¿Se nos apareció marzo?

A fines de octubre un ejecutivo de una empresa me señalaba lo improbable de una nueva constitución, argumentando las desventajas y riesgos que ello implicaría. Dos semanas después los partidos políticos con representación parlamentaria, salvo el PC, llegaban a un primer acuerdo para un proceso constituyente. La anécdota refleja la necesidad de que las empresas asuman con mayor la tarea de construir escenarios de largo plazo con nuevas variables, algunas interrelacionada, para sus procesos de toma de decisiones. Desde el 18 de octubre parecen acelerarse algunas opciones y es necesario anticipar cursos de acción más allá del corto plazo.

Sostenidamente en los últimos tres meses las encuestas han venido señalado que la adhesión a una nueva constitución (67% según encuesta CEP). Algunos políticos y analistas plantean la posibilidad que las dificultades en la mantención del orden público y los efectos económicos que ello ha tenido, pueden mermar ese apoyo. Desde esa línea de análisis, Marzo se instala en el horizonte como un mes clave para muchos, especialmente durante su primera quincena: retorno de los estudiantes a las aulas; celebración del Día Internacional de la Mujer y el segundo aniversario del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Las empresas tienen dos opciones para sus decisiones: evaluar escenarios específicos (el que se abre o cierra en marzo) o bien uno más amplio que tiene cauces interrelacionados. Este año aproximadamente 16 mil candidatos harán campaña para un asiento como concejal, alcalde, consejero regional, gobernador y –eventualmente- delegado constituyente. Un escenario con una agenda abierta (temas y actores); extensa tanto en territorialidad (todo el país) como en tiempo (2020 – 2023. Se cruzarán demandas concretas respecto de medio ambiente, ciudad, vivienda, calidad de vida, desigualdad, transporte, contaminación, etc. con temas propios del debate constituyente como derecho de propiedad en general; propiedad, uso y protección del agua; rol del estado; derechos garantizados éste (seguridad social, salud, educación, etc.), entre otros. Todo lo anterior, teniendo en vista la agenda que impondrán los candidatos a parlamentarios y presidenciales de cara a las elecciones de 2021. Dos años de discusiones intensas y fundacionales.

Un buen ejemplo de estos debates interrelacionados es lo sucedido con el rechazo en el Senado al proyecto que buscaba consagrar constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bien nacional de uso público. Tras ello los senadores de oposición y ONG´s ambientalistas lo pusieron como un ejemplo de la traba que impone la Constitución actual en la protección del derecho humano al agua. Será probablemente un tema icónico en una eventual convención constituyente

Un segundo desafío tiene que ver con su relacionamiento con quienes participan de este debate público. El desprestigio de ciertas instituciones y de la clase política en general, obliga a diseñar mapas de stakeholders más amplios e inclusivos. Las redes sociales y la necesidad de contenidos que sintonicen con las demandas de sentido de las personas han abierto un espacio a líderes de opinión, sin participación en organizaciones políticas formales, pero con creciente con peso e influencia en las discusiones públicas. Su rol será importante en el proceso constituyente, ya que sea como protagonistas directos o bien como “influenciadores”.

Más allá de marzo se viene un tiempo que señala riesgos, pero también de oportunidades de que permita a las empresas ser parte de un debate y compartir su propuesta para la definición de temas que serán claves en la definición de un modelo de desarrollo.