La incierta aventura constituyente

La declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los artículos relevantes a esta opinión, establece que toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (Artículo 22); que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Artículo 25 número 1). Derecho a la educación (Artículo 26). Estos diríamos son los derechos sociales que los políticos interpretan que el movimiento social reclama y quiere incorporar a una nueva Constitución, lo que requeriría botar a la basura la Constitución vigente.

Si eso fuera realmente el propósito de los políticos y de quienes avivan la violencia en las calles para imponer un Apruebo en el plebiscito de abril, sería fácil rebatir esa necesidad. En efecto la actual Constitución, en los números 9, 10, y 18, del artículo 19, considera todos esos derechos y por tanto no se haría necesario hacer una Nueva Constitución para incluirlos. Si la redacción actual no es la adecuada, propongan una alternativa, pero no se deduce de ahí la necesidad de botar la actual.

Este hecho debe hacernos reflexionar y ser prudentes a la hora de decidir cómo votar en abril. Si esos derechos sociales ya están en la Constitución vigente, por qué se nos dice que su inclusión son el fundamento de la necesidad de cambio de la Constitución. Debemos intuir entonces que la verdadera razón para querer eliminar la actual Constitución y cambiarla por otra no radica en la necesidad de incluir en ella los derechos sociales, sino otra intención aún no explicitada, pero que conlleva un grave riesgo para la ciudadanía. ¿Cuáles son las reales intenciones de cambio de quienes promueven la Nueva Constitución? ¿Por qué se postuló eliminar la Constitución actual sin explicitar qué es lo que está malo en ésta? ¿Por qué es necesario eliminar la actual en vez de modificarla para mejorar lo que no esté bien? Estas son preguntas de una prudencia mínima que debemos hacer antes de otorgar un poder en blanco a un tercero para que diseñe una nueva.

Si Usted tuviera un automóvil, considerando los problemas eventuales que éste pudiera tener, ¿lo entregaría a un tercero para que lo bote ante la promesa de traerle otro, sin especificar qué características mejores que el que tiene actualmente tendría el nuevo auto? Y todo esto después de dos años en que un grupo de diseñadores amateurs discutirán cómo debiera ser el auto nuevo. Usted dirá que el riesgo no es tan grande pues siempre podrá quedarse con el auto antiguo si no le gusta el nuevo. Pero ello no es así, pues puede que a otros sí les guste el auto nuevo y Ud. no tendrá otra opción que aceptar el que le traigan. En el mejor de los casos le traerán un auto incompleto que incluya sólo aquello en que los diseñadores pudieron ponerse de acuerdo, y cada cuatro años se discutirá periódicamente qué debe considerar el auto, en la esperanza que quien represente sus intereses logre la mayoría circunstancial, al menos por un período.

Lo razonable y serio es someter al escrutinio y aprobación de la población un proyecto completo, respecto del cual podamos evaluar todas sus implicancias en comparación con el texto vigente, es decir podamos votar informadamente. ¿Qué hace tan necesario que no podamos informarnos de qué quieren cambiar antes de votar Apruebo? El método diseñado tiene la funcionalidad de permitir a quien no tenga las mayorías necesarias para reformar la constitución (2/3), pueda derogarla completa sin los 2/3 requeridos, con una mayoría en el plebiscito y lograr que se apruebe algo que actualmente desconozco, pero que satisfaga los intereses no explicitados de quienes han promovido una Nueva Constitución. Eso es un riesgo totalmente innecesario dado que lo que actualmente tengo es conocido y su texto actual tiene un claro protocolo para modificar aquello que sea necesario cambiar, pero debe ser explicitado para ser votado.

El Rechazo a la Nueva Constitución no significa que la actual no pueda ser modificada, sino exige que quienes la quieran cambiar señalen con anterioridad qué quieren modificar o sustituir y por qué, para que la ciudadanía informada pueda discernir y luego votar. El mecanismo del Apruebo es una aventura con resultados muy inciertos, que además tomará un tiempo largo en resolverse.