Uso de fuerza y orden público: cambio de expertos y nuevo enfoque

Si bien a nivel internacional el uso de fuerza para el control del orden público no ha sido definido, si se han realizado esfuerzos normativos por parte de organismos internacionales por regular el tema. Ejemplos de lo anterior, son el Código De Conducta Para Funcionarios Encargados De Hacer Cumplir La Ley y el escrito denominado Principios Básicos Sobre El Empleo De La Fuerza Y Uso De Armas De Fuego, ambos textos de Naciones Unidas y vinculantes para nuestro país.

Hoy es posible encontrar una serie de documentos y estudios sobre este tema, especialmente en la literatura anglosajona, a partir de la cual se han desarrollado diferentes modelos de trabajo y evidencia acumulada que permite establecer qué ha funcionado y qué no, en estrategias de uso de fuerza. Entonces, es esperable y deseable que el Ministerio del Interior y Carabineros estén más atentos a estudiar y entender por qué en Chile los métodos que se aplican no funcionan.

Muchos países hoy nos llevan la delantera en cómo enfrentar este tema. Ya sea países de la región que han experimentado en los últimos años conflictos armados o problemas de violencia mucho más extendidos que lo que pudimos observar en nuestro país durante el año pasado, o bien lo que ha ocurrido en el viejo continente frente a hechos tan distintos como las movilizaciones por demandas sociales o los enfrentamientos entre barras bravas de equipos de fútbol.

Ahora bien, si miramos las referidas experiencias nos daremos cuenta de que a partir de hechos de violencia similares a los que hoy enfrentamos en Chile, se generaron aprendizajes. Así, por ejemplo, en Inglaterra el año 2009 murió un manifestante en pleno desarrollo de la G20, lo que gatilla todas las revisiones posteriores de la policía en manejo de orden público; en Suecia, después de los errores cometidos en la Cumbre Europea de 2001, se comenzaron a hacer mejoras en estrategias de uso de fuerza; en Colombia, producto de marchas cocaleras y movilizaciones sociales los años 2007 y 2008 se inició un proceso de revision de la actuación policial lo que dio origen a manuales para enfrentar estas situaciones.

En muchos de los países que avanzaron en estos temas, como Suecia, Inglaterra y Alemania, han aplicado modelos innovadores que concentran la acción policial en mayor comunicación hacia las personas y en un control diferenciado de los grupos que manifiestan.

Pero más allá de las acciones en específico que deben ser impulsadas, hay una pregunta previa que debe ser debatida y esclarecida: ¿cuál es el sentido o fin último de tener policías o unidades especializadas en el uso de fuerza?
Para muchos la respuesta sería simple y quizás la más lógica: el orden público, la necesidad de imponer el imperio de la ley y el derecho. Lo que, en parte, es cierto, pero donde resta mencionar, con igual énfasis, que estos despliegues operativos deben estar orientados a algo mucho más central y básico que es garantizar a las personas sus derechos fundamentales: a manifestarse, a circular, a emitir opinión sin ser víctima de agresiones. El uso de fuerza no está para detener, ni para disolver, sino para garantizar derechos. Mientras esto no nos quede claro, será difícil avanzar en las acciones más puntuales que deben desarrollarse.

Así las cosas, necesitamos con urgencia un proceso de modernización de Carabineros de Chile con el objetivo de dotar a nuestro país de una policía actualizada, acorde con los desafíos del siglo XXI. Dicho proceso requiere, taxativamente, el concurso de nuevos expertos y conocedores del tema que entreguen un enfoque distinto respecto de cómo enfrentar la crisis institucional.