Estado y grandes empresas

“Nos acostamos como Estados Unidos y nos despertamos al día siguiente pareciéndonos a la Europa socialdemócrata”, señalaba días atrás un profesor de la Universidad de Michigan, citado por The New York Times, tras el anuncio del plan de más de 3 billones de dólares que el gobierno se vio obligado a implementar para salvar a las empresas del país de la debacle del covid-19.

Este tipo de reacciones también se han producido al conocerse medidas como las citadas por la Red Estudios Nueva Economía: que en Holanda se implementarán ayudas estatales a laxs empresas, siempre que ellas no distribuyan utilidades y cumplan un conjunto de estándares medioambientales. O en Dinamarca, que cubrirá hasta un 75% del sueldo de los trabajadores de empresas privadas, con el compromiso de que no haya despidos. O en el Reino Unido, que ha propuesto comprar sus aerolíneas. O en Francia e Italia que también consideran nacionalizar grandes empresas para protegerlas. O como Alemania que planea comprar participaciones en empresas que lo requieran por falta de liquidez.

Los criterios para “salvar” a muchas de estas empresas están asociados por cierto a su importancia económica y su peso dentro de la economía, y por eso en general se priorizan sectores como algunas mineras, servicios de abastecimiento, la industria del transporte, industria manufacturera de gran tamaño, banca, y otras empresas que representen un porcentaje importante de empleo. No es menor decir que este salvataje de parte del Estado en muchos casos se hará mediante la compra de acciones, es decir, por medio de adquisición de parte de su propiedad y de participación en la toma de decisiones. Más recientemente, países como Canadá, Francia, Dinamarca y Polonia han fijado otro criterio clave: no se permitirá que las empresas registradas en paraísos fiscales se beneficien del rescate estatal para compañías afectadas por el coronavirus.

En Chile solo se tiende a hablar del “rescate” de las grandes empresas, pero no de condiciones o criterios asociados a alguna medida extraordinaria adoptada desde el Estado, con recursos públicos en su favor. Uno de los pocos que ha entrado en ese debate fue el ex subsecretario de Hacienda Alejandro Micco, quien sentenció con claridad que “situaciones extraordinarias requieren de medidas inusuales”, abriéndose a la idea de que ello incluso pudiera significar que el Estado tenga voz y voto a la hora de una toma de decisión dentro de esas empresas. Micco dijo que la otra opción era similar a la adoptada en gran parte de Europa: que si el Estado otorga un crédito o le entrega su garantía a un préstamo a compañías privadas es posible que “se le diga a las empresas que no pueden tener reparto de utilidades durante este período o que los salarios de los ejecutivos tiene que estar congelados”.

Ningún defensor de la Constitución recuerda que el N°24 del Art.19, dice que nadie puede ser privado de su propiedad sino por ley general/especial que autorice expropiación por utilidad pública o interés nacional. Para los que se escandalizan con lo que muchos países hacen.

Pero al parecer el discurso de los deberes y los derechos sólo alcanza a los ciudadanos, ya que desde el sector privado y desde el gobierno se habla de ir en ayuda de empresas, muchas veces sin nombrarlas, pero hasta ahora nada se dice de obligaciones. 

No hay que temer a este debate, porque es esperable que algunos hagan las caricaturas de siempre y agiten pretéritos fantasmas para oponerse a cualquier fórmula que incluya condiciones para los privados, queriendo replicar una versión actualizada del salvataje que hizo Pinochet de la banca en los 80, a un costo fiscal impresionante, con plazos de pago tan flexibles, que no hace mucho recién terminaron de pagarse.

Tal vez una forma de abordar este escenario hasta ahora hipotético, sea aplicar el mismo modelo que algunos han defendido férreamente en el sistema sanitario. Es decir, que así como diferentes gobiernos avanzaron en la privatización de dichas empresas otrora estatales, manteniendo un porcentaje estatal de la propiedad, ante una eventual inyección de recursos públicos a las empresas, algunas de pasado estatal, lo que se haga sea establecer un porcentaje de participación en su capital accionario, permitiendo que el Estado esté representado en su directorio y reciba utilidades si hubieren. Además, en un plazo que podría ser de 5 o 10 años, esta participación pueda ser vendida o rematada a los privados, tal como hoy lo hace el Fisco para recuperar derechos de agua que entregó gratuitamente en el pasado.

Ciertamente hay mucha gente que sabe de economía en Chile. Sin embargo, quienes no somos expertos, creemos que este tipo de discusión no debe ser entre cuatro paredes, sino de cara a la ciudadanía y sin letra chica, toda vez que cualquier medida que se pueda adoptar tendrá, entre otros argumentos, el bien común y deberá considerar que los recursos a utilizar pertenecen a todos los chilenos.

Por cierto, no ayuda mucho a generar un escenario para un debate de altura, cuando algunas de las mismas empresas que miran con ojos lánguidos al Estado, además de acogerse a la denominada “ley de protección del empleo”, que se promocionó levantando las banderas de las pymes, y que ha dejado a miles de sus trabajadores con sueldos reducidos o derechamente sin sueldo, no han tenido ni un poco de pudor para repartir millonarios dividendos en dólares a sus accionistas.