Obsesión Constituyente

En una maratónica jornada, el pasado viernes en la madrugada las fuerzas políticas que se encuentran entre el Partido Socialista y la Unión Demócrata Independiente– sumado a algunas personas del Frente Amplio– firmaron un Acuerdo por una Nueva Constitución y por la Paz Social. Este acuerdo, básicamente, daba inicio al proceso constituyente y determinaba los pasos a seguir en la redacción de una nueva constitución, de ser aprobada esta idea en un plebiscito de entrada que será realizado en abril del próximo año.

Este acuerdo político, sin embargo, no ha tenido el correlato esperado en lo relativo a la Paz Social. Basta con ver los incendios que consumieron varias hectáreas y casas en Valparaíso –todo indica que fueron provocados intencionalmente– como también la permanencia de movilizaciones, manifestaciones de violencia, enfrentamientos con carabineros, saqueos, entre otros hechos que están lejos de ser reflejo de haber logrado la “paz social”. Sin perjuicio de que el acuerdo adoptado en el congreso incluyó a fuerzas de centroderecha y de centroizquierda, se hace necesario hacer un análisis más profundo del tema constitucional, especialmente en su variante política.

La idea de una nueva constitución para Chile no es nueva. Sectores de la izquierda socialista y radical llevan ya varios años promoviendo e instalando en el debate público la necesidad de una nueva constitución para Chile, generalmente, tras la realización de una asamblea constituyente. Uno de los grandes promotores de esta idea –que hoy se muestra crítico del acuerdo, pero que mientras este se negociaba se paseaba por los pasillos del congreso asesorando– es Fernando Atria. Ya en 2013, en El Otro Modelo: del orden neoliberal al régimen de lo público, se señala que “la manera en que entendemos los llamados a una asamblea constituyente es que el país necesita contar con un nuevo “momento constitucional” (…), es decir, un hito en la historia nacional en que se reconoce que es necesario revisar profundamente las instituciones que regulan la forma en que se desarrolla la política ‘normal’”. Paradójicamente, tanto el profesor Atria como Alejandro Guillier, que promovieron el cambio constitucional, fueron duramente derrotados en las urnas en las últimas elecciones que tuvimos en Chile.

Como bien ha señalado el constitucionalista Sebastián Soto en una exposición en enero de 2019, es relevante comprender que no se trata de un simple cambio de constitución, sino que “la constitución es la micro que se toma cierto pensamiento ideológico chileno para hacer un punto político; lo que se busca es, con ropajes constitucionales, romper el modelo”. El consistente trabajo político que ha hecho esa izquierda por instalar el tema constitucional ha dado frutos. Los graves hechos de violencia que comenzaron con los atentados al metro, a los que luego se sumaron las movilizaciones sociales que se han producido en el último mes generaron el “hito” que ya señalaba Atria hace 6 años.

Obviamente, redactar desde una “hoja en blanco” una nueva constitución no es gratis. Primero, porque la agenda social y las urgencias ciudadanas como mejores pensiones, potenciar el sistema de salud y reducir los costos de vida de los más vulnerables han sido dejados evidentemente en segundo lugar. Luego, porque implica iniciar un proceso que contará con un plebiscito de entrada, una convención constituyente –totalmente elegida o mixta– y luego un plebiscito de salida, trámite que demorará a lo menos dos años, implicando gasto público no solo en los hitos electorales, sino también en la difusión de información y el financiamiento de la convención (¿cuánto le pagaremos a los constituyentes?). En definitiva, se trata de más gasto político –que se suma a los varios ministerios, subsecretarías y divisiones que se han creado en los últimos años– y nula preocupación por la agenda social.

El acuerdo constitucional es un verdadero zapato chino. No sólo porque no está claro qué pasará si el texto final no es acordado por ⅔ previo al plebiscito ratificatorio, sino también porque los ⅔ en el resto de los temas pasarán a ser un 50%+1. Es decir, asuntos tan relevantes como la autonomía del Banco Central o del Ministerio Público podrían quedar sujetos a mayorías circunstanciales de un próximo congreso. Sin embargo, lo peor de todo esto son las falsas expectativas que se están instalando: las graves urgencias sociales no serán solucionadas por una Nueva Constitución.

Por una mezcla de juegos ideológicos y cesiones políticas poco inteligentes, con la obsesión constituyente terminaremos con la Constitución que mayor estabilidad política y éxito económico y social ha dado a Chile en su historia, y no daremos solución alguna a las problemáticas que legítimamente denuncian los más vulnerables de nuestro país.