El final del túnel

Han sido semanas agitadas tanto para nuestro país como para todo el continente. Chile, otrora ejemplo de estabilidad institucional en la región, ha desfilado por los noticiarios del mundo exhibiendo llamativas escenas de violencia, vandalismo y por qué no decirlo, terrorismo.

Sufrir la quema de edificios, estaciones de metro y ataques preparados a cuarteles policiales, recintos militares e iglesias nos expuso a situaciones que no eran imaginables en Chile durante la semana anterior al estallido.

“Es la respuesta esperable a un sistema violento” esgrimieron algunos tratando de justificar la violencia y de humanizar al capucha que con una periodicidad y constancia que desanima, enfrenta a Carabineros y participa de saqueos a negocios, pequeños y grandes sin distinción. Los chilenos sufrimos su justicia proletaria todos por igual. Esta defensa o justificación al actuar de los violentos por parte de políticos y participantes del debate público, ha dificultado el camino para el actuar del Ejecutivo, de las policías que dependen de él y luego, propició el camino para que siguiera el caos y la delincuencia.

Tanto o más preocupante que la relativización que la izquierda hace de la violencia, es la percepción en una parte de la juventud de que el dañar al sistema con destrozos y paralizaciones es una forma válida de expresión política y de presión puesto que así, el sistema respondería y cedería ante las demandas. Para parte de ese grupo, esto sería incluso un mecanismo transitorio para derribar al sistema por completo y no solo para hacerlo ceder ante un listado específico de demandas dentro de su agenda ideológica.

Esta cruda realidad, que en otro contexto habría sido tildada de conspiracional y caricaturesca por gran parte de la oposición, ha pasado la cuenta duramente. Se habla de más de 300.000 empleos destruidos, costos de reconstrucción sobre los 4.500 millones de dólares según la CChC y una baja preocupante de la inversión. Lo anterior, por mencionar algunas cifras que en ningún caso logran reflejar a cabalidad lo que muchas familias han tenido que vivir estas semanas, ni lo que aún queda por sobrellevar.

Pese a la compleja situación, hoy se logra vislumbrar una luz al final del túnel. Un gobierno que ha sido duramente criticado, por opositores en el marco de supuestas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por adherentes al no poder mantener el orden público, ha logrado acercar posturas con parte de la oposición en un sentido: el piso político al uso de la fuerza legítima por parte del Estado para defenderse y defender a la democracia.

Cuando estalló la movilización antisocial, aquella que comenzó con evasiones y rápidamente decantó en vandalismo; quemas y saqueos, fue seguida por la movilización social que en su peak contuvo a la marcha con mayor convocatoria en la historia de Chile. Esta convocatoria y toda la atención que produjeron estos hechos inéditos de violencia fueron una oportunidad irresistible para las diferentes izquierdas de enarbolar la calle y tratar de impulsar sus agendas históricas que hasta esta fecha no han logrado una victoria en las urnas. Así llegamos al proceso de una nueva constitución que, de paso y como era sabido, no terminó con los desmanes.

Lo que obvió la oposición en su minuto, pese a que se escuchó con frecuencia en el debate público, es que el costo de seguir enarbolando la calle y validando la violencia al no hacer una rotunda condena iba a pasar la cuenta. Finalmente actores que se resistieron a apoyar al jefe de Estado para defender a la República de los embates vividos, tuvieron que ceder. Poco a poco se han visto alcaldes, parlamentarios, académicos y figuras históricas de la izquierda, como también personajes públicos como conductores y comentaristas generalmente partícipes de un buenísimo inocente y en algunos casos abiertamente promotores de manifestaciones, aceptando la dura realidad. Hay que volver al orden y recuperar la paz o esto podría escalar hasta niveles impensados. Historiadores ya se refieren a estos hechos como La Revolución de Octubre.

Con el respaldo transversal al uso de la fuerza legítima y al rol del Estado, esperemos que este gobierno tenga el piso político, la convicción y la determinación para utilizar, finalmente, todas las herramientas y recursos necesarios para garantizar el imperio de la ley y el derecho de los ciudadanos a vivir en paz.