Debate Constitucional y Post-Verdad

El concepto de Post Verdad es el padre del debate constitucional por el que pasa nuestro país. Este concepto cuenta con múltiples definiciones; el diccionario de Oxford lo define como “las circunstancias en las cuales los hechos objetivos son menos influyentes en formar la opinión pública que los llamados a las emociones y a las creencias personales”. Por su parte, quienes niegan la posibilidad de apreciar los hechos objetivamente y se centran en los métodos para determinar la existencia de verdades momentáneas, señalan que la post verdad se da en aquellas circunstancias en que se toma por cierto un hecho sin analizarlo a través de los métodos aceptados. Por esto, la post verdad se opone a las élites científicas (Fish, 2019). Por mi parte, me limitaré a definir la post verdad como aquella actitud vital en la que quien habla lo hace a una audiencia donde ninguna de las partes está realmente interesada en la verdad de los dichos, sino solo preocupada de que lo que se dice confirme sus prejuicios.

Esto es lo que ocurre en Chile, donde ciertos sectores han abierto un debate constitucional repitiendo una serie de consigas que no encuentran asidero en la realidad. El caso del agua es paradigmático: se dice que Chile tiene un sistema único en el Mundo, nacido de la Constitución del 80, que permite y avala la especulación, dejando a muchos chilenos sin acceso al vital elemento. Sin embargo, todo eso falso: el sistema chileno es similar a los de aquellos países que enfrentan características hídricas similares; data de los albores de la República y el Derecho Romano; sanciona a los especuladores; garantiza el acceso humano con mecanismos sumamente eficientes -nuestro país es de aquellos con mayor cobertura de agua potable a nivel mundial. Lo mismo se puede decir del debate sobre la desigualdad; donde se dice que Chile es “el” país más desigual del mundo y que no hay movilidad social, siendo que se ha medido una movilidad social alta a nivel mundial, superior a la de países como Francia (Sapelli, 2016), y que Chile ocupa un lugar medio en los niveles de desigualdad. Tampoco se preocupan por la verdad aquellos que dicen que si se reconocen derechos sociales en la Constitución y se dan mecanismos para su exigibilidad, mejorará la situación de los más pobres, pues existe copiosa experiencia internacional en contrario (Law y Versteeg, 2013, y Gardbaum, 2008).

El imperio de la Post Verdad en el debate se vuelve patente cuando, por un lado, se analiza donde se informan y nacen las opiniones de los chilenos. Así, de acuerdo con la última encuesta CEP, los chilenos parecen no confiar en ninguna figura autoritativa, y las mejor evaluadas son las radios con un 29% de confianza y las redes sociales con un 28%. Es decir, a quienes más creen los chilenos son a dos fuentes donde abunda una gran cantidad de información en bruto, no mediada por ningún análisis, la que, además, en general, es difícil de corroborar. Esto es indiciario de que creen principalmente a aquellos que se dedican a confirmar sus prejuicios. Por otro lado, esta situación se confirma al constatar, como lo ha hecho Isidro Solís, exministro de Bachelet, en el lanzamiento de un libro sobre la contingencia, que los políticos chilenos no lideran, sino que siguen las corrientes impuestas por las masas. Prueba patente de lo cual es como el gobierno y varios miembros de su coalición defienden con argumentos contradictorios o francamente sin ellos, el proceso constituyente al cual siempre se habían opuesto.

Este imperio de la Post Verdad es tremendamente perjudicial para el debate público y la democracia, pues el debate para llevar a buenas decisiones debe basarse en la búsqueda de lo mejor, y no en la búsqueda del poder por medio de la confirmación de prejuicios sociales, cuyo es el efecto de la Post Verdad. En este contexto, el debate constitucional se vuelve un debate acerca de si aprobar o rechazar la Post Verdad.

Por eso Rechazo, porque no quiero que el país sea gobernado por quienes usando prejuicios intentan engañar o por aquellos políticos que en lugar de cumplir con su deber de guiar al pueblo estudiando las mejores soluciones para sus problemas, se mantienen en el poder flotando sobre los prejuicios sociales. Así, rechazar es, por un lado, rechazar la demagogia y el pensamiento acientífico en el debate público, por otro, invitar a la argumentación al debate democrático, para que nuestras leyes sean el resultado de procesos consientes y no de populismo.

En esto hay que recordar que los demagogos, como decía Aristóteles, no son más que aduladores masivos, y todos sabemos que quien te adula es por algo y que sus consejos no llevan a buen puerto.