Transformemos la reactivación en una oportunidad para las pymes

Tras la crisis de octubre del año pasado, el gobierno cedió a que la integración aplicara sólo a las Pymes. No a las grandes empresas.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) en la Circular que publicó para consulta pública y que regula los cambios al impuesto adicional, estableció que si una Pyme tiene como dueño a una sociedad no Pyme el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) pagado por ella, debía ser restituido en un 35% por los dueños, porque la integración no aplicaba en beneficio de los dueños no Pyme.

Mucha gente, entre los que me incluyo observó la Circular en consulta señalando que había un error de interpretación, porque en ninguna parte de la ley se decía eso, aparte que cuando se acordó eliminar la integración y conservar el sistema parcialmente integrado para empresas no Pymes, nunca se precisó que este beneficio se perdía cuando el dueño no era Pyme.

El gobierno aprovechó el proyecto de reactivación económica contenido en el Boletín Número 13.615-05, para incluir un párrafo que deja en evidencia que el 35% del crédito recibido por una sociedad no Pyme de una Pyme debía restituirse, ratificándose de este modo que la posición del SII contenida en la Circular referida era la correcta.
Asumo que en la discusión parlamentaria post estallido de octubre del año pasado, se acordó que esto fuere así, y que el gobierno con esta indicación incluida en el proyecto de reactivación, lo que hizo fue honrar su compromiso político.

Me parece que tanto el gobierno como la oposición deben aprovechar el marco de este mismo proyecto, para modificar lo que acordaron, en consideración a que el país exige una reactivación económica.

Para que esta reactivación se produzca, se requiere fomentar el emprendimiento y no poner trabas o barreras que lo dificulten.

Desde ya, y para que se entienda las Pymes requerirán después del COVID19 más que nunca de socios que le aporten capital. Los bancos no prestan sin garantía. Sería irresponsable que lo hicieran porque los dineros que administran no le pertenecen. La opción que les quedará a muchas Pymes (restaurantes, hoteles, negocios, distribuidoras, fábricas, etc.) será conseguir que un inversionista se incorpore. Si no se le reconoce a ese inversionista el 100% de crédito y se establece que sólo tendrá el 65%. No tendrá ningún incentivo en aportar su capital a la Pyme.

Además se asume y equivocadamente que las Pymes siempre se estructuran con dueños personas naturales. Sin embargo eso no siempre es así.

No lo es, porque cuando dos o más personas emprenden un negocio, y constituyen una sociedad. Para evitar lo que pasa si uno de ellos muere, por consejo de sus abogados muchas veces o participan en la sociedad por medio de otra persona jurídica, o se constituyen ellos mismos en empresas, aportando sus derechos sociales. Evidentemente que lo hacen desconociendo que por este acuerdo político, están en completa desventaja en relación a quienes participan directamente como personas naturales.

Lo están porque si lo hacen de esa forma, por tener ingresos principalmente de esa sociedad Pyme (retiros o dividendos) no podrán acogerse a la cláusula Pyme, y las utilidades que reciban desde la Pyme, deberán reconocerlas con un crédito que deben restituir. Parece injusto, pero en una sociedad Pyme coexistirán contribuyentes (personas naturales) que tendrán derecho al 100% del crédito y otros socios (empresas o personas jurídicas) que sólo accederán al 65% del crédito.

Eso que no es o no debiera ser justo en ninguna parte, porque la riqueza de ambos es la misma, y por lo tanto el impuesto también debiera ser el mismo, por razones que desconozco pero que seguramente obedecen al afán de querer discriminar en perjuicio de quienes se presume tienen más, termina vulnerando un principio que todas las constituciones del mundo reconocen. Desde la Constitución de Cuba que en su artículo 42 precisa que “Todas las personas son iguales ante la ley… sin ninguna discriminación…”, pasando por la Venezolana que luego de expresar en su artículo 2 que “Venezuela … propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación … la justicia, la igualdad…” señala en su artículo 112 que el “Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza..”, hasta la Constitución americana que declara en la segunda sección de su artículo cuarto que “Los ciudadanos de cada Estado tendrán derecho en los demás a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de estos”.

Más allá de querer poner el dedo en la llaga y demostrar empíricamente como una norma legal puede contravenir flagrantemente la Constitución, que asegura la igualdad en el trato que el Estado debe dar en materia económica, lo que importa ahora es que las autoridades políticas elegidas por el pueblo para que dicten leyes que reactiven la economía y que estén en sintonía con los principios democráticos que lo rigen, aprovechen la normativa que está en el Congreso y que persigue recuperar al país, para que corrijan lo que considero un error que terminará por dejar a las Pymes en la misma posición que antes.

Seamos claros, el que éstas tributen sobre base percibida y que puedan depreciar sus activos, sólo conlleva a una diferencia temporal, y no significa que sus dueños paguen menos impuestos. El que la tasa del IDPC baje, tampoco significa que sus dueños paguen menos. Lo único que hacía la diferencia era la integración completa, la que con la indicación – si se aprueba – quedará reservada sólo a las personas naturales.

En concreto, y apelando a todo lo que se ha expuesto en esta columna, es que invito a los políticos y especialmente a sus asesores que se liberen de los prejuicios, y ayuden a que el país pueda reactivarse aprobando normas que apunten a ese objetivo y no a leyes que lo que harán, tal como lo advertí en su momento respecto del sistema de renta atribuida, será introducir variables de inequidad a un sistema, que por lo demás, lo que debiera perseguir es otorgar facilidades y ventajas a los que quieren emprender y no a quienes quieran depender del Estado para subsistir.