Delincuencia juvenil y posverdad
David Miranda es Director de Investigación Universidad SEK
En los últimos meses, hemos asistido a un debate público relacionado con la llamada “delincuencia juvenil” y la propuesta de nuevas reformas planteadas como prioritarias en la agenda de gobierno, como es el caso de la reducción de la edad de imputabilidad penal, el endurecimiento de sanciones a jóvenes que infrinjan la ley, o la aplicación de controles preventivos de identidad extensiva a menores de 18 años. Para realizar una reforma de esa naturaleza es imprescindible realizar una evaluación de la política pública, y un diagnóstico de la magnitud real del problema, como una forma de garantizar las tan anheladas “buenas políticas”, y tener evidencia sólida que dé un sustento a la nueva reforma.
En junio de 2007 se empezó a aplicar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, estableciendo la imputabilidad penal para jóvenes entre 14 y 17 años. Pocos años después, el estudio de la Defensoría Penal Pública denominado “3 años de vigencia. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, daba cuenta del aumento de los casos que involucraban a jóvenes en conflicto con la justicia. Sin embargo, de acuerdo a estadísticas del Ministerio Público, entre los años 2010 y 2018 los casos ingresados por actos ilícitos cometidos por jóvenes entre 14 y 17 años a nivel nacional disminuyeron un 34%. Por su parte, la Defensoría Penal Pública registra una baja del 36% de las causa – imputado ingresadas en el periodo 2010 a 2018 relativas a infractores juveniles.
En este estado de las cosas, cabe entonces preguntarse: ¿Qué motivos justifican la necesidad de legislar para intentar reducir la edad de imputabilidad penal, implementar el control preventivo de identidad o endurecer las sanciones que involucran a jóvenes entre 14 y 18 años?
Si revisamos los fundamentos del proyecto de ley “que fortalece el control de identidad por parte de las policías”, se señala que uno de sus para su aprobación sería que se observa un “aumento de adolescentes en la participación de delitos de alta connotación pública (…) tales como, robo con violencia o intimidación (22,8%); robo de vehículos (28,9%); y robo por sorpresa (19,7%)…”.
Dichas cifras omiten datos reportados por la propia Subsecretaría de Prevención del Delito: en 2018 los jóvenes entre 14 y 17 años detenidos por delitos de alta connotación social alcanzaron un 10,9% del total. Por su parte, el tramo entre 18 y 29 años, alcanza un porcentaje de 41% y, de 30 a 49 años, un 38%. En definitiva, uno de cada diez delitos de esta naturaleza corresponde a jóvenes entre 14 y 17 años, y ocho de cada diez se concentran entre 18 y 49 años. Todo ello, sin mencionar que, en los delitos de mayor connotación social, la participación de menores de 14 años no alcanza el 1%.
Es importante poner de relieve que, dadas las cifras, resulta contradictorio que la atención esté puesta en los jóvenes y no en adultos, dado que se trata del mayor problema de seguridad pública a la luz de las cifras. En tiempos de posverdad y la tentación siempre poderosa de los populismos (de izquierda o derecha), es responsabilidad de todos contribuir a un debate público fundamentado, considerando antecedentes estadísticos e históricos como insumos necesarios en la discusión de toda política pública. Sin ellos, muchas veces la sola percepción puede inducirnos a errores que, a la larga, podrían ser más complejos que aquello que se dice combatir.
