Subsidiariedad y solidaridad de cara al futuro de Chile

La crisis sanitaria que vivimos tendrá profundas consecuencias en el plano cultural, económico y político, las que recién seremos capaces de ver a fines de este 2020. El coronavirus, en nuestro caso, nos impacta mientras atravesamos una crisis social y política que se tomó la agenda pública de Chile en los últimos meses de 2019 y a comienzo de 2020. Una crisis sanitaria con el impacto que tiene en la vida de las personas, de la mano de un conflicto socio-político que está lejos de ser solucionado y un proceso constituyente que recién comienza, son una oportunidad para reflexionar en torno a los principios fundamentales que deben inspirar nuestra vida en sociedad, la relación de las personas y la sociedad civil con el Estado y las bases de Chile para el siglo XXI, más aún en tiempos en que la gobernanza se hace cada vez más difícil producto del impacto de las redes sociales y cuando los populismos afloran en distintos puntos del planeta.

Hoy más que nunca, recordamos que, como ya advertía Aristóteles, las personas somos animales políticos, o seres sociales. El coronavirus nos ha demostrado que las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas tienen un impacto directo en la vida de los demás. En este sentido, el valor de la comunidad y de la solidaridad merecen un análisis especial, en tiempos en que quedarnos en la casa o tomar las medidas de prevención adecuadas son el mejor favor que podemos hacerle a nuestros vecinos y compatriotas. En este sentido, la solidaridad surge como un principio clave para la protección de la salud en nuestros países.

En tiempos en que el modelo de desarrollo chileno está en el centro de las críticas por parte de los sectores que sostienen que el “neoliberalismo” ha engendrado una sociedad egoísta, la tentación de asimilar la idea de solidaridad con políticas estatistas o con la idea de que el Estado debe aumentar su participación en la vida social para contrarrestar los grados de individualismo, debe ser contestada. Para ello es necesario rescatar los principios de subsidiariedad y solidaridad como nociones complementarias y fundamentales para la construcción de un orden social justo y respetuoso de la libertad de las personas.

En principio, cabe señalar que no existe dicotomía alguna entre la subsidiariedad y la solidaridad. Esto podría parecer obvio, pero es bueno recordarlo. Ambos principios son complementarios en la búsqueda del bien común, labor que le corresponde a todos los miembros de la comunidad y no sólo al Estado. En este sentido, la subsidiariedad, como criterio de justicia, se fundamenta en la primacía de la persona sobre el Estado, lo que se deriva de la naturaleza humana, su libertad y su responsabilidad. El fin del Estado es el de servir a la persona humana y promover el bien común. La subsidiariedad supone, entonces, que las personas son libres para asociarse con otras con el objetivo de alcanzar sus fines comunes, lograr sus propios objetivos y solucionar los problemas que les surgen en la vida social. El Estado, en consecuencia, no debe asfixiar a las comunidades menores (familia y cuerpos intermedios), sino que debe promover su participación en la vida social, ayudar cuando lo requieran las personas o los grupos dentro de la sociedad, incluso suplir en los casos en que estas no puedan llevar adelante sus funciones adecuadamente y sea necesario que el Estado asuma una determinada tarea. Para esto se requiere un Estado ágil, eficiente y moderno, que atienda a la población conforme a la dignidad de las personas y las necesidades de la comunidad.

Por su parte, la solidaridad encuentra su sentido en la misma sociabilidad humana, que implica un recíproco estar unidos y obligados. A su vez, supone que las personas contribuyamos, mediante la participación en las diversas esferas de la vida social, a saldar la deuda que tenemos producto de los bienes sociales que hemos recibido: la cultura, la ciencia, entre otros. Dicho esto, pretender asignar al Estado la capacidad exclusiva de exigir o encarnar la solidaridad en la vida social no solo es un grave error, sino que tiende a anestesiar la dinámica de la sociedad.

Ejemplos concretos del rol que cumplen los cuerpos intermedios existen muchos. La Teletón, que se desarrolló hace solo un par de semanas, es un ejemplo palpable de la tremenda labor pública que pueden desarrollar las diversas organizaciones de la sociedad civil a la hora de abordar problemáticas sociales. Lo mismo puede decirse de lo más de $80.000 millones recolectados por la CPC, que irán en directo beneficio de fundaciones y del trabajo sanitario de contención a la pandemia del coronavirus. Ambas iniciativas son manifestaciones concretas del rol de la subsidiariedad y la solidaridad en Chile. Esto explica, entre otras cosas, por qué algunos grupos estatistas son tan críticos de la Teletón y proponen todos los años poner término a esta iniciativa y pasar sus funciones a manos del Estado.

Una sociedad libre en la cual las personas se asocian para resolver problemas públicos es la máxima demostración de la articulación de la subsidiariedad y la solidaridad. De cara a los desafíos que deberemos enfrentar como país, se hace urgente recuperar esta perspectiva en el debate político. La mejor forma de avanzar en soluciones a las crisis económica, social y política es, precisamente, fomentar el rol de la iniciativa libre de las personas, con una profunda modernización del Estado y el fortalecimiento del tejido social como manifestación de solidaridad, en respuesta a un individualismo exacerbado que olvida que en la vida en sociedad nos debemos los unos a los otros, y especialmente a quienes más lo necesitan.