Guerra contra las drogas y pandemia: ocasión de desmantelar el prohibicionismo

Nos encontramos en Junio del año 2020; con más de 50 comunas en cuarentena obligatoria y con un número excesivamente alto número de contagios de coronavirus. En este contexto de incertidumbre y de confinamiento -voluntario y obligatorio- es que el Presidente Piñera ha anunciado el endurecimiento de las medidas contra el narcotráfico. Nuevamente utilizó recursos discursivos belicistas -un enemigo poderoso señaló- que destruye familias y a la sociedad toda; seguramente se debe al que el confinamiento y el ocio asociado podría hacer aumentar el consumo de drogas tanto legales como ilegales.

Considero que el que haya un mayor consumo de drogas, incluyendo alcohol, tabaco y ansiolíticos durante el tiempo de pandemia debe ser asumido como una respuesta natural a un escenario desconocido; que nos produce angustia, ansiedad y para muchos de nosotros diversos miedo; miedos que van desde la propia muerte o la de sus seres queridos o miedo a perder el trabajo como efecto de la pandemia; a su vez, están quienes consumen algún tipo de droga con el único objetivo de hacer más llevadero el día y finalmente encontramos aquellos que sólo quieren “borrarse” aunque sea por un rato. Estos enunciados resumen las razones que ha tenido el ser humano para modificar su conducta a través de sustancias extrañas, exceptuando -claro está- el uso mágico-religioso, el cual tiene como fin la comunicación con las deidades. En definitiva, el consumo nos guste o no, busca reducir los niveles de ansiedad y hacernos funcionar en sociedad y hoy -en medio de las crisis sanitaria y social en la que vivimos- se ha visto acentuado.

Sin embargo, el Presidente Piñera -siguiendo un dogma prohibicionista- busca a como de lugar, eliminar el consumo de drogas ilegales; para ello aumentará el castigo asociado a la oferta de éstas; algo que ni las sociedades más restrictivas han logrado. Al respecto, cabe mencionar el caso de Hong Kong, en donde se castiga la posesión y otras conductas asociadas incluso con presidio perpetuo. Algo similar ocurre en Tailandia donde incluso el castigo es peor; ambos son ejemplos palmarios de que la guerra contra las drogas es un sin sentido, pues, a pesar de las medidas antidrogas, ambos países cuentan con alto consumo de sustancias incluso mucho más nocivas que el cannabis, como lo es la metanfetamina.

A nivel global el consumo persiste; esto se refleja en que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2017 las personas que consumieron drogas sumaron más de 271 millones y que de ellos, 188 millones consumieron cannabis, la droga ilegal más consumida en el mundo. A su vez, el SENDA da cuenta de que el 12% de los chilenos consumió esta droga en el periodo 2016-2018, lo que ratifica que el prohibicionismo no da resultados y que a más de cien años de celebrada la Convención de Shangai no se ha podido erradicar este flagelo. Ahora bien, si en algo ha contribuido la guerra contra las drogas es en criminalizar a los consumidores de drogas ilegales como el cannabis; quienes pasan a ser vistos como enfermos, personas que han perdido credibilidad y que no son un aporte a la sociedad más allá de ser un ejemplo negativo; no sólo eso, se les obliga a recurrir al mercado negro, donde el dealer tiene nula preocupación en velar por los intereses del consumidor ni de cumplir algún mínimo estándar de calidad, lo que reproduce por enésima vez la desigualdad social y termina afectando a los más vulnerables. En efecto, por un lado en el barrio alto circula marihuana de alta calidad y pureza; algo muy distinto a las poblaciones marginales donde se llega incluso a consumir cannabis mezclada con fecas y tiza, y no existe a quien reclamar, pues toda la cadena asociada al cannabis está criminalizada.

Lo mencionado anteriormente en lo absoluto es algo nuevo; existió un periodo de más de diez años en la historia de los Estados Unidos, conocido como la Prohibición, donde para frenar el consumo de alcohol se prohibió su consumo y toda su cadena productiva; y después de diez años los único que evidenciaron fue que el consumo persistió, a lo que se le sumaron intoxicaciones masivas, un aumento del mercado negro y el crimen organizado y finalmente llegaron a conclusión de que la mejor opción era sólo la regulación.

Son estos los efectos de la guerra contra las drogas; un daño colateral que incluye drogadicción no tratada, delincuencia, balas locas, asesinatos, riñas y niños muertos, concentrados principalmente en zonas vulnerables; y todo esto es provocado intencionalmente con el fin de privar a las personas adultas de una conducta tan propia del ser humano, para defenderlos de sus propias decisiones y así evitar los daños asociados al uso problemático de drogas, el que finalmente resulta ser marginal, ya que, según el investigador Ibán de Rementería, los consumidores problemáticos son sólo el 0.3% del total.

Ante los nulos efectos que tiene la prohibición es que estados como Uruguay en Sudamérica y Colorado, California y otros en Norteamérica han optado por la despenalización del consumo de cannabis, pues, no sólo es la más popular, sino que tiene menos efectos perniciosos en el organismo y tiene uso medicinal asociado. Estos estados ha adoptado medidas distintas en cuanto al cannabis, por un lado se encuentra la legalización del mercado de la marihuana, en los Estados de Norteamérica y por otro, el Estado ha monopolizado la producción y venta del cannabis, este es el modelo aplicado en el caso uruguayo, sin embargo, a pesar de sus diferencias ambos caminos han tenido efectos positivos ya que se le ha quitado dinero al narcotráfico y es más, en el caso norteamericano, la industria del cannabis significó una recaudación de 7 mil millones de dólares en el año 2016.

Sobre esto, considero que el camino a seguir más viable por el estado de Chile es seguir el ejemplo de los estados norteamericanos y avanzar en la regulación no sólo del consumo del cannabis sino que del mercado asociado: No obstante, este debería ser objeto de una estricta regulación siguiendo la línea del alcohol y el tabaco; imponiéndole una alta carga tributaria y que el cannabis comercializado cumpla estándares mínimos de calidad velando por un enfoque sanitario. En este sentido, la recaudación de impuestos derivados del cannabis debería ser dirigido para paliar los efectos negativos del uso problemático de drogas, financiando programas de rehabilitación y campañas de prevención y de consumo responsable. Además, dichas políticas deben estar dirigidas a minimizar los daños que genera el consumo de drogas, reduciendo así la delincuencia cometida por quienes se encuentran en estado de “angustia” y que buscan drogarse. Por último, ayudaría a hacer más eficiente el trabajo de las policías, centrando sus esfuerzos en el narcotráfico de sustancias mucho más peligrosas, como lo son las drogas sintéticas, que incluyen la cocaína, pasta base, heroína, metanfetamina y éxtasis.

Para finalizar y aprovechando la pandemia y el confinamiento en que se encuentra gran parte del país, el Presidente Piñera debería replantearse el continuar con un enfoque que a todas luces se encuentra superado; y que parafraseando al Ministro Mañalich, las autoridades de Chile se dejaron seducir con fórmulas que se desploman como castillo de naipes; medidas que ya cumplen más de cien años y que a pesar de no tener resultados positivos, persisten. En el caso de su estrategia contra el consumo de drogas debiera reemplazar los ejes de “sanción” y “rehabilitación” por una triada que contemple “regulación”, “rehabilitación” y “prevención” y elaborar medidas realistas y realizables y tener en cuenta que finalmente una sociedad sin drogas es sólo un espejismo.