¿Por qué se van?

Nadie puede desconocer que el Estado de Chile ha sido incapaz de reestablecer el orden y que el costo lo asumiremos todos, pero especialmente los que menos tienen, que son curiosamente los mismos cuyos derechos “defienden” los anarquistas y extremistas en sus dantescas y violentas manifestaciones.

Desde ya y para que lo entiendan los lectores, el gasto social se financia con impuestos, los que se recaudan cuando quienes emprenden -que no son ni los funcionarios que trabajan para el Estado ni los políticos- obtienen ganancias en sus negocios. Si no tienen ganancia, no hay impuesto y consecuentemente, ingresos fiscales. Cuando eso ocurre, los Estados deben utilizar el ahorro – si lo tienen – o endeudarse. No hay otra opción. La magia no existe. 

Por eso es que los países diseñan políticas destinadas a favorecer a quienes invierten. No lo hacen porque les importe ayudar a que los ricos sean más ricos, sino simplemente porque si ellos invierten, los pobres serán menos pobres, ya que habrá trabajo y existirán planes sociales debidamente financiados.

Todos los gobiernos, procuran que sus ingresos aumenten para disponer de mayores recursos, los que dependiendo de la ideología que presida las decisiones, se destinarán a distintos objetivos, como son: infraestructura, seguridad, educación, salud, previsión, etc. 

El problema es que los que invierten, con recursos que son legales, tienen terror a que el gobierno sea incapaz de imponer coercitivamente el Derecho, toda vez que si no lo hace, existe el riesgo de que cualquier populista avalado con un discurso panfletario de clases, cautive al electorado, normalmente ingenuo y poco ilustrado.

Los dueños del dinero saben por experiencia histórica que cuando eso ocurre, lo que normalmente sigue son políticas orientadas a quitarle al que tiene – no una parte de lo que gana, que son los impuestos – sino lo que derechamente produce la riqueza, que es el capital.

Por eso es tan relevante el orden y la paz social. Cuando no hay garantía ni protección, se produce una emigración o fuga de capitales, la que también e inexorablemente se produce cuando los actores políticos son pocos serios y no dan garantía de estabilidad.

Chile hasta hace un tiempo daba confianza, principalmente porque había dos fuerzas políticas que representaban por lejos a la mayoría de los ciudadanos, que tenían diferencias pero que no eran significativas. 

Hoy sin embargo, y con el cambio de sistema electoral, que se hizo para darle un cauce institucional a quienes no estaban representados, irrumpieron actores que extremaron su discurso, promoviendo la sustitución del modelo. 

Lo hicieron sin reparar en que éste modelo no se autocontrola y exige para que funcione, que las reglas se cumplan, por todos. 

Desde ya supone que no exista monopolio, ni abuso de posición dominante ni aprovechamiento de información privilegiada. Requiere que las instituciones ejerzan, y bien, sus atribuciones; que los jueces hagan su trabajo, aplicando las leyes que existen y no las que ellos consideran que debieran existir. Requiere que el gasto se utilice correctamente y que las platas públicas no sean malversadas. También que la policía aplique correcta y oportunamente la fuerza y que su jefatura esté legitimada. Que los Fiscales persigan los delitos y que los políticos hagan las leyes pensando en el país y no en quien les financió su campaña. Exige finalmente de funcionarios públicos probos y competentes, y de un Ejecutivo que tenga conexión con la gente.

En Chile el modelo no sólo no se controló sino que se desbandó. Los extremistas que tienen como referente a Venezuela y Cuba, países en los que el poder económico está reservado no para quienes emprenden sino para los que gobiernan y sus amigos, aprovecharon esta negligencia culpable de todos, para exigir derechamente el cambio de modelo, lo que explica y justifica la salida de capitales y la que todavía no ha sido tan amplia como podría ser, porque aún hay empresarios que conservan su fe en que la racionalidad de quienes detentan el poder, se impondrá.

Chile no sólo puede evitar que los capitales emigren sino que además lograr que quienes se han ido, vuelvan o ingresen otros que los reemplacen. Para eso requiere sí y como condición necesaria, reestablecer el orden y castigar la impunidad de todos los que se han servido de las manifestaciones para saquear, destruir, incendiar y violentar la propiedad pública y privada. También a quienes han maltratado a nuestra fuerza policial. No puede resultarles gratis lo que han hecho, y eso independientemente del pretexto o justificación que hayan tenido.

Una vez que eso se logre, el Estado debe avanzar en corregir sustancialmente su modelo, para que los abusos y excesos que han existido, se castiguen y todos los chilenos puedan educarse bien y acceder a las mismas oportunidades que el resto. Lo determinante es que todo eso ocurra, en el marco de un sistema que recaude en base a una estructura tributaria que amén de progresiva, sea simple, democrática y cumpla con los estándares de suficiencia, flexibilidad y comodidad que los hacendistas reclaman.