Bolivia ante uno de sus desafíos más difíciles

Enfrentar la pandemia, respetar las libertades, organizar un proceso electoral transparente y, finalmente, lograr una transición sin violencia, son desafíos de una magnitud sin precedentes que ponen en tensión la endeble institucionalidad boliviana.

Hace unos días, en una encuesta a líderes de opinión más del 80% considera que su país va por mal camino. Similar porcentaje cree que la situación política y económica es mala o muy mala. Sin embargo, frente a la pregunta: “¿cuál es la relevancia de la realización de elecciones generales este año?”; las respuestas reflejan que no todo está perdido: también el 80% les da la máxima importancia.

En Bolivia hay consenso respecto a que las elecciones podrían traer alguna esperanza en medio de la brutal crisis sanitaria que atraviesa, que ha convertido a los hospitales en depósitos de cadáveres si es que las víctimas no son abandonadas antes en las calles. Esta situación hizo que el gobierno transitorio considerara que había que esperar a que la pandemia pasara para convocarlas, mientras que el resto del arco político y de las organizaciones sociales las pedían desesperadamente ante el fracaso de las actuales autoridades. Así, después de una dura pugna entre el Legislativo (controlado por Morales), el Ejecutivo, y el Tribunal Electoral (hoy por hoy un actor independiente clave), se fijó fecha para el 6 de septiembre.

Las futuras elecciones ocurrirán casi un año después de aquellas que fueron suspendidas luego de la reacción popular frente a la corrupción, el autoritarismo y un supuesto fraude (esto según la OEA de Almagro; misma versión que fue desmentida por varias investigaciones independientes). En esa oportunidad, Morales iba por su tercera reelección consecutiva, decisión que debilitó toda la institucionalidad boliviana y que terminó en un golpe de Estado que encumbró de presidenta a Jeanine Añez, hasta entonces una desconocida senadora de un partido que no tiene más del 4% de respaldo electoral.

Hoy Bolivia está mucho peor que entonces: por la crisis sanitaria, pero también por la bananera corrupción de Añez y sus colaboradores, así como las erráticas medidas económicas neoliberales que se sumaron a la más controvertida de todas, presentarse ella misma como candidata.

En la encuesta mencionada, consultados sobre la aprobación del gobierno del 1 y el 10, el promedio apenas roza 2,8. La encuesta también menciona que es muy probable que retorne nuevamente la violencia política.

La otra gran incógnita es lo que ocurrirá con la candidatura del primero en todas las encuestas: Luis Arce, el ex ministro de Economía y artífice del crecimiento y de la estabilidad que caracterizó a Bolivia en los 14 años del gobierno de Morales. Añez prácticamente contra las cuerdas, se aferra a su última posibilidad: inviabilizar la candidatura de Arce, proscribir al MAS y enfrentarse a Carlos Mesa.

En efecto, hace pocos días el gobierno acusó a Arce de supuestos daño económico al Estado cuando era ministro y luego la Fiscalía determinó imputar por terrorismo y financiamiento a esa actividad al propio Morales.

En esas condiciones, Bolivia enfrenta una cita electoral clave para mantener la estabilidad democrática no solo de ese país sino de América Latina en su conjunto, y que pondrá en tensión no solo a su ya de por sí débil institucionalidad sino a toda una sociedad quebrada y profundamente polarizada.