¡Basta!

Molesta vivir en un país gobernado por la paradoja de que las ideas de quienes perdieron en las urnas se impongan en las Leyes, y enrabia constatar que quienes fueron elegidos bajo un ordenamiento jurídico determinado, que juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir, no sólo no promuevan que se cumpla – lo que ya es grave – sino que derechamente ellos mismos lo incumplan.

Primer ejemplo: La Constitución establece expresamente que cesa en el cargo, el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece la Constitución.

Todos fuimos testigos de que hubo varios parlamentarios que en vez de exigir a las instituciones que reestablecieran el orden público, luego de los saqueos y el desorden de octubre del año pasado, se permitieron aplaudir al lumpen anárquico, sea alternativamente: a) explicando sus motivaciones (justificándolas) a los distintos medios de comunicación; b) recurriendo a los tribunales en contra de Carabineros por hacer cumplir la misma ley que ellos prometieron cumplir; c) asistiendo ellos mismos a las manifestaciones para azuzar a las masas contra las “injusticias del sistema” que les paga curiosamente las dietas que financia su desigual forma de vida; y d) hasta lo que ya llega a ser el colmo del desparpajo, promoviendo a esos delincuentes como verdaderos héroes.

Hasta ahora ningún diputado o senador cesó en su cargo. El Ministerio Público tampoco inició ninguna investigación (conocida) contra quienes siendo minoría, incendiaron ideológicamente al país. No pasó nada.

Segundo ejemplo: La Constitución reserva para el Presidente de la República iniciativa exclusiva en las leyes tributarias y también en materia de seguridad social. Sin embargo, los parlamentarios insisten en arrogarse ambas atribuciones, y cada vez que hay un proyecto del gobierno en esas materias, consideran que están legitimados para intervenirlas modificándolas sustancialmente. Es más y sin que el Presidente de la Cámara, que se supone debe conocer la Constitución declare inadmisible de plano los proyectos que los parlamentarios presentan en esas materias, se les da tramitación.

Pasó ahora con el Boletín 13501-07, en el que se propone autorizar a quienes estén afiliados a una AFP retirar hasta un 10% de sus fondos con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150.

No les preocupa, porque les sirve para su elección y saben que esa idea populista arrastra votos, que esa medida terminará perjudicando a la gente que se supone representan. Primero, porque las AFP estarán forzadas a liquidar sus inversiones, en primer término y evidentemente las que están en el exterior. Saben que si liquidan las internas, disminuirán los fondos de los mismos afiliados, muchos de ellos en posición ahora de jubilares, porque el mercado de capitales bajará indefectiblemente. Si liquidan las inversiones que están fuera de Chile, habrá una mayor oferta de dólares, y consecuentemente un menor tipo de cambio, el que afectará los ingresos que el país recibe por sus exportaciones. Todo eso aparte de la reducción que los mismos afiliados tendrán en los fondos de ahorro.

No hay que olvidar que el problema de las jubilaciones, pasa por el monto de ahorro que cada ciudadano registra, y que un 10% es insuficiente considerando el aumento de esperanza de vida. Si una persona trabaja 45 años a un ritmo de 1.000.000 por mes, su ahorro total es de 54.000.000. Si la AFP lo hizo increíble porque sus técnicos son extraordinarios, tendrá en su cuenta 108.000.000. Si jubila a los 65 años y tiene una sobrevida de 20 años, alcanza para pagar una pensión de apenas 450.000. Para eso se requiere haber trabajado toda la vida, tener un ingreso de 1.000.000 mensual y que la AFP haga una gestión extraordinaria. No hay magia.

Si se quiere aumentar la jubilación lo que el Estado debe hacer es obligar a que se ahorre más, y disponer de fondos para complementar la pensión que el ciudadano recibe con cargo a los tributos que recauda. Para eso debe reducir o suprimir gastos, partiendo por el número de parlamentarios (excesivos, algunos los son con una votación menor al 10%) y por la burocracia estatal excesiva, la que no se condice además con las tecnologías, que deben llevar a su simplificación.

Pero lo más grave es que esta propuesta que sólo hará que los ciudadanos y consecuentemente el país sea más pobre, es que no respeta el ordenamiento que los mismos parlamentarios prometieron o juraron cumplir, porque la misma Constitución señala que es iniciativa del Presidente y no de ellos “Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado” (Artículo 65 Número 6).

En concreto, si queremos sobrevivir a la PANDEMIA y reactivar nuestra economía lo mínimo es que las reglas que nos encuadran se cumplan, sobretodo y especialmente por quienes elegimos para cumplirlas y hacerlas cumplir. No merecemos que nos engañen con subterfugios constitucionales. Sabemos que en el Derecho las cosas son lo que son y no lo que indica su nombre.