Por un diálogo país para avanzar por los derechos de los niños

Nos encontramos en un momento cúlmine de la discusión legislativa sobre los derechos de la niñez y las políticas de infancia en Chile, cuando en el debate por el veto presidencial se dirime la promulgación conjunta o separada de la Ley de Garantías y Protección a la Niñez, con la normativa que crea un nuevo Servicio de Protección Especializada para la niñez para reemplazar al fracasado SENAME.

En este punto se han ido produciendo debates en torno a la preeminencia y alcance de la Ley de Garantías, donde a nuestro entender han surgido mitos y falsas interpretaciones de lo que busca una ley marco de este tipo en relación a la legislación actual del país y los valores culturales de nuestra sociedad.

Como organismo internacional venimos impulsando y aportando la creación de la Ley de Garantías desde su origen con Naciones Unidas y junto con la construcción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Pero no porque creamos que se deben contraponer derechos o poner en discusión cuestiones fundamentales de las instituciones sociales, la familia, la crianza, la educación, la salud, la protección ante vulneraciones, la no discriminación, igualdad ante la ley, libertades de creencias, el derecho a ser escuchado y que se respete el interés superior de la niñez.

La Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez es un compromiso del país que lleva 30 de atraso en su cumplimiento efectivo. Siendo puristas, de hecho, la Convención de Derechos ya es ley desde 1990. Una ley incumplida por nuestro Estado. Entonces, ¿por qué hay detractores ante un compromiso que llevamos tantos años sin concretarse? A nuestro entender, con el tiempo, se han tergiversado y malinterpretado los principios que sustentan la CDN y que debieran ser compartidos por cualquier persona que busca garantizar una vida digna para cada niño, niñas adolescente y joven que viva en nuestro país. Dialoguemos un poco sobre eso.

El interés superior de la niñez involucra que toda decisión que se tome en consecuencia siempre tenga como estándar último las mejores condiciones de vida para un niño o niña. Al respecto y usando como referencia nuestra experiencia internacional sobre niños en contexto de migración, no debería expulsarse o negarse el ingreso o permanencia en el país a ningún padre o madre respecto de sus hijos e hijas. La no separación de una familia en el país en que mejor pueda vivir ese niño o niña es la primera referencia.

La autonomía progresiva involucra que todo Estado brinde las mejores condiciones para que todos los padres y madres cumplan su responsabilidad de cuidado para con sus hijos e hijas. No separará o interferirá en dicha relación a menos que la propia labor de crianza se convierta en un riesgo para ese hijo, hija o adolescente que está bajo su cuidado. No hay derechos preferentes en casos de negligencias, vulneración o inclusive delito.

En ambos casos se debe considerar, además, que no se debe discriminar a ningún niño o niña de estas garantías o protección de sus derechos y más complejo aún, y más pendiente, debemos escucharles y permitir que su voz tenga expresión efectiva y ser partícipe de alguna manera en las decisiones que les conciernen.

Hoy consideramos abrir este debate, exhibir argumentos sólidos en un marco democrático y de respeto, sin miedos, sin atemorizar, sin desprestigiar moral o ideológicamente la diferencia, o opinión o legítimas discrepancias. Hoy, incluso, nuestro Estado está al debe con estos cumplimientos. Subamos nuestros estándares y comprometamos nuestro esfuerzo efectivo con TODOS los niños, niñas y adolescentes de Chile. Sí, urgentemente con los más vulnerados, pero hagámoslo mejor aún. Hagámoslo con una Ley de Garantías y Protección que nos permita promocionar sus derechos, prevenir y anticipar sus vulneraciones, para todas y todos, construyendo un país donde en el futuro sean ellos y ellas quienes sigan construyendo un camino de respeto por los Derechos Humanos y por todos (as) los ciudadanos (as) del país.