La impotencia política como justificación

Un fenómeno comunicacional que se ha puesto en evidencia de cara a la pandemia del coronavirus, es la impotencia política utilizada como justificación ¡por parte de los propios políticos! Es un hecho no analizado suficientemente, pero que tiene repercusiones serias sobre los niveles de confianza de la población hacia el estamento político.

Efectivamente, frases como “no tengo atribuciones”, “no estoy autorizado”, “no procede según la Constitución”, etc. son recurrentes por parte de autoridades y representantes políticos de distinto nivel.

Las utilizan los alcaldes para referirse sobre todo a atribuciones en materia de seguridad, los parlamentarios para explicar por qué no pueden presentar determinadas mociones que les están negadas constitucionalmente y hasta las más altas autoridades de gobierno para explicar que no están facultadas para imponerle a las grandes empresas y a la banca determinadas formas de comportamiento.

Todo esto, que en tiempos menos convulsos daría pie a un interesante debate constitucional, se transforma en medio de la crisis en un pesado baldón sobre los representantes políticos, que ante los ojos de una ciudadanía desamparada no sólo parecen justificar su proceder, sino que eludir responsabilidades que les debería corresponder.

La inoperancia de la institucionalidad puesta en evidencia en tiempos de crisis crea como contrapartida el surgimiento de formas de representación política no contempladas en la estructura constitucional, como las iniciativas conjuntas desplegadas por los alcaldes, que van más allá de lo estrictamente comunal. Son hechos a tomar en cuenta para un nuevo pacto social y político que necesariamente se debería configurar en Chile.

Pero las falencias mencionadas encierran también un peligro no descartable: la tentación de imponer un estado autoritario y omnipresente, que –del signo que fuese- implicaría un grave retroceso para la democracia.