Bono Clase Media: ¿un perdonazo de facto?
Aunque el Gobierno parta del principio de la buena fe de las personas al declarar sus ingresos, conociendo la idiosincrasia local, cuesta imaginar que el error haya sido la principal causa.
Francisco Orrego B. es Abogado
Las alertas se encendieron en el Pacífico Sur con el anuncio de la llegada de una masiva flota pesquera china. 360 barcos pesqueros vienen persiguiendo la masa de especies transzonales frente las costas de Ecuador, Perú y Chile, en el borde de las 200 millas. Conocida es la gran escala de pesca que realizan estos barcos factoría, pero también, desgraciadamente, por sus prácticas irregulares e ilegales, transformándose en unos verdaderos depredadores de los recursos pesqueros. Podría decirse, sin temor a equivocarse, que son los piratas del siglo XXI.
¿Qué relación tiene lo anterior con el Bono Clase Media?, se preguntarán. A riesgo de parecer exagerado, la respuesta es simple: tenemos nuestra propia flota de piratas locales. Recientemente el Ministro de Hacienda, a través del Servicio de Impuestos Internos, reveló la existencia de más de 400.000 chilenos que recibieron en Bono Clase Media, sin haber tenido derecho a ello. Son los piratas de los recursos públicos.
No deja de ser desconcertante que un número tan amplio de personas haya accedido a este beneficio, sin haber cumplido con los requisitos dispuestos para ello. La pregunta que queda abierta es si lo hicieron por simple error o por abierta mala fe. Aunque el Gobierno parta del principio de la buena fe de las personas al declarar sus ingresos, conociendo la idiosincrasia local, cuesta imaginar que el error haya sido la principal causa. La aplicación de un sistema de autodeclaración refuerza esta sospecha.
Si lo anterior puede parecer sorprendente, que cerca de 37.000 funcionarios públicos formen parte de este grupo de ingeniosos, resulta inaudito e irritante. A simple vista, este número puede verse insignificante para algunos, en relación con la cantidad de funcionarios públicos que hay en el país (378.660 en 2019 según Dipres), pero representan nada menos que cerca del 10% del total. Notable ejemplo de integridad y probidad de estos servidores públicos.
Como era de esperarse, una diputada del Frente Amplio no se perdió la oportunidad de ganarse un minuto de fama, proponiendo un perdonazo a quienes hubieren recibido el bono en forma irregular. Poco le importó que fueran US$260.000.000 y que se tratara de recursos públicos, es decir, de todos los chilenos, avalando con ello algo que ya es habitual en algunos políticos chilenos: el principio del “agarra Aguirre”, chilenismo que significa “toma lo que más puedas” o “agarra lo que alcanses”. O sea, un acto de piratería funcionaria.
El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre estas ilegalidades y la identificación de los responsables, con el objetivo de lograr el reembolso de los dineros mal habidos. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado también anunció que analizará la participación de los funcionarios públicos en este zarpazo a los fondos públicos. Aunque todo lo anterior es necesario, debo confesar mi incredulidad ante la aplicación de sanciones. Probablemente el tiempo le dará la razón a la parlamentaria frente amplista, en el sentido que -ante la incapacidad o falta de voluntad política de nuestras autoridades- todo esto terminará en un perdonazo de facto.
Cuando se destapó el caso de los sobresueldos bajo la administración del ex Presidente Lagos, se intentó proteger a los responsables. Los chilenos nunca supimos quiénes los recibieron. Echarle tierra -y rápido- fue la solución. Hoy, en cambio, la ciudadanía tiene derecho de saber quienes son los 37.000 funcionarios públicos que abusaron del sistema, aún cuando se autodenuncien o reintegren lo recibido. Tratándose de recursos públicos ya no cabe la opacidad ni la impunidad.
