Tarificación de agua potable y mito del 5%

El riesgo más grave que vivimos en medio de la crisis hídrica es la baja percepción de riesgo que tiene el Gobierno y también la ciudadanía.

En la última temporada de riego 2019-2020, los regantes del Maipo debieron entregar casi la mitad de sus caudales para el abastecimiento de agua potable de Santiago, mientras que sectores de la ciudad consumían 600 litros por persona al día, muy por sobre los 100 litros diarios, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cubrir el DDHH al agua.

Fue frecuente ver en pleno verano aguas corriendo por los pavimentos, riegos automáticos funcionando a las tres de la tarde, llenados de piscinas, mantención de grandes parques con paisajismos que no se condicen con nuestra realidad hídrica, entre otras acciones suntuarias, como si nada estuviese pasando en el río. Pero ese escenario no debiera volver a repetirse en los próximos meses estivales.

Si bien, este año tendremos un respiro por las lluvias que tuvimos en invierno, la Región Metropolitana no puede volver a vivir un escenario de extrema sequía como la que vivimos el 2019, por falta de previsión, en desmedro sólo de los agricultores, muchos de ellos pequeños y medianos que producen alimentos para el consumo interno.

La redistribución de aguas es un mecanismo que ha funcionado en grandes ciudades, como Santiago y el Gran Valparaíso, que están cubiertas – en gran parte – por concesiones sanitarias. Pero ello no es suficiente. En cuencas sobrepobladas como ésta, es clave que la ciudadanía ahorre en consumo de agua domiciliaria, puesto que su consumo no da lo mismo como suele escucharse.

En efecto, la tan citada frase de que el consumo del agua potable “sólo representa entre el 5 y el 6 % de la demanda” induce a confusiones que dificultan la gestión racional del recurso. Si bien esta cifra es cierta, es fundamental desagregarla por cuencas.

Es así como en el río Maipo, que abastece de agua potable a más de 7 millones de personas de la Región Metropolitana, – en épocas normales – el consumo de la ciudad representa un tercio de los caudales, y en épocas de sequía dicho uso aumenta a 2/3, pudiendo llegar a situaciones extremas como la vivida en mayo pasado antes de las lluvias, en que la ciudad llegó a consumir cerca del 80% de los caudales totales del río, dejando en difícil situación a los cultivos de invierno que suelen ser la fuente de trabajo de muchos chacareros. Un uso más racional del uso del agua en la ciudad disminuye directamente el perjuicio de esos agricultores.

Por ello, necesitamos discutir un modelo tarifario diferente, que se haga cargo de los efectos del uso no sustentable del agua y que refleje las externalidades negativas que esos usos provocan en el resto de la cuenca. En ese sentido, una tarificación por bloques progresivos de consumo fomentaría una utilización más razonable del recurso: el primer bloque – que comprende el DDHH al agua- sería de bajo costo, en tanto que los siguientes serían progresivamente más caros conforme dejan de ser sustentables. Resulta útil mirar las soluciones adoptadas por países como Francia y España, en los que es común ver a las mismas empresas proveedoras del servicio sanitario embarcarse en campañas activas de ahorro de agua a nivel domiciliario.

Esto último se explica porque han superado el sistema lineal de cobro por metro cúbico, dejando de ser su incentivo la cantidad de agua que venden. Hacemos un llamado central al Gobierno a cambiar la percepción del riego, a definir e invertir en obras para la Región Metropolitana y mejorar el sistema de tarificación para que sea más sustentable y corregir así este desequilibrio.