidad pasada, no se cuestiona cómo es que llegamos aquí. Llegamos a la situación actual debido a que cambiamos totalmente nuestra estrategia de desarrollo en los años ochenta y luego se mantuvo así en las décadas que siguieron. 

Las cifras duras -independiente de la eventual inequidad en la distribución de la riqueza, tema que preocupa a muchos, y que es necesario abordar- indican que el ingreso per cápita del ciudadano chileno ha crecido 6.2 veces (en moneda de poder adquisitivo constante) entre 1990 y 2018 y ha crecido 25.3 veces entre 1962 y 2018. Sin duda el país en que vivimos hoy es totalmente distinto a aquél en que fue adolescente mi generación. Nadie podrá desconocer los esfuerzos que ha realizado el país para llegar al punto donde está hoy, expectante de llegar a los USD 30.000 per cápita en 2022 según el FMI, siendo el primer país latino americano en lograrlo dejando atrás a Argentina (USD 23mil) y Brasil (USD19 mil) para la misma fecha.

Pero parece que el éxito nos ha embriagado y empezamos a tomar decisiones propias de quien está en estado de intemperancia. Un ex ministro de Hacienda de la Concertación incluso llegó a preguntarse alguna vez “qué estarán fumando” nuestras autoridades económicas y el Congreso. Estamos perdiendo como sociedad las características que nos llevaron al éxito en un ambiente ebrio de derechos sin sus correspondientes obligaciones e ignorando imprudentemente las consecuencias de las decisiones que estamos promoviendo. Para muestras sólo algunos botones.

Sin duda la mejora del ingreso per cápita pasa por un país creciendo y por una situación de empleo que permita que más gente trabaje y mejoren las remuneraciones. No obstante, llevamos tiempo discutiendo una reforma tributaria que devuelva al país los niveles de inversión que se requieren para ambos objetivos los que lamentablemente se vieron afectados severamente por la mala reforma tributaria anterior, que ahora se espera mejorar.

Asimismo, hay al menos tres proyectos de ley actualmente en discusión, que si son aprobados en la forma que se pretende por sectores opositores (también incluso en la forma propuesta por el Ejecutivo), incrementarán el costo de la mano de obra a niveles que nadie puede suponer serán neutros para el empleo, al menos para el empleo formal.

Sin entrar en cifras, sino solamente en la dirección del impacto que las leyes en discusión causarán, del incremento en la tasa de cotizaciones para pensiones, del incremento en las cotizaciones que eventualmente  se derivarán de la reforma al sistema de salud y de la disminución en las horas de la jornada de trabajo, podemos sin temor a equivocarnos esperar aumentos en el desempleo o que provoquen caídas en las tasas de crecimiento del empleo. Dios nos pille confesados si se aprueban los tres proyectos de manera conjunta. Recordemos además que la gratuidad de educación superior se consume regresivamente parte importante de la mayor recaudación tributaria esperada. 

Para devolver al país el dinamismo de crecimiento, se requiere una reforma tributaria que fomente la inversión. En pensiones, para mejorar el sistema en el largo plazo, se requiere mejorar las tasas de ahorro y las formas de materializarlo. Lo mismo para la salud. Respecto de la jornada de trabajo, lo que corresponde es flexibilizarla de manera que una eventual reducción en la jornada para unos pueda ser resuelta con la flexibilidad de otros. Todo ello teniendo presente que la solidaridad debe ser una carga de la sociedad como un todo y no solamente de los asalariados a través de un impuesto al trabajo.

No es ese el tono de la discusión entre ejecutivo y legisladores y los ciudadanos debiéramos estar preocupados. Nada bueno puede resultar por el camino en que vamos encaminados. Esperemos que el actuar responsable de autoridades y legisladores y su obligación para con el país y sus ciudadanos enmienden el rumbo iniciado.