¿Y el Estado? Tema pendiente en el acuerdo nacional

Hemos tenido una noticia positiva en estos días. Tras semanas de negociación, el gobierno logró un acuerdo con tres partidos de oposición (PPD, PS y DC), que establece un plan de emergencia para la protección social y del empleo, la reactivación económica y la responsabilidad fiscal. Sin duda esta es una buena noticia, en primer lugar para la democracia, porque nos recuerda la posibilidad del entendimiento y el diálogo en política, tan necesarios en tiempos de crisis, pero también porque el plan reúne una serie de medidas que darán más respaldo a miles de familias chilenas en medio de tiempos turbulentos.

En líneas generales, el acuerdo establece un marco fiscal de US$12.000 millones para los próximos 24 meses; incrementa el Ingreso Familiar de Emergencia por los próximos 3 meses con un aporte de $100.000 por persona, lo que para una familia de cuatro personas serían $400.000; establece un fondo especial para reforzar la atención sanitaria y para distribuir a los municipios, y establecen otras medidas de reactivación económica y estímulos para pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, en tiempos en que todos los chilenos nos tenemos que apretar el cinturón para soportar la crisis social y económica, uno esperaría lo mismo desde el mundo político y, en particular, desde el Estado. Un buen ejemplo de esto es el cierre de embajadas y sedes diplomáticas, medida bien orientada. Más allá de evaluar el caso concreto en términos de política internacional, cabe destacar la importancia de que el Gobierno decida recortar gastos que estén siendo poco eficientes, y apueste por modernizar y agilizar las relaciones diplomáticas.

Es un deber, en tiempos como los que vivimos, hacer una revisión profunda de la estructura de nuestro aparato estatal. Sólo en los últimos diez años se han creado 6 ministerios -con sus respectivas subsecretarías-, llegando a un total de 24 carteras. El Estado debe estar al servicio de la persona humana, de los ciudadanos, y no de los intereses políticos. Este mismo criterio debe existir para evaluar la eficiencia de los programas sociales que desarrolla el Estado: no podemos tolerar la subsistencia de programas mal evaluados (o que ni siquiera se evalúan) por la Dirección de Presupuestos, que muchas veces son mantenidos por presiones políticas o por una rutina que le cuesta mucho a Chile.

A su vez, debemos promover la reducción de los sueldos de altas autoridades públicas, directores de empresas estatales, rectores de universidades estatales y parlamentarios. Ese esfuerzo debe notarse y no hay razón para seguirlo postergando. En nuestro país, el 58% de los funcionarios públicos recibe un ingreso mensual de más de $1 millón, mientras que en el sector privado este porcentaje solo llega al 19%, según las estadísticas de la Dirección de Presupuestos (Dipres), con cifras emanadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

El plan de emergencia para la protección social y la reactivación económica es una buena noticia para las familias chilenas, especialmente para las más vulnerables. Siguiendo la dinámica del diálogo y de los acuerdos, llegó la hora de promover un pacto nacional que abogue por una reforma profunda al aparato estatal, que modernice y agilice sus trámites, reduzca grasa a través de la fusión de ministerios y subsecretarías y rebaje los sueldos más altos de las autoridades de los distintos organismos estatales. En esto debemos converger todos los que creemos que el Estado existe para servir a la ciudadanía, y no para satisfacer intereses ni presiones políticas.

Los tiempos de crisis son tiempos de voluntad política, creatividad e inteligencia. La transformación al Estado es un deber moral en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social. Necesitamos, hoy más que nunca, un Estado eficiente, ágil y que responda a las necesidades de quienes más lo necesitan. Cada día más de gasto inútil o mal enfocado, son menos recursos que llegan a los que tienen menos, y eso es algo que no podemos aceptar.