Pensiones de alimentos, el derecho de nuestros niños

Cuando discutimos el retiro del 10% de los fondos de pensiones nunca dimensionamos la problemática que se revelaría tras la autorización de retener dicho porcentaje a los deudores de pensiones alimenticias. Hace unos días, conocimos el balance de la Corte Suprema y la cifra fue reveladora: 236.800 personas no estaban cumpliendo con la obligación de aportar a sus hijos.

Esto fue una alerta para las autoridades de los tres poderes del Estado sobre la urgente necesidad de revisar la normativa que rige el derecho a las pensiones de alimentos y actualmente, una mesa técnica transversal – de la cual soy parte- ha analizado la situación y las razones son claras: factores sociales y culturales fomentan las altas tasas de incumplimiento de las prestaciones que se deben y las incidencias procedimentales dificultan que el derecho pueda hacerse efectivo.

Debemos reconocer que la normativa es insuficiente y desactualizada, por ello es indispensable regular este derecho de una manera estructurada y orgánica. Las leyes que se aplican a esta materia, así como también los proyectos que se encuentran en el Congreso a la espera de ser tramitados, sólo tratan aspectos específicos del derecho, como por ejemplo, la necesidad de dar preeminencia a las deudas por alimentos en el marco de la prelación de los créditos en el caso del derecho de prenda general, proyecto que actualmente se encuentra ingresado en la Cámara.

Llegó la hora de trabajar en solucionar el seguimiento del aporte que merecen recibir todos los menores cuyos padres se encuentran separados, por lo mismo debemos aunar las iniciativas legales tanto actualmente vigentes como los proyectos relacionados y así estructurar una iniciativa de carácter global y orgánica respecto a este derecho, y que sirva como norma unívoca para el reclamo y cumplimiento efectivo.

En lo práctico, hay que establecer un cálculo justo y objetivo de las pensiones, de modo que se tomen en cuenta factores tales como los ingresos y egresos del alimentante, el número de hijos que tiene, las necesidades de cada uno de ellos según su educación y sistema de salud, entre otros. Esto, porque actualmente la determinación de la cuantía queda a criterio de los jueces de familia, por lo que la fijación del monto es eminentemente subjetivo y dispar.

Asimismo, es indispensable revisar el régimen de cuidado personal compartido otorgado judicialmente, ya que nuestra legislación sólo contempla el cuidado personal compartido que ha sido consensuado por los padres, lo cual afecta el principio de corresponsabilidad parental que existe en otros países.

Es necesario crear la Defensoría de la Familia, con atribuciones como tramitar y apoyar en todas las gestiones necesarias para obtener el cobro íntegro y oportuno de las deudas de pensiones de alimentos, siempre fomentando el principio de comunicación y acuerdo entre los padres. Ya existe un proyecto que crea esta institución dependiente del Ministerio de Justicia, y cuyo objetivo sería apoyar la tramitación de causas de familia, para otorgar asistencia jurídica gratuita, adecuada y profesional, y especialmente para apoyar los trámites para el cobro de las pensiones de alimentos, coordinando asimismo el trabajo de todos los organismos que se involucran en estas materias.

Por último, sería muy oportuno mejorar la representación judicial de nuestros niños, niñas y adolescentes, de manera de establecer claramente en qué materias, casos y respecto de cuáles solicitantes, los tribunales de familia deben nombrar a sus representantes (curadores ad litem), lo cual actualmente queda al arbitrio de los jueces.

Las pensiones de alimentos son un derecho y es de vital importancia contar con una regulación apropiada que garantice el cumplimiento de dicha obligación. Por haber participado y estar enterado del trabajo de la mesa técnica, tengo la convicción de que el proyecto que emane de ella, va a ir en esa dirección y podremos al fin dar justicia a los miles de niños, niñas y adolescentes que no están recibiendo el apoyo de ambos padres. Es indispensable que hoy implementemos una institucionalidad que los proteja.