La cancha que deja el 10% de la discordia

El proyecto sobre el retiro del 10% desde las AFPs ya es ley.

De poco sirvió que expertos de los distintos sectores políticos hayan dicho que era un mal proyecto y que existían mecanismos más eficientes para financiar la crisis actual sin disminuir las pensiones futuras de las personas. La falta de legitimidad del sistema y la desconfianza en un gobierno de lenta reacción e implementación, sumado a una clase media acostumbrada a no calificar para la ayuda directa del gobierno, nos llevaron a una solución esquina no socialmente óptima: cada quien se salva con lo que tiene y las pensiones son un problema del yo del futuro (al más puro estilo de Dark).

La solución promovida por esta ley engendra problemas profundos de equidad inter e intra generacional.

Intergeneracionalmente se está colocando implícitamente una carga tributaria mayor a las generaciones más jóvenes, dado que como consecuencia de esta ley, un 27% de los afiliados actuales podrá sacar todos sus ahorros, lo cual aumentará la presión sobre el pilar solidario o instrumento ad hoc que se genere en el futuro, es decir, estamos aumentando el consumo presente a costa de las futuras generaciones.

Intrageneracionalmente, al no colocar requisitos mínimos de retiro, la ley permite que estos ahorros sean rescatados sin pago de impuestos tanto por quienes los necesitan urgentemente para consumir como por quienes no (percentiles más ricos). Por lo tanto, una parte de estos recursos se destinará a consumo y la otra a inversión, aumentando así la desigualdad futura a expensas de una regalía del Estado.

Sin embargo, una implicancia mucho más compleja de la ley del 10% es la cancha que nos deja para la discusión de la reforma previsional que se requiere. Al respecto, tanto haber exaltado la naturaleza privada de los fondos, como haber propuesto la nacionalización de estos, poco contribuyen a promover la solidaridad. Propuestas que prometen aumentar inmediatamente las pensiones en un 100% y asegurar un piso mínimo igual al sueldo mínimo, son ofertones irresponsables que generan ilusión en la población al especificar los beneficios, pero escondiendo los costos (una propuesta como esta implicaría que las futuras generaciones tendrían que aportar alrededor del 50% de sus sueldos para pagar las pensiones de los jubilados).

Estas propuestas propagandistas y simplistas en nada contribuyen al diseño de un sistema sustentable que de por sí será complejo.

Finalmente, si bien mencioné la importancia de la solidaridad inter e intrageneracional, esta tampoco bastará. Esto porque si miramos por ejemplo el cuarto quintil de ingresos de la población, donde una familia de cuatro integrantes supera el millón de pesos, tiene una tasa de reemplazo entorno al 35%, de la cual 10 puntos porcentuales provienen del pilar solidario.

¿Las personas en este tramo, por sobre la media de ingresos del país, entregará o recibirá aportes en un sistema solidario? Parecería de poco sentido común que un grupo con esta tasa de reemplazo fuese un donador neto en un sistema solidario. Luego, si toda la solidaridad se cargara en el primer quintil de hoy y en los futuros, los recursos no serían suficientes para elevar las pensiones de manera considerable en el resto de la población. Por lo tanto, el puzzle no es fácil, por lo cual la solución tendrá que considerar múltiples componentes, pero desde ya parece evidente que el gasto público en pensiones tendrá que aumentar con una lógica no solo de asegurar mínimos (el pilar solidario no lo hace tan mal en eso, tasa de reemplazo del primer quintil post suplemento es del 110%), sino también de amortiguar caídas drásticas del ingreso en una clase media, donde jubilar no significa sólo el término de una etapa laboral, sino también la puerta la vulnerabilidad e incluso pobreza.