¿Quién le pone la bandera a la canasta?

La ansiedad comunicacional de La Moneda nuevamente quedó de manifiesto esta semana, con el anuncio de un plan de alimentación que desató una ola de críticas, prometiendo canastas básicas para 70% de las familias.

El hambre, algo tan olvidado por la élite política y económica de Chile, volvió a la palestra primero con la movilización de vecinos en la comuna de El Bosque, pero luego con las multitudes de vecinos que han atochado los municipios solicitando la entrega de la canasta.

A su vez, los propios alcaldes han cuestionado la marginación de los municipios del programa, exigiendo su coordinación y participación en la entrega de esta ansiada política social.

¿Qué es lo que se juega tras el telón de esta coyuntura?

El problema está entrecruzado por tres cuestiones fundamentales. La primera guarda relación con la función social y política que asumieron los municipios desde las reformas de la dictadura militar en adelante. Tras dicho proceso, los gobiernos locales fueron pensados y dotados de infraestructura -no necesariamente financiera- para convertirse en el brazo con el que el Estado ejecutaría la política social focalizada en clave neoliberal.

Durante la posdictadura, los alcaldes agrupados en su gremio (la AChM), desplegaron una serie de demandas caracterizadas por el reclamo de más recursos y atribuciones para continuar dicha tarea. En ello, avanzaron sostenidamente, al mismo tiempo que, los diversos gobiernos siguieron recurriendo a estos para aplicar la política social focalizada.

Es ese espacio el que reclaman los ediles en la coyuntura actual, en parte porque es uno que habían venido ocupando desde el ciclo dictatorial en adelante, pero también porque poseen la infraestructura necesaria para ello.

Por un lado, lo apremiante de la situación -el hambre- lo demanda. Pero también es cierto que parte del argumento responde a la lógica de la herencia.

No debe olvidarse que es bajo la aplicación de la política social que los acaldes tienden a construir su capital político: están también reclamando por insertar la bandera municipal a la canasta del ejecutivo.

En segundo lugar, esta política hay que entenderla bajo el contexto del 18-O. La crisis política y social sacó a la luz la disputa de liderazgo y conducción entre diferentes actores y actrices, entre ellos los alcaldes.

A través de su plataforma gremial, éstos buscaron “salidas” al conflicto, como la posibilidad del plebiscito. No fueron los únicos: dirigentes del mundo social hicieron lo propio, las agrupaciones más tradicionales del mundo de las y los trabajadores también apostaron a intentar mediar en una salida política, y también se agregó el propio gobierno y los partidos.

Fue en el último minuto que éstos últimos lograron poner su bandera, al sellar el acuerdo de noviembre. Sin embargo, a todas luces el sistema de partidos está desbordado, y es en ese escenario donde nuevamente los alcaldes salen a disputar la conducción del conflicto.

Este conflicto es parte de la paulatina erosión del sistema de intermediación local- nacional, como consecuencia de la continuidad funcional de los municipios. Los alcaldes ya no están absolutamente sometidos a los jefes partidarios como había sido históricamente en Chile.

Son pues, esas atribuciones y dinámicas las que entregan el oficio de la gobernanza local, y que otorga a los alcaldes el trampolín para disputar la conducción de la crisis social al gobierno.

Pero no nos engañemos: la construcción de sus liderazgos adolece de los mismos problemas que los del sistema político, entre ellos, la baja participación electoral en sus comicios. No están ajenos a la crítica y a la crisis actual.

Sin embargo, ¿Qué les entrega ese aire de cercanía y “sentido común” para las personas? Probablemente, su propio oficio les permite estar más cerca de la gente y sus problemas, al contrario de la gran élite política chilena post-dictatorial.

Al mismo tiempo, es en esa práctica donde construyen su capital político electoral territorial. Por eso, en el escenario de crisis de conducción, reclaman lo propio de su oficio formal e informal.

Finalmente, la política del gobierno muestra los límites de la tesis económica estructural que guió el ciclo posdictatorial, la que postula que para combatir el hambre y la pobreza se necesitan índices macro-económicos positivos y política social focalizada.

Esa premisa tambalea en el contexto de crisis mayúscula del sistema político, descontento social generalizado y disposición a la movilización. Los marcos radicales de la desigualdad multidimensional de nuestra sociedad funcionan como un catalizador del descontento, así como de evidencia empírica para cuestionar los límites de la tesis económica que sigue el gobierno.

Insistir en ella es no comprender la dinámica del conflicto político en curso, lo que probablemente llevará a agudizar la crisis.

Todo indica que el imaginario del derecho social está instalado en la ciudadanía, y eso no se podrá detener con políticas sociales focalizadas. Sobre todo, cuando nos enfrentamos a una combinación de hambre, cesantía, pobreza, además de la crisis del sistema político.

Mientras tanto, el gobierno seguirá pensando en cómo aplicar su política sin “dar en el gusto” a los alcaldes para capitalizarlo políticamente, y al mismo tiempo, los ediles estarán reclamando ser incorporados pues cuentan con la infraestructura heredada y perfeccionada durante la posdictadura.

El problema de quien le pone la bandera a la canasta, muestra un conflicto de construcción de capital político y de conducción de la crisis, pero esconde los límites de la política social chilena de matriz neoliberal.