El derecho a vivir en un medio ambiente saludable
"Uno de los aspectos de mayor relevancia en la relación entre medio ambiente y salud es la desigualdad en la distribución espacial y social, tanto de las fuentes contaminantes como de la exposición de las personas".
Giorgio Solimano y Karla Yohannessen son académicos de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende G. de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
La diada ambiente y salud adquiere creciente importancia en estos días. En Chile existen 93 conflictos ambientales activos y latentes, relacionados principalmente con la producción de energía, la minería y el saneamiento. Se ha demostrado que estos vulneran el derecho a vivir en un ecosistema libre de contaminación, así como el de disfrutar de una buena salud física y mental.
A pesar de la implementación de estrategias, la contaminación es un problema que aumenta gracias a una desordenada planificación territorial, donde la configuración de la ciudad favorece la dependencia del automóvil. Con esto no sólo han crecido los niveles de polución en las últimas décadas, sino también el sedentarismo, la obesidad y el estrés. Al mismo tiempo se han generado polos industriales que afectan a las comunidades cercanas, conocidas como “zonas de sacrificio”.
Otro de los grandes problemas se relaciona con la depredación de los ecosistemas naturales, alterando la relación entre las especies que los habitan y también en su vínculo con las personas. Esta reducción o alteración del hábitat ha provocado extinciones y que algunos animales hayan iniciado contactos más directos con el ser humano, favoreciendo la aparición de enfermedades zoonóticas, como la que actualmente nos afecta a nivel mundial.
Uno de los aspectos de mayor relevancia en la relación entre medio ambiente y salud es la desigualdad en la distribución espacial y social, tanto de las fuentes contaminantes como de la exposición de las personas. La ciudadanía vulnerable física y socialmente es la que presenta mayores daños. En este sentido, la justicia ambiental se convierte en una manifestación de reivindicación de DD.HH. y de atributos de carácter social, económico, laboral y de desarrollo.
Por todo ello, las políticas públicas deben proporcionar una protección primaria de la salud, enfocada en prevenir o reducir al máximo las exposiciones nocivas, con un enfoque de sustentabilidad. La experiencia internacional muestra la importancia de tomar decisiones basadas en evidencia, situación que en nuestro país se ve limitada debido a la escasez de fondos para impulsar investigaciones que desarrollen conocimiento científico. Muchas de las decisiones políticas están influidas por “necesidades económicas y productivas” del país. Como consecuencia, las normativas son bastante permisivas, desprotegiendo la salud de la población.
El momento constitucional actual brinda una gran oportunidad para plantear que un ambiente saludable es una necesidad básica humana: agua apropiada para el consumo humano, disponibilidad y seguridad de los alimentos, vivienda, educación, ciudades bien planificadas, servicios de salud, desarrollo sustentable, equidad y seguridad social.
Un enfoque constitucional que considere el derecho a vivir en un medio ambiente saludable permitiría generar regulaciones y políticas que garanticen esta máxima, así como la inclusión de una adecuada planificación territorial garantizada por una Carta Magna que integre temas relativos a la participación social y comunitaria en los procesos de tomas de decisiones locales y regionales. Es fundamental que las necesidades de la sociedad en términos de sustentabilidad y justicia ambiental sean consideradas y respetadas.
