Manifestaciones ¿Pacíficas?

El propósito de esta columna es revelar la evidente contradicción entre lo que veo en las calles y el discurso de muchos políticos de izquierda y de derecha, así como la insistencia francamente ofensiva al sentido común, de algunos voceros y comunicadores de medios, en cuanto a referirse majaderamente a las manifestaciones que hemos vivido, más bien que hemos sufrido, con el calificativo de “pacíficas”. Es una contradicción que me rebela.

Las manifestaciones no autorizadas que hemos visto en la calle estos días NO son pacíficas. No solo no lo son, sino que violan los derechos del resto de los ciudadanos que no participan en ellas, entre los cuales están el derecho a circular libremente para ir a trabajar o estudiar y a volver a sus hogares, el derecho a la seguridad, al merecido descanso luego de una agotadora jornada en lugares distantes del hogar, a la libertad de culto y a tener lugares para ello y el derecho de propiedad y al goce del resultado del esfuerzo personal, el derecho a la honra, entre otros.

Entendámoslo, las manifestaciones no autorizadas y claramente no espontáneas que hemos sufrido, sin responsables conocidos, pero evidentemente con organizadores, NO son reuniones pacíficas. Se ha faltado a la verdad, se ha faltado a la moral, se ha violentado el orden público, se ha destruido lugares de culto, negocios de pequeños comerciantes e industriales, se han perdido miles de trabajos, familias han perdido su sustento. Se ha destruido infraestructura, que permitía a personas, especialmente a los más pobres, ir y venir de sus trabajos, circular por una ciudad segura y tener espacios públicos de recreación tan necesarios. Se ha pretendido impedir que la población pueda abastecerse, etc. Se ha violado sistemáticamente los derechos elementales de quienes no participan de ellas, que son la mayoría.

Quiero ser preciso, cuando una manifestación no está autorizada no es pacífica. Cuando está autorizada la comunidad, a través de la institucionalidad vigente, cede un espacio para que los manifestantes puedan expresarse y se coordina con los responsables del orden público. Una vez autorizada se garantiza la seguridad de quienes marchan así como los derechos del resto de la comunidad.

Quienes hacen abluciones con los derechos de los manifestantes habitualmente no hacen mención que la Declaración de DDHH establece en su final, no un último derecho, sino un deber. Éste establece, que en el ejercicio de sus deberes y disfrute de las libertades, la personas estarán sujetas a limitaciones establecidas por la ley con el sólo propósito de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y el bienestar general en una sociedad democrática, umbrales de respeto que nadie podría sostener que los manifestantes satisfacen. Estos son deberes del mismo nivel que los derechos. Los derechos de quienes no se manifiestan son igual de importantes que los de aquellos que se manifiestan y el Estado es responsable de garantizarlos ambos. Sin embargo, el celo de algunos políticos de izquierdas y de derechas por garantizar los derechos de quienes marchan no se ha visto ejercido con el mismo convencimiento respecto de los derechos del resto de la comunidad.

Sostengo que las manifestaciones no autorizadas son por definición, NO pacíficas. Lo “pacifico” se refiere a situaciones de tranquilad, de sosiego, que no provocan luchas o discordias, atributos que las manifestaciones no autorizadas claramente no tienen, pues alteran el orden público y se constituyen en el barbecho de los desmanes que les siguen. Constituyen una simbiosis inseparable, la una ha seguido irremediablemente a la otra.

La palabra “violencia”, está definida como actuar con ímpetu y fuerza, dejarse llevar por la ira, actuar con intensidad extraordinarias, usar la fuerza física o moral, y también verbal. Es violento lo dicho o escrito, cuando ello es falso o torcido. Todo ello lo vemos con preocupante frecuencia en algunas pancartas en las manifestaciones, así como en algunos programas en algunos medios.

Sin cuestionar el derecho a expresarse de los ciudadanos, no seamos hipócritas, devolvamos a las palabras su real significado evitando el doble estándar. Encaucemos el derecho a expresarse a través de la institucionalidad democrática que nos hemos dado y que consagra la Declaración de las Naciones Unidas como el sistema en que han de garantizarse los derechos humanos. Esa institucionalidad, la Democracia, cuenta con mecanismos para canalizar las expresiones ciudadanas. El doble estándar que establece como cultura, que somos iguales, pero quienes comparten mi ideología son más iguales que los otros. Cualquier modelo con personas que no tiene valores, que no son empáticos con el prójimo, que sucumben a la codicia o a la envidia, está condenada irremediablemente. Se ha instalado un doble estándar revolucionario como un valor aceptable. Estamos aún a tiempo de salvarnos de esa selva.

Condenemos sin reservas la violencia. No prestemos ropa a los violentistas prestándonos de comparsa a sus embozadas intenciones antisistema. No asilemos ingenuamente a los destructores de la institucionalidad y volvamos nuestras expresiones y aspiraciones al cauce democrático. La democracia no es un constructo de valores hegemónicos de la burguesía, sino el sistema que nos garantizará la posibilidad de una convivencia fraterna entre los chilenos. Exijamos a nuestros dirigentes que asuman el liderazgo que el país reclama.

Que no nos pase lo que sucedió al león enamorado en la fábula de Esopo, quien, para congraciarse con el padre renuente a aceptar su relación con su hija, se allanó a sacarse los dientes y las garras por amor a la muchacha, pero cuando volvió a presentarse ya indefenso ante el renuente padre, éste lo mando a apalear. Defendamos la democracia.