Ley contra el negacionismo, la vergonzosa inconsecuencia de la izquierda chilena

Un valor fundamental en toda democracia es el derecho innegable que cada ciudadano tiene a expresar sus ideas y pensamientos, por muy dispares que sean estas frente a la postura de otros. Esto sucede, por ejemplo, cuando se analizan hechos históricos que marcaron el futuro de un país. Dicha valorización dependerá de la perspectiva de su observador, quien para hacerlo apela a su experiencia y argumentos, lo cual es totalmente válido y respetable.

Porque, además, es un principio básico de convivencia de toda sociedad moderna y evolucionada, que se ciñe a los estándares internacionales sobre libertad de expresión. Justamente, es lo que la izquierda inconsecuente pretende prohibir con la aprobación de su ley mordaza.

Si bien, ésta busca penalizar con hasta tres años de presidio a quien “justifique”, “apruebe” o “niegue” las violaciones a los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del gobierno militar, consagra una hipótesis de discriminación arbitraria en relación a quienes nieguen otras vulneraciones no comprendidas en este tipo penal.

Es una norma sesgada pues contempla un período histórico determinado que se vive en Chile y excluye vulneraciones de este tipo que puedan ocurrir en otros países y otros regímenes como Venezuela, China y también las vulneraciones que ocurrieron en otro tiempo en Chile, específicamente, durante la Unidad Popular.

Por eso, el proyecto contra el negacionismo no es más que la constatación del vergonzoso doble estándar del Partido Comunista que en el pasado criticaba la ley maldita debido a que acusaron ser perseguidos por sus ideas, mientras hoy hacen lo mismo con quienes no piensan como ellos y nos pretenden encarcelar.

Considero sumamente peligrosa esta posibilidad al atentar gravemente contra la libertad de expresión y de conciencia, ya que si nos vamos a inmiscuir en la cabeza de las personas para encarcelarlas por lo que piensan, entonces derechamente vamos a tener que hacer más cárceles en el país.

Tal como afirma el director para las Américas de HRW (Human Rights Watch), José Miguel Vivanco, “las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales” y concuerdo con él respecto de que “el proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país”.

Quiero dejar en claro que siempre he condenado violaciones a los derechos humanos donde sea, pero una cosa muy distinta es la puerta que se puede abrir a través de la interpretación de esta indicación en particular, porque quién va a definir un elemento tan subjetivo como es valorizar determinados hechos históricos. ¿A quién queda entregado eso? ¿Qué tan grave puede ser para una persona respecto de otra?

Finalmente, lo que hace esta indicación es abrir una puerta para que cualquier persona sea encarcelada por sus expresiones. ¿Así, el día de mañana un profesor por enseñar determinados hitos o un periodista por formular determinadas preguntas será privado no sólo de su libertad de opinión sino además de su libertad física?

Por todo lo anteriormente expuesto, hice reserva de constitucionalidad durante la votación misma y, en el mismo sentido, acudiré al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional esta norma porque manifiestamente contraviene ambos derechos desarrollados en esta columna.

Espero que este proyecto no prospere en el Senado por el bien común de Chile y por la tolerancia y el pluralismo que sin duda tenemos que defender y garantizar en un Estado de Derecho que se encuentre a la altura de Naciones que son referentes en esta materia, las mismas a las que se supone debemos aspirar tal como algunos sectores de oposición profesan con tanta falsa y vehemente coherencia.