Parlamentarismo de facto y caballos de Troya

En estas últimas semanas, han ocurrido casos gravísimos de política pública en el Congreso. El 8 de julio del 2020, el día en que se viabilizó la aprobación de la reforma constitucional para permitir el retiro de parte de los fondos de pensiones, es un día clave que quedará escrito en los libros de historia nacionales. Es quizás probable que se escriba sobre estas semanas (8-J y el 15-J) un parágrafo contiguo al del así llamado “estallido social” del 18-O del 2019. De esta forma, tendríamos un “estallido social” seguido de un “estallido institucional” que ha hecho implosionar una parte importante del sistema de gobierno y de la institucionalidad del país. Sin duda al referirnos al 18-O y al 8/15-J estamos hablando de hechos muy distintos, en cuanto que uno ocurrió con violencia física, cuestionamiento a la autoridad, caos y saqueos, y los otros ocurrieron casi de forma ordenada a través de la votación democrática y libre de muchos parlamentarios. No obstante, existen ciertas similitudes en cuanto a que todas estas fechas representan formas distintas de una gravísima crisis social, institucional y política que pareciera agudizarse cada día más.

Esta vez sin acciones físicas de violencia, pero sin duda forzando y estresando la institucionalidad vigente —al grado de casi torcer su sentido original—, se ha establecido otro pilar importante, pero nefasto en aquel peligroso proceso de pretendida demolición del sistema de desarrollo nacional y de la institucionalidad vigente que lo hace posible. Tanto en octubre como en julio, se ha actuado (o protestado) en nombre de los más necesitados y los postergados, sin embargo, se ha hecho a expensas del orden, la paz social y la institucionalidad. Los resultados concretos de ambos fenómenos o “estallidos” son contraproducentes y bastante dañinos para los objetivos iniciales y loables que supuestamente los guiaron. El 8/15-J escribe una nueva página en nuestro proceso de descomposición nacional, un nuevo capítulo de la crisis iniciada en octubre, pero llevada esta vez al “estallido institucional”. El resultado de este periodo de crisis esta aún por verse, pero sin duda es relevante hacerse la pregunta retorica sugerida por Jorge Correa Sutil: “¿Estaremos escribiendo nuevamente la crisis de los años 20, un siglo después?”. Todo esto nos lleva a reconocer que lo ocurrido en julio nunca se trató realmente de una crisis del sistema de pensiones.

Lo ocurrido en el Congreso tiene dos grandes mensajes que merecen ser analizados en detalle. Primero, nos demuestra que la real intención de muchos con este proyecto ha sido promover un caballo de Troya de política pública; es decir, una reforma al sistema de pensiones, bajo el supuesto argumento de que se esta actuando con urgencia para ayudar a los más necesitados durante la pandemia, cuando en realidad el verdadero objetivo es destruir el sistema de pensiones desde adentro. Esto evidencia, una vez más, que la mayoría de las propuestas de política pública del progresismo chileno suelen ser mal diseñadas, regresivas, y económica y técnicamente deficientes. La real intención entonces no es la de ayudar a los más necesitados de forma eficiente y salvaguardando los escasos recursos públicos, sino que promover una política pública en clave Schmittiana (amigo-enemigo), con el objetivo final de “correr el cerco” e impulsar una visión dogmática de la sociedad y escueta de lo público, sin importar los costos y daños que esta estrategia pueda causar especialmente a la clase media y los más necesitados.

Un resultado paradigmático de lo anterior fue la llamada “gratuidad universitaria”, un engendro de política publica inútil, que ha empeorado la situación económica de las universidades, aumentado tanto la segregación del sistema educacional como las brechas de la calidad de este. Se corrió el cerco ideológico en el ámbito de la educación, con el costo de dañar la calidad de la educación de los chilenos y la integración social. Pareciera entonces, que estas políticas públicas no se hacen pensando en la gente ni en los más necesitados, sino que se promueven por mera conveniencia o encandilamiento ideológico, para así hacer avanzar sus modelos abstractos y sesgados de sociedad, pese a todos los daños que imponer dicha visión pueda causar. La mal concebida reforma al sistema de pensiones que se promueve en el Congreso es consistente con esta lógica del caballo de Troya como mecanismo forzoso de demolición.

Segundo, todo lo anterior sugiere que lo ocurrido en el Congreso en julio, va mucho mas allá del tema de las pensiones. Si bien en la superficie el tema en cuestión era acerca de la posibilidad del retiro del 10% de los fondos de pensiones del sistema, en realidad hay mucho más en juego bajo esta decisión. Lo que ha ocurrido es también un profundo conflicto (estallido) institucional y es precisamente este precedente el alcance más delicado de lo ocurrido: lo que aquí sucede es que se están legislando, a través del Congreso, temas que por su naturaleza son de exclusiva competencia del Presidente de la República.

El sistema presidencial chileno requiere que el ejecutivo controle la agenda legislativa y particularmente que monopolice la iniciativa en materia del gasto público, incluida la materia previsional. Dicha coherencia en los procesos institucionales y en las separaciones de facultades están en la base del Estado de Derecho nacional. Todo esto pareciera hoy estar en profundo entredicho ante las acciones de este Congreso. Hasta antes de julio del 2020, dicho conflicto institucional estaba circunscrito a la mera presentación, por parte de algunos parlamentarios, de mociones que excedían sus ámbitos de facultades. Con lo ocurrido el 8-J y el 15-J, los parlamentarios han dado un nuevo paso nocivo en dicho conflicto. La Cámara de Diputados ha utilizado un denominado “resquicio” para promover lo que el senador Jaime Quintana (el mismo de la “retroexcavadora”) ya denominaba en marzo del 2020 como “un parlamentarismo de facto”. Estos nuevos actos legislativos, definidos como “resquicios”, implican serias desviaciones constitucionales de forma y fondo; se está utilizando un resquicio del sistema (apelar a una reforma constitucional) para eludir las competencias originales del Presidente y así tomar una decisión pasando a llevar la iniciativa exclusiva presidencial, que debería ser competencia del ejecutivo y nunca del Congreso. Así, se están eludiendo los marcos funcionales y originales del sistema presidencial chileno, y finalmente implementando el tan ansiado “parlamentarismo de facto” impulsado por parlamentarios que quieren pasar la retroexcavadora a la institucionalidad chilena. Esta nueva forma destemplada de actuar, con el fin explícito de evadir tal exclusividad en las facultades presidenciales, no tiene precedentes en la historia nacional reciente. En otras palabras, se estaría alterado gravemente el equilibrio de poderes dentro del Estado o, como sucintamente lo reconoció el senador Andrés Allamand, “está en juego preservar el funcionamiento del régimen presidencial”.

El principal problema de este nuevo “parlamentarismo de facto” es que, al surgir en un ambiente radicalmente polarizado y bastante volátil, en el Congreso se podrían formar coaliciones intermitentes y heterogéneas que no posean una visión coherente de hacer política pública y una visión de país. Esto llevaría a que: por un lado, fácilmente se formen mayorías heterogéneas y dúctiles de 3/5 para reprochar y destruir cualquier cosa ya existente, como la retroexcavadora populista hoy alzada por las redes sociales y la presión de la violencia y las manifestaciones; pero, por el otro lado, hacen que sea muy difícil que se formen coaliciones de 3/5 estables, sólidas, y que busquen construir algo positivo o mejorar lo ya existente. Esto se hace evidente con lo ocurrido tanto el 8-J, como el 15-J: la coalición se formó de forma heterogénea, pero sólo para destruir y desarmar y no para promover algo coherente, concreto y eficiente que mejore la calidad de vida de las personas. Con todo, y como bien lo reconoció Jorge Correa Sutil: “el símbolo del ‘parlamentarismo de facto’ debiera der el hacha, o si se quiere, ahora sí, la retroexcavadora. Ningún edificio, ninguna obra, surgirá de él”.

Finalmente, este nuevo “parlamentarismo de facto” que empezamos a experimentar sería simplemente otra cara más de la nociva estrategia del “caballo de Troya” que se viene promoviendo desde la aciaga reforma educacional ya mencionada: una dinámica metastática que busca simplemente desmontar desde adentro nuestra institucionalidad y erosionar el sistema de desarrollo nacional, dejando finalmente a su paso un inhóspito desierto. Este tipo de parlamentarismo mal concebido, bajo el actual contexto de estallido institucional, populismo y polarización, no funcionará para nada más que para demoler paulatinamente los cimientos del desarrollo y el progreso que habíamos construido con tanto esfuerzo. Entonces, a la luz de este demoledor parlamentarismo de facto y los caballos de Troya criollos, Lenin en definitiva tenía razón, “para cortar un árbol, es necesario que salten al aire las astillas”.