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Actualizado el 24 de Noviembre de 2020

El otro 10%

Al permitir el primer retiro, se abrió una puerta difícil de cerrar, lo que viene a ser confirmado con este proyecto. De establecer un mecanismo de restitución, se incorpora un impuesto al trabajo, lo que complejiza la creación de empleos formales.

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Alfonso España es Investigador de Horizontal.

Recientemente los diputados Bianchi, Jiles y Saffirio presentaron una reforma constitucional que permite otro retiro de los ahorros previsionales, equivalente al recientemente legislado, para el mes de diciembre en adelante. A diferencia del primer proyecto, en esta ocasión se propone la restitución de lo retirado. En la justificación de la iniciativa se refieren al crecimiento económico, la ayuda a las familias y el pago de pensiones alimenticias.

Si bien todos compartimos la necesidad de entregar seguridad a las familias en el contexto de la actual crisis económica, el instrumento para ayudar a las personas no es el correcto, en tanto busca que se utilicen los ahorros para la vejez de la ciudadanía para resistir la crisis, deteriorando aún más la pensión y la capacidad política para aumentarlas sustancialmente. Así también, todos coinciden en que es necesario reactivar la economía, pero sorpresivamente el proyecto sugiere que corresponde sacrificar los ahorros para la jubilación de las personas en pro de la economía nacional.

A esto se suma que el proyecto presenta errores intrínsecos que corresponde resaltar. De partida, más de 2 millones de personas se quedaron sin ahorros previsionales gracias al primer retiro legislado, los cuales Ciedess estima que podrían llegar a ser 3 millones. De haber un segundo retiro, esta cifra podría aumentar a 4 millones de afiliados sin ahorros para su jubilación. Si a esto le sumamos que en su mayor parte las personas que se quedaron con saldo cero son, principalmente, jóvenes, inmigrantes y mujeres –quienes a su vez tienden a tener mayores dificultades para trabajar con contrato–, podemos constatar que el descalabro es mayor, y que profundizará problemas existentes.

En segundo lugar, se busca repetir la lógica de no poner requisitos para hacer uso del beneficio, buscando evitar lo que algunos han llamado “la letra chica”. Al respecto, si lo que se quiere es institucionalizar la posibilidad de retirar parte de los ahorros previsionales, valdría la pena mirar cómo opera a nivel internacional. Según un estudio realizado por el BID, hay al menos dos tipos de retiro anticipado; el retiro permanente y el préstamo con repago.

Bajo la primera modalidad, por lo general se le exige a la persona demostrar la necesidad económica o sanitaria. En lugares donde no se establecen condiciones (como Dinamarca), se debe pagar un 60% de lo retirado en impuestos. Por otro lado, en donde se permite retirar con repago, se establecen ciertos fines para los cuales se realiza el préstamo, como lo es un período de desempleo, pago de estudios superiores o situación sanitaria, entre otros.

Hoy en día es urgente tanto aumentar las pensiones como hacer esfuerzos para que las ayudas públicas lleguen a todas las personas que lo necesiten. Estas necesidades coexisten y deben ser enfrentadas simultáneamente, por lo que no tiene sentido sacrificar una para lograr otra. Al permitir el primer retiro, se abrió una puerta difícil de cerrar, lo que viene a ser confirmado con este proyecto. De establecer un mecanismo de restitución, se incorpora un impuesto al trabajo, lo que complejiza la creación de empleos formales. ¿Y el crecimiento económico? Se debe generar, pero no artificialmente, ni mucho menos sacrificando las pensiones de la población o destruyendo el sistema previsional. Por todo esto, permitir otro retiro es una muy mala idea, mientras no se encuentre bien formulado y regulado.

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