Una política minera para Chile… ¡Al fin!

El Ministerio de Minería se encuentra elaborando la Política Nacional Minera 2050. Ha convocado a distintos actores a contribuir en este proceso. Esta es una buena noticia, a la que debemos sumarnos sin duda alguna.

Sorprende constatar que Chile no haya contado con una política que oriente integralmente el desarrollo de este sector. ¿Qué explica esta situación? Las respuestas pueden ser variadas, dependiendo de quién responda la pregunta.

Intuimos que el mundo minero, hasta ahora, no necesitó al Estado y consideró su prescindencia como una ventaja. Los administradores públicos, por su parte, tampoco evidenciaron mayor entusiasmo, salvo la preocupación por el aporte del sector al erario nacional.

Para quienes sí ha representado un problema es para las comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Ha sido extremadamente difícil visibilizar y cuestionar el impacto ambiental y social de la actividad y se ha buscado, a través del sistema de evaluación ambiental, los tribunales de justicia o directamente las propias empresas mineras, canalizar estas preocupaciones.

Es un hecho que el Ministerio de Minería, históricamente, no ha sido un canal, situación que no debe dejar de llamar la atención.

Más allá de las elucubraciones, lo interesante es que desde distintas perspectivas se está confluyendo en la necesidad de una Política y un Ministerio de Minería más proactivo, cuyas autoridades parecen buscar actuar en consecuencia.

Pensar el futuro no es fácil. Cuesta identificar con claridad cuáles serán los efectos e interrelaciones en un sistema complejo, en sus dimensiones sociales, ambientales y productivas.

No lo hicimos al inicio de los noventa. Nos faltó un análisis prospectivo, en el que participaran todos los actores interesados. Es claro que de haber contado con las capacidades para gobernar el curso de los acontecimientos –¿o acaso no es otro el sentido de una política pública?– se podrían haber reducido muchos de los costos sociales y ambientales de estas décadas y haber potenciado los naturales beneficios de la actividad minera.

El diseño de la política no puede conformarse con sistematizar los consensos alcanzados sobre los mejores estándares aplicados en las últimas décadas, en las que el modelo de producción se ha mantenido relativamente constante.

El desafío es anticipar –con todos los recursos científicos, sociales y políticos que tenemos a disposición– los cambios que se avecinan y los efectos que tendrán en el sistema en su conjunto.

No son pocos los temas que deberá considerar. Leyes minerales decrecientes que se proyecta se aborden con cambios productivos como la automatización y remotización, que reducirán los beneficios sociales en los territorios.

El cambio climático exige modificar radicalmente el patrón de intervención de la minería en los ecosistemas y sus componentes ambientales. Para estos y otros temas, el diseño de la Política Nacional Minera 2050 es una ventana de oportunidad que no podemos desperdiciar.